En el fragor de la batalla electoral y ante el despropósito de la idea de Javier MIlei de privatizar el sistema educativo a través de los vouchers, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados avanzó en la segunda jornada de tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por Sergio Massa e ingresado en el Congreso el día 27 de septiembre.
El propósito de esta columna es desglosar algunos de los ítems de una iniciativa que, bajo el compromiso de elevar la inversión por encima del promedio regional a ocho puntos del PBI, viene a superar la ya histórica Ley de Financiamiento Educativo de 2005, que permitió la reconstrucción del sistema con un impacto comparable a la ley 1420 del siglo XIX, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento en los albores de la patria.
- Aumentar la escolaridad haciendo universal la sala de cuatro años del nivel inicial, garantizando cobertura para todos los niños y las niñas del país que hoy no tienen acceso al sistema público por falta de vacantes. Esto implica la construcción de nuevos jardines y la ampliación de los existentes. La clave aquí es que el proyecto de ley asimila las recomendaciones de los expertos respecto a la importancia de la escolarización temprana, con sus réditos probados en materia de calidad de aprendizajes. Por otro lado, responde a la promesa incumplida por la gestión de Mauricio Macri de hacer tres mil jardines de infantes.
- Incrementar la inversión educativa en el sistema universitario y no universitario para garantizar el acceso a la educación superior, aumentar la cobertura, afianzar los estudios y ampliar la oferta a carreras cortas con salida laboral. Esta iniciativa responde también a las recomendaciones de la Unesco en el documento de 2019, Reimaginar nuestro futuro, respecto a entender que, en la Sociedad del Conocimiento, la formación y la capacitación de los ciudadanos debe ser continua a lo largo de la vida.
- Incluir en la formación secundaria, dentro de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), contenidos nuevos como robótica, programación e inteligencia artificial, señalando así la necesidad de modernizar el nivel secundario asimilando el régimen escolar a la cultura de la conectividad que caracteriza a las subjetividades de las nuevas generaciones. Como decía hace muchos años la filósofa Margaret Mead es necesario aprender con los jóvenes el mundo que se viene.
- Garantizar los 190 días de clase incluyendo un incentivo al presentismo docente, de modo tal de no sólo mejorar el ingreso de los docentes, sino de estimular a los trabajadores consecuentes y esforzados que llenan las aulas argentinas, además de gestar un proceso de eficiencia en el gasto bajando suplencias.
- Promover la educación técnico-profesional planteándose el objetivo de duplicar la matrícula en los próximos años como una forma de capacitar y estimular la formación educativa con salida laboral.
- En los niveles primario y secundario, extender la jornada completa hasta alcanzar la cobertura del 50% de la matrícula, como garantizar para el resto un mínimo de seis horas diarias. En este sentido, la ley promueve la idea de que la inclusión escolar es una de las claves para luchar contra la marginación y la violencia. Uno pibe en la escuela es un pibe que no está en la calle y no hay nada más seguro hoy que la escuela.
- Fortalecer un sistema nacional de evaluación y seguimiento educativo con participación de todas las jurisdicciones provinciales, con pruebas y diagnósticos permanentes, federales, que permitan ir perfeccionando el sistema educativo en un horizonte de reformas en base a estudios competentes y científicos.
Estos detalles son suficientes para comprender el salto de calidad educativa que daría el sistema con esta iniciatva. Es es de esperar, como lo hacen muchos docentes, investigadores, familias y equipos directivos de todas las escuelas del país, que esta ley tenga un tratamiento serio, profundo y amplio, para que las escuelas que toda la comunidad quiere tengan otra vez una oportunidad en la Argentina.