Por decisión del presidente Javier Milei, el abogado Diego Chaher asumirá como nuevo secretario de Empresas y Sociedades del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Mauricio González Botto, quien se irá del Gobierno como muestra de lealtad al exministro Nicolás Posse.
El funcionario mendocino estaba a cargo de la intervención de los medios públicos y fue el encargado de ordenar el "cierre operativo de las corresponsalías" de la Agencia Télam.
Ahora, tendrá la responsabilidad de transformar los organismos estatales en Sociedades Anónimas bajo el régimen de la Ley General de Sociedades, impulsado en el decretazo de diciembre de 2023.
La Secretaría de Empresas Públicas supervisa empresas estratégicas para Argentina, entre las cuales se encuentran: AYSA, Aerolíneas Argentinas, Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, Corredores Viales, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA), Belgrano Cargas y Logística, Operadora Ferroviaria, Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina S.A., ARSAT, Correo Argentino y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.
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Diego Chaher será designado por Javier Milei como nuevo interventor de las empresas estatales
Chaher, el verdugo de la Agencia Télam
El flamante secretario de Empresas y Sociedades del Estado se desempeñaba al frente de la intervención de los medios públicos argentinos, supervisando la reformulación y mejora de la eficiencia operativa de entidades como la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar.
Su designación como interventor fue parte del proceso de reorganización de las empresas públicas iniciado por el gobierno de Javier Milei. Uno de los desafíos más significativos de la intervención fue el cierre de la agencia Télam, una decisión controversial tomada para mejorar la eficiencia operativa en medio de la crisis económica del país.
Para lograr el achicamiento de la empresa estatal, Chaher prorrogó el plan de retiro voluntario mientras continúa cumpliendo con el pago de sueldos a la plantilla de 700 personas, quienes siguen imposibilitadas de cumplir funciones, para lo que el Estado destina 700 millones de pesos mensuales.