Se demoró el dictamen de la iniciativa para tipificar la venta de menores de edad . Hay gestiones para borrar el párrafo que protegía a los entregadores biológicos y crear el arrepentido.
Carolina Losada, senadora de la UCR, autora del proyecto sobre venta de menores.
El proyecto de la senadora radical Carolina Losada para tipificar la compra y venta de menores de edad como delito, que fue aprobado en general en la sesión del jueves pasado, se debatió este miércoles en comisiones y aún no hay acuerdo para definir el texto final.
Losada presentó la iniciativa hace dos años, cuando también tuvo dictamen una similar del Frente de Todos. La desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años de Corrientes, obligó a retomar el debate y hace 15 días la comisión de Justicia y Asuntos Penales apuró un dictamen que luego no pasó el filtro del recinto.
Este miércoles, el oficialista Juan Carlos Pagotto reunió a la comisión para recibir especialistas. Las correcciones se negociarán en los próximos días y uno de los cambios que ya aceptó Losada fue el de quitar la eximición de pena que tienen en su proyecto los progenitores de los menores comercializados. Sólo se los responsabiliza ante una conducta sistemática.
Una modificación que se negocia es atenuar el castigo a los si los progenitores confiesan como arrepentidos. Deberían aportan información sobre la red delictiva con la que negociaron.
Como relató Letra P, este tema fue el que trabó el debate en particular en el recinto y obligó a retornar el proyecto a comisión. Losada había extraído este polémico párrafo del proyecto que en su momento envió el expresidente Alberto Fernández. En Unión por la Patria no se esforzaron por defenderlo.
En las conversaciones informales hubo un consenso en la UCR, el PRO y LLA para eliminar la eximición de pena a los progenitores. En estos bloques consideran que los atenuantes por los delitos forman parte del artículo 34 del Código Penal y no hace falta aclarar más. Para una postura unánime aún restan las conversaciones con Unión por la Patria, cuyo referente en este tema es el chaqueño Antonio Rodas.
Otra modificación al texto original sería un aumento de las penas. El proyecto de Losada incorpora el artículo 139 bis del Código Penal, que impone prisión de cuatro a diez años a “quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La santafesina negocia, además, la incorporación de la figura del arrepentido, para que un progenitor pueda contar cómo vendió a un hijo y recibir una pena más baja, sólo si aporta datos sobre la organización delictiva.
Los expositores que fueron al Senado pidieron varias correcciones, sobre todo porque detectaron errores de redacción que pueden dar lugar a interpretaciones diversas en la justicia.
Por caso, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, solicitó aclarar que las penas se aplican por la entrega ilegítima de menores.
De esta manera, se evitarían confusiones con otras situaciones, como "las adopciones por un tiempo breve cuando el padre o madre dejó al hijo porque viajó y así queda subsanado”, explicó el camarista.
Borinsky dio a entender que estaba de acuerdo con eximir a los progenitores. Sostuvo que puede haber casos en los que tomen esa decisión por “enfermedad, adicción o padecimiento, supera la hipótesis de la compra y venta de niños”. Lo cruzó Guadalupe Tagliaferri, del PRO. “Que una persona venda a su hijo es un delito. Después el juez evaluará respecto a la vulnerabilidad. Pero no hay chances de que alguien entregue a su hijo por plata y un juez se lo devuelva. Eso no existe”, lo corrigió la senadora.
Marisa Graham, la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, tampoco se mostró de acuerdo con el proyecto. Dijo que coincide con la tipificación, pero que no alcanza para evitar ventas con fines adoptivos, una frase que pidió incluir en el texto.
“La Convención Interamericana de Derechos Humanos nos dice que, si no aclaramos que se hace con fines adoptivos, seguiremos yendo por la lateral o por la colectora”, explicó la defensora, quien por ahora no logra ser escuchada en el Senado.
Hubo más quejas entre los expositores. Damián Muñoz, representante de la Defensoría General de la Nación, consideró que el proyecto debería atacar “los dispositivos burocráticos más allá de una compraventa puntual. Hay que poder perseguir a los dispositivos de la venta de menores”, solicitó.
Paula Watcher, de la Fundación de la Red de la Infancia, se sumó a los pedidos para considerar atenuante a los arrepentidos de haber vendido sus hijos.
El último expositor fue el juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en los Penal, Ignacio Mahiques, quien pidió que el delito no sea federal, o sea, que puedan intervenir las justicias locales: “No advierto de manera clara por qué las provincias deberían ceder su competencia en la investigación”, señaló.