Contrapunto del Presidente con los obispos por la justicia social. El tedeum patrio como púlpito. Bendición a gobernadores y el caso Victoria Villarruel.
En medio del enfrentamiento entre Javier Milei, la Iglesia y los gobernadores por leyes con impacto fiscal, se profundizó una disputa simbólica sobre la noción de todos. Mientras el Gobierno refuerza su modelo excluyente en nombre del superávit, desde los púlpitos del 9 de julio se alzaron voces que reclaman inclusión, justicia social y unidad nacional.
Durante el último tedeum patrio, cuando el arzobispo platense Gustavo Carrara pronunció su advertencia sobre los peligros de un país regido por la lógica del todos contra todos, no sólo estaba trazando un juicio ético. Estaba, también, marcando una frontera discursiva.
Por un lado, el modelo que propone Milei: excluyente y basado en el ajuste mediante una aritmética contable del Estado, en la que el superávit es palabra santa e intocable.
El mandatario lo dejó claro en su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde advirtió que judicializará cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal. “La política del superávit es permanente”, aseveró ante el Círculo Rojo.
Por el otro, el mensaje eclesiástico, que –sin nombrar al Presidente– encarna una respuesta desde la doctrina social de la Iglesia: justicia, fraternidad y participación.
El contraste no es nuevo, pero ganó densidad en un contexto en que los mandatarios provinciales acordaron impulsar dos iniciativas parlamentarias que pretenden la eliminación de fideicomisos para distribuir los fondos del impuesto a los combustibles líquidos y la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El debate en el Senado de estas iniciativas que reclaman la aprobación de los gobernadores reactivó los sentidos profundos de una palabra en apariencia inofensiva: todos.
El Presidente utiliza el vocablo con frecuencia para marcar enemigos. En su retórica, el todos aparece como cómplice del “Estado saqueador”, de la “casta política” y del “fracaso argentino”.
"Quieren destruir al gobierno nacional. Todos. Sí, obvio, claro", sentenció Milei en una entrevista radial y argumentó que las demandas de los gobernadores por mayores fondos son una excusa para atacar el núcleo de su programa económico de déficit cero.
En boca de las autoridades eclesiásticas, en cambio, el término apela a un horizonte moral en el que nadie queda afuera.
Mientras el oficialismo nacional sostiene que los gobernadores obstruyen el mandato de transformación libertaria, en varias capitales provinciales los obispos optaron por una crítica sin estridencias pero con alto contenido político.
En San Juan, el arzobispo Jorge Lozano habló del daño de los “caudillos solitarios” y llamó a “superar enfrentamientos estériles”.
En Corrientes, el arzobispo José Larregain pidió no resignarse a la desigualdad estructural.
En todos los casos, el mensaje fue idéntico: sin participación e inclusión, no hay destino común. El punto de quiebre es claro.
Para la administración Milei, todos es una categoría perversa si habilita al gasto público y a la redistribución del ingreso.
En cambio, la Iglesia reivindica el sentido moral y político del todos, ligado a la dignidad humana, al derecho a una vida plena y a una justicia que no se agota en la eficiencia del presupuesto ni en la lógica libertaria del equilibrio fiscal.
En una reflexión teológica y filosófica, el obispo Sergio Buenanueva (San Francisco, Córdoba), lo expresó con mayor sistematicidad: “La justicia social no es sinónimo de distribucionismo estatal”, sostuvo y propuso una arquitectura integral de justicia conmutativa, distributiva y social.
Al mismo tiempo, el prelado cuestionó el uso político de citas bíblicas, en alusión directa al estilo retórico de Milei.
“No hay una línea directa entre la Biblia y la organización política”, escribió y rechazó el fundamentalismo implícito en el uso selectivo de las Sagradas Escrituras.
El contrapunto entre el Gobierno y la Iglesia no se detiene en el plano de las ideas. También se traslada al interior del oficialismo y se hizo evidente este jueves con la fractura expuesta entre Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich por el rol de la vicepresidenta en la sección del Senado que habilitó la aprobación de leyes con impacto fiscal para la administración libertaria.
“No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, lanzó Bullrich, a lo que Villarruel replicó recordándole su pasado montonero y reafirmando su rol institucional en el Senado como garante del federalismo.
La Iglesia, que insiste en la necesidad de “una patria reconciliada y sin descartes”, observa con alarma la falta de rumbo común incluso entre quienes deberían sostener el liderazgo presidencial.
El quiebre institucional parece repetir el gesto de fragmentación social que la Iglesia busca conjurar: no hay encuentro posible sin escucha y no hay bien común sin una noción amplia de ciudadanía.
De ahí que el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz haya puesto el foco en los recortes a jubilaciones y pensiones como señales de un ajuste que recae sobre los más vulnerables.
La tensión entre Milei y la Iglesia revela más que una divergencia sobre políticas públicas: es una disputa por el lenguaje, por los símbolos y por la visión del país. El Presidente redefine la política como una guerra moral entre quienes sostienen el statu quo y quienes quieren destruirlo.
La Iglesia propone, en cambio, una construcción común basada en la fraternidad, con un sentido inclusivo del poder.
Este desacuerdo no es menor. En la Argentina actual, la palabra todos se volvió campo de batalla. Una trinchera semántica en la que se juega el modelo de nación. Mientras unos la utilizan como sinónimo de clientelismo, otros la reivindican como horizonte civilizatorio.
