Trabajadores y magistrados cuestionan la reforma previsional, multiplican reclamos y obligan al Ejecutivo a buscar una salida política y económica.
La suma de reclamos en los distintos niveles de la Justicia de Córdoba empujó a Martín Llaryora a recalcular los números que preveía para el año en curso. En el gobierno provincial ya asumen que no habrá salida sin costos para una situación que muchos apuntan como parálisis.
Este jueves, en la Secretaría de Trabajo, se concretó la primera reunión entre el Poder Ejecutivo, la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata del primer paso dado por el actor convocante para intentar destrabar el conflicto que inició con los reclamos de los trabajadores a ambos poderes.
En paralelo, a la misma hora, un centenar de magistrados que no responden a la conducción de referencia se congregaron frente al edificio de Tribunales para mostrar una señal inequívoca de que no habrá salida posible sin considerar sus propias exigencias.
La vigencia de Ley de Equidad Jubilatoria, con subas en los aportes personales de trabajadores activos y pasivos que perciben sumas superiores a $2.5 millones, logró una impensable unión de lucha entre empleados judiciales y jueces del fuero provincial. Pese a las diferencias en sus remuneraciones, unos y otros han visto reducirse sus ingresos, ya afectados por el torniquete aplicado por el gobierno nacional sobre las actualizaciones para la Corte Suprema de Justicia.
Por el momento han sido los primeros los citados a reuniones para destrabar la situación, luego de varias semanas de medidas de fuerza que han afectado los procesos ordinarios, desde las denuncias en las unidades judiciales hasta la gestión de expedientes.
La convocatoria partió del Ministerio de Justicia, bajo forma de conciliación voluntaria: en la cúspide judicial no admiten una citación obligatoria por parte del Ejecutivo. No se trata de un simple prurito de ocasión. Para muchos la disquisición calza el descontento que muchos actores manifiestan con la actual administración provincial.
Sentada a la mesa con ambos poderes, la AGEPJ puso dos condiciones. La primera es que la negociación no se extienda más allá de nueve días hábiles, plazo durante el cual no habrá paros o asambleas, tampoco descuentos por parte de una patronal que suele no asumirse como tal.
La segunda es estrictamente económica. Los judiciales demandan una mejora salarial que les permita compensar lo que la reforma previsional les va limando. Entre las opciones que barajan proponen aumentos directos o un adelantamiento de los tramos pendientes de la equiparación salarial con sus pares federales.
Este también es el punto nodal. El pasado año, tras otro conflicto, habían conseguido que se cumpliera con la promesa del “enganche”. El primer paso fue una mejora del 4%, lo mismo que luego perderían con la “equidad jubilatoria”. Según el gremio, la ley de Llaryora impacta especialmente sobre sus afiliados.
Las protestas de los magistrados tienen similitudes y diferencias. La suba en los aportes personales licúa mejoras salariales de años precedentes, ya denunciadas como magras previamente. Con plena vigencia de la equiparación salarial para ellos, piden una compensación que reconocen de difícil trámite porque el gobierno nacional no levanta la vara que luego aplica la Corte Suprema.
Son autoconvocados, disidentes de la Asociación de Magistrados, los que elevan la voz. A sabiendas de la negociación en curso con los empleados, a la misma hora sumaron presión sobre el TSJ para lograr algo de la ventanilla a mano: la provincial.
No se sienten interpelados por el discurso oficial que los presenta como beneficiarios de una remuneración astronómicamente superior a la de tantas profesiones. Como contrapartida, potencian su reclamo sobre otras críticas al gobierno provincial, a quien acusan de entrometerse en las dinámicas judiciales, aún las endogámicas, como no lo ha hecho otro gobierno peronista.
Sobre los funcionarios autodenominados independientes llueven críticas también. Voces oficialistas les achacan antiperonismo en sangre y mileísmo por conveniencia. Los empleados descreen de su solidaridad. Nada de ello impide su crecimiento en número.
El descrédito no guía a la Asociación. Interlocutor legitimado, no rompe nexos. Formalmente siguen exigiendo el cumplimiento de la ley de “equivalencia de remuneraciones con los cargos de la justicia federal”. Informalmente saben que cuentan con una facultad decisiva: por manos de jueces y camaristas pasan todas las presentaciones contra la reforma previsional en marcha.
En corrillos políticos leen recientes acciones del TSJ como favorables a los reclamos de empleados y magistrados. En particular la decisión de establecer una referencia a los descuentos que podría aplicar el Ejecutivo, en vez de negarlos de plano.
En una resolución del 29 de mayo, el TSJ revocó un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación que ordenaba a la Caja de Jubilaciones abstenerse de efectuar reducciones del haber previsional de un jubilado. En su lugar, el máximo órgano dispuso reducir del 8% al 6% la alícuota adicional que puede retener a los salarios.
Según interpretan los gremios, se trató de una salida intermedia que marca el camino por venir. “No niega la reforma, le pone un tope. Es un caso de amparo individual, pero otros pueden imitarlo. Y las Cámaras tendrán que tomarlo”, explican.
Detrás de la maniobra ven el pulso de Domingo Sesín, presidente del Tribunal y cuidadoso de las investiduras. “No puede adelantar opinión porque en algún momento deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión. Pero el mensaje es claro. Y esta reforma previsional ya ha tenido más reveses que todas las anteriores”, argumentan desde el colectivo de judiciales.
Además de refutar las presunciones de que la ley 11087 sería refrendada en Tribunales, funcionarios recuerdan que el propio supremo ya se ha expresado en contra de cualquier recálculo que perjudique aquella equiparación con la órbita federal.
La suma de decisiones conduciría al camino sugerido por los supremos: el gobernador deberá reforzar las partidas destinadas a la Justicia si no expresa voluntad para revisar la norma que sube los aportes de trabajadores activos, pasivos y magistrados.
