El femicidio derivó en un culebrón entre el PJ y la oposición. El '27 apareció en la entrelínea de las estrategias, pero la ciudad no resiste un archivo.
El caso Agostina Vega dejará una marca profunda en la política de Córdoba. Más allá de las responsabilidades institucionales que quedaron bajo análisis, el episodio expuso las debilidades de un sistema, con los mismos actores y los mismos problemas estructurales desde hace décadas.
El gobernador Martín Llaryora cree que las repercusiones políticas derivadas del femicidio cesarán y que la administración cordobesista podrá seguir su curso normal.
El intendente de la capital, Daniel Passerini, se desprendió del concejal Ricardo Moreno, vinculado al femicida Cristian Barrelier, y puso la lupa en su gabinete, particularmente en el área de Tránsito, base de este becario y repartición marcada por la presunta mafia de las licencias truchas. Asumió el peso de la carga en su última entrevista: “Soy el máximo responsable”.
El opositor radical Rodrigo de Loredo siente que le marcó la cancha a Llaryora al instruir a su tropa en el recinto militar la salida del abogado penalista del cuerpo.
Luis Juez aplicó una estrategia selectiva: se concentró en el fiscal Raúl Garzón, quien investigó el asesinato de la niña de 14 años, y evitó poner la mira en Moreno, viejo amigo de la militancia peronista y de los círculos de abogados penalistas. En el juecismo también entienden que pudieron recuperar el lugar en la escena que les vedó la presunta corruptela del gobierno de Javier Milei.
El exintendente radical de la capital Ramón Mestre también sintió su revancha después de sufrir los efectos de la versión instalada de que no estuvo a la altura de las gestiones de correligionarios ilustres, azuzada por el propio cordobesismo. Pudo reivindicar los concursos públicos que instaló como regla en la Municipalidad cuando la gobernó desde 2011 a 2019.
La oposición lee el fenómeno en clave de cambio inevitable, como la consecuencia directa de la continuidad del peronismo en el poder por casi tres décadas. Probablemente no se equivoquen, pero la experiencia en el gobierno de la capital, donde han pasado intendentes de todos los palos políticos, demuestra que ese diagnóstico es sesgado y han sumado su cuota parte al cuadro de situación en la ciudad.
El caso Agostina expuso que la política provincial en su conjunto quedó completamente perjudicada, que el problema no puede reducirse a la alternancia partidaria como demostró el juego de tensiones entre el oficialismo y la oposición.
Juez se retiró del gobierno municipal en diciembre de 2007 con más de 4.500 nuevos empleados en el municipio capitalino. Una auténtica herejía para una mente liberal libertaria, anti-Estado. No fue el único.
La gestión de Daniel Giacomino es recordada por su ruptura política con Juez. Al alinearse con el kirchnerismo, el exradical y exvecinalista perdió el respaldo juecista y quedó en una situación de debilidad en el Concejo Deliberante, que afectó severamente la gobernabilidad.
A nivel administrativo, su mandato estuvo marcado por la crisis financiera y un fuerte crecimiento de la estructura estatal. El personal de la administración central aumentó en 513 agentes. Sin embargo, el mayor impacto se dio en los servicios públicos, ya que la creación de la empresa de recolección Crese y la expansión del transporte en Tamse sumaron 3.900 trabajadores, elevando la cantidad total de sueldos municipales a 14.233 personas, un 45% más de lo que recibió al asumir.
Ya en 2011, sin margen para aumentar un contrato más, Mestre implementó los concursos y comenzó a efectivizar por tandas a los agentes que habían entrado al municipio en las administraciones anteriores.
Aquella gestión del radical estuvo marcada por concesiones a privados y reordenamiento de los servicios públicos mediante licitaciones que generaron polémicas. La oposición criticó recurrentemente la concentración del transporte y recolección de residuos en manos de un mismo holding empresarial oriundo de Corrientes, perteneciente al empresario Juan Carlos Romero.
El argumento político dominante asociaba este desembarco al vínculo histórico familiar del mestrismo con esa provincia, dado que su padre, el exgobernador Ramón Bautista Mestre, había sido interventor federal de Corrientes a fines de los años 90.
Con los años, el deficiente estado de la flota de colectivos y las deudas llevaron al colapso del sistema y la posterior salida definitiva de la correntina ERSA, decisión que pesó sobre la gestión de Passerini.
En resumidas cuentas, lo que la oposición le objetó tras el caso Agostina a Llaryora y Passerini también los alcanza. El Estado creció y hubo decisiones políticas que olían a favores del poder.
German Kammerath, de la Ucedé, también chocó la ciudad cuando le tocó gobernarla. En las filas de La Libertad Avanza está Laura Rodríguez Machado, integrante de aquel gobierno fallido.
La gestión de 1999 a 2003 estuvo marcada por las inclemencias de la crisis de 2001 y un escándalo de corrupción estructural centrado en la causa "Radio Aviso".
Este caso, originado por denuncias de Juez, demostró el direccionamiento de contrataciones directas hacia una empresa vinculada al cuñado de Kammerath para un sistema de rastreo satelital.
La causa terminó en 2021 con una condena firme de la Corte Suprema por negociaciones incompatibles con la función pública, resultando en prisión efectiva para el menemista que llegó al poder municipal de la mano de José Manuel de la Sota.
¿Toda esta carga que puso de manifiesto una muerte injusta y dolorosa se conjugará en las urnas el año próximo?
¿Con qué humor irá a votar ese electorado capitalino que en 2023 definió la continuidad del cordobesismo en la provincia y en el municipio, pero que ya experimentó en carne propia todo el abanico ideológico y partidario en la ciudad con resultados mediocres?
La muerte de Agostina dejó una pregunta incómoda para el oficialismo y la oposición. Si todas las fuerzas tuvieron alguna vez la oportunidad de gobernar la ciudad y ninguna consiguió resolver sus problemas estructurales, la discusión de 2027 podría encerrar una perspectiva distinta, posible de impactar fuerte en el tablero.
