Coincidieron con el personal en el reclamo por la equiparación de haberes y las jubilaciones. El TSJ volvió a señalar al gobierno provincial por los fondos.
Una extraña escena coronó los días agitados que se viven en la sede de la Justicia de Córdoba. Con más arte que ritmo, una nutrida agrupación de magistrados y funcionarios judiciales cubrió con aplausos y silbidos el salón central del edificio de Tribunales.
No es que ese edificio desconozca ritmos de reclamos. La extrañeza llegó al identificar al sujeto colectivo que los entonaba. Remilgados y formales, camaristas, jueces y fiscales no suelen exponer sus molestias en público. Mucho menos aquellas de carácter colectivo.
Más sorpresa aún causó la constatación de que la consigna ventilada se solapaba con el reclamo de equiparación salarial con sus pares del fuero Federal que desde hace 14 años sostienen los empleados del Poder Judicial cordobés.
La coincidencia no responde a una unidad natural: las diferencias entre estratos, que algunos cotejan con un sistema de castas, son ya constitutivas de la organización tribunalicia.
Sí hay mucho de conveniencia. Magistrados y empleados reclaman por una pérdida en sus ingresos. Las causas invocadas discurren por reconocidos canales, para los cuales el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no parece ofrecer dique.
Todo indica, las protestas volverán a desembocar en la sede del gobierno provincial de Martín Llaryora, quien vuelve a afrontar reclamos que insumirían mayores erogaciones de dinero en el año en que la caída de la recaudación no encuentra piso aún.
Magistrados y funcionarios no dudan en ubicarse como uno los colectivos que han sufrido una merma en su capacidad adquisitiva en los últimos años. Los números que exhiben ratifican sus pedidos, aunque no se encuentren entre el grueso de trabajadores estatales que ha perdido el equivalente a un tercio de sus ingresos desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
La diferencia con ellos radica en la vigencia de la denominada equiparación con los sueldos de la Justicia Federal. De acuerdo a tal concepto, los funcionarios judiciales, desde prosecretario hasta jueces, perciben una suma equivalente al 90% de lo que recibe un par del fuero federal. El mecanismo, vigente desde 2012, contempla acuerdos que les garantizan no quedar ceñidos a negociaciones paritarias que replican las guías de la Corte Suprema de Justicia.
Pero los jueces no pierden oportunidad para remarcar que ese punto de partida ha quedado cada vez más retrasado. Reprochan, siempre por lo bajo, que los cortesanos se han mostrado más dóciles con la administración libertaria que con las presidencias precedentes. Como tales, no han mostrado interés en recuperar lo que les quitara la devaluación de diciembre del 2023.
El reclamo siguió su curso natural al TSJ, órgano que administra los fondos para el sector. Allí llegaron con un antecedente mucho más cercano. Previendo encontrarse con argumentos de escaseces, pidieron emular el enganche de los empleados judiciales, quienes desde el año pasado reciben un 4,16% como primer paso para el cumplimiento de aquella misma equiparación.
Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) miran con desconfianza la movida de quienes ocupan la cúspide. Remarcan que ambos sectores persiguen cometidos diferentes.
Los empleados de la primera línea del servicio de Justicia tienen su propio plan de lucha, elaborado al fragor de la disputa por su propia paritaria. Piden, al mismo TSJ, una pauta salarial del 43% acumulado, cifra similar a la que acaban de homologar los docentes representados por UEPC, y el personal estatal referenciado en el SEP.
Pero también le recuerdan a sus patronales (el gobierno provincial y los tribunos) que para este año deben cumplir con el segundo tramo de la equiparación de sus haberes con los federales. La cifra promedia un 3% y su promesa permitió destrabar un conflicto de índole similar el pasado año.
Ante las demoras en el curso de sus pedidos, los empleados judiciales han lanzado medidas de fuerza que iniciaron este viernes, continuarán el lunes y se replicarán durante la próxima semana.
Sin más sustancia, dos aspectos emparentan las luchas de camaristas y escribientes. Voces palaciegas analizan un creciente rol de los denominados autoconvocados, noveles en la lisa sindical, usualmente incrédulos, que intervienen sin respetar las vías institucionales que las agremiaciones deben respetar.
