Los bloques opositores impulsan fijar un alza en la coparticipación a los municipios y comunas en la reforma constitucional. Los números de la discusión.
El arranque de la cuarta semana de la Convención que trabaja la reforma constitucional de Santa Fe estuvo protagonizado por la cinchada de dineros públicos de coparticipación en la intensa comisión de Régimen Municipal, tal cual es su nombre formal, o de Autonomía, según la denominación blue.
Uno de los puntos más calientes en la discusión del nuevo régimen municipal es el esquema de coparticipación. Es en este aspecto en el cual se observan con mayor nitidez las diferencias entre oficialismo y oposición.
En los distintos proyectos de los partidos de Unidos se establece que el porcentaje de distribución automática (es decir, no discrecional) de recursos a municipios y comunas sea definida posteriormente en una ley, tal como ocurre en la actualidad, más allá de algunos criterios generales.
En las bancadas opositoras, la pretensión es que los pisos de reparto, a la alza, queden fijados en la nueva Carta Magna. Para poner un ejemplo: hoy la ley de coparticipación santafesina indica que el 13,4372% de los ingresos tributarios nacionales (IVA y Ganancias, por caso) es girado a los municipios y comunas; los bloques no oficialistas, con variantes, pretenden llevarlo constitucionalmente al 20%.
Según el último informe oficial del ministerio de Economía de la provincia, hasta mayo entraron a Santa Fe alrededor de 2 billones de pesos provenientes de impuestos nacionales, que significa un 48,05% de los recursos totales. Si se aplica el 13% actual, son 263 mil millones de pesos, en números redondos, para municipios y comunas. Si la propuesta opositora se impusiese, esa cifra se elevaría 404 mil millones de pesos. Un salto cuantitativo considerable, sólo en este aspecto.
Dos intendentes-convencionales, el peronista Pablo Corsalini y el libertario Javier Meyer, aprovecharon el encuentro de comisión de este lunes para pegarle un palo al gobierno de Maximiliano Pullaro: ambos revelaron que, hasta ahora, no recibieron fondos del Plan Brigadier, cuya distribución es facultad discrecional del jefe de la Casa Gris.
Desde el primer día de la Convención, la comisión de Régimen Municipal fue también objeto de tironeos cuyo origen debe buscarse fuera del proceso reformista, más concretamente en la disputa política por Rosario y su proyección hacia 2027.
De hecho, el ascenso de la concejala radical de Reconquista, Katia Passarino, como presidenta de esta comisión es resultado de una diagonal aportada por el propio gobernador Maximiliano Pullaro a las propuestas y vetos cruzados del intendente rosarino Pablo Javkin, encarnado en la convencional Josefina del Río, y su hoy principal adversario, Juan Monteverde.
En ese contexto intenta terciar el libertario Juan Pedro Aleart, que castiga todas las veces que puede al dirigente de Ciudad Futura. Lo hace en las reuniones de comisión y la sigue en sus redes sociales, donde LLA siente que juega de local.
Algo de eso vio en la audiencia pública realizada en Rosario, cuando el periodista presentó las quejas por la presencia de Monteverde en la cabecera de la mesa, en su carácter de vicepresidente de la comisión. Ese cargo, de peso más simbólico que concreto, es destacado reiteradamente por el ganador de las últimas elecciones de concejales en la ciudad del sur santafesino.
Este lunes se realizó también la audiencia pública de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, donde expusieron más de 70 oradores.
Hubo nutrida presencia de dirigentes sindicales, mayormente de organizaciones de trabajadores de los diferentes niveles del Estado. También participaron referentes de distintos colectivos, ONGs y gremios de empresarios y profesionales.