Usualmente vistos como adherentes al modelo libertario que prometía motosierra, sus trazos son descriptos detrás de los aplausos del pasado jueves. A ellos y ellas se adjudican pedidos extraoficiales a la cúpula judicial para obtener una mejora sin más dilaciones.
Similar descripción se usó el pasado año para la escalada del conflicto de los empleados. “Votaron a Milei y ahora quieren una recomposición de un plumazo, sin entender los plazos de negociación. Quieren el doble de cualquier negociación sensata”, describe un dirigente sindical.
Como toda respuesta a tales presiones, la Asociación de Magistrados decidió ponerse, públicamente, a la cabeza del clamor. Mediante una nota que lleva la firma de Silvana Chiapero, presidenta, y Marcelo Jaime, vicepresidente, los funcionarios apelaron directamente a Domingo Sesín, presidente del TSJ.
“Habiendo transcurrido 24 días desde la presentación de la nota y 9 desde la reiteración de la petición formulada, mediante la cual la institución que representamos solicitaba al Sr. Presidente traslade a las autoridades del Poder Ejecutivo la imperiosa necesidad que se instrumenten de inmediato las medidas necesarias que posibiliten el cabal cumplimiento de la Ley de Equivalencia de remuneraciones de jueces y miembros del Poder Judicial provincial con cargos de la justicia federal, sin haber obtenido respuesta oficial, el Consejo Directivo de nuestra institución, nos ha instruido para reiterar la solicitud de información acerca del estado actual de las gestiones realizadas con el mentado objetivo”, dice el comunicado.
Desde la base operativa de la institución sospechan de conveniencias cruzadas detrás del intercambio entre jueces y tribunos. Según describen, podría tratarse de otra jugada del TSJ para endosar el problema al Panal, como se conoce al centro cívico provincial. “Las puertas se han abierto a sabiendas. Nadie llega a los supremos por azar”, explican.
La hipótesis consecuente supone que el propio Sesín señala el camino que conduce a la gobernación, tras haber ratificado convenientemente que el máximo órgano carece de posibilidades económicas para asumir una nueva erogación.
La voluntad del supremo para cumplir con aquella ley parece quedar fuera de discusión al repasar el discurso con que dio apertura al año judicial, dos meses atrás.
“A pesar de las situaciones coyunturales actuales, este Tribunal Superior no va a abandonar su política salarial de equiparación de los sueldos a la CSJN, en los porcentajes establecidos por la Ley de Equiparación Provincial N° 9725. Solicitamos su restablecimiento”, dijo entonces Sesín.
Tal declamación llegó precedida de una nueva invocación a la “independencia remunerativa”. No son pocos los que creen que detrás de cada discusión propiciada por el TSJ persiste un objetivo de máxima: la autarquía.
Magistrados y administrativos tienen otro punto de coincidencia para alimentar el fuego de sus reclamos. Aunque por distintas razones, rechazan la denominada Ley de Equidad Jubilatoria vigente en la provincia.
Esta norma establece un aumento en los aportes patronales que llega a ocho puntos porcentuales para quienes superen los $3.5 millones. A ello cabe añadir otro aporte extra, de cuatro puntos, para el financiamiento de APROSS, la obra social provincial.
“Con la reforma previsional perdimos lo que habíamos obtenido con la equiparación. Quedamos casi igual. Para los jueces puede ser peor, no porque cobren poco, de hecho sí tienen el 90% de los federales, sino porque el descuento es sobre una base sin mejoras”, explican desde la AGEPJ.
El descontento se expresa por distintas vías. Unos mediante expresiones cuidadas y aceitado lobby institucional; otros con presencia en las calles y presentaciones judiciales pidiendo la derogación de la norma junto al resto de los gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones.
El descontento también promueve otra convergencia. Unos y otros siguen con esmero la receptividad que puedan tener sus reclamos contra la Equidad Jubilatoria en el TSJ. En particular el rol que jugará Sesín. Aún atentos a sus aperturas al diálogo, siguen sospechando cierta injerencia en la elaboración de la misma reforma sobre la que podría tener que expedirse en poco tiempo.
