El oficialismo busca ordenar su interna antes del debate legislativo. Respaldos desde el PRO hasta los pastores. Los principales puntos en discusión.
Casi como un órgano interno de contralor, el socialismo vuelve a quedar en el centro de la escena en Unidos ante la discusión del paquete de leyes de seguridad propuesto por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Sin expresarse públicamente, la resistencia se hace ver en los pasillos, con varios puntos críticos dentro de la normativa en discusión.
El proyecto enviado por Pullaro, adelantado de manera exclusiva por Letra P, comenzó su andar por la Legislatura. Más allá del trabajo en comisiones, lo central empezó a discutirse en las horas previas con una búsqueda inicial, que apunta a obtener consenso interno antes de avanzar hacia la discusión con la oposición.
Al ser consultados por este medio distintos dirigentes, en la Cámara baja surge un primer dato: en la coalición los respaldos aparecieron rápidamente entre radicales, el PRO y hasta en UNO, el partido de los pastores. El socialismo, por el contrario, eligió parar la pelota. Sin cuestionar públicamente el proyecto, se inclinó en cambio por un silencio significativo.
"Va a tener modificaciones", repiten en la Legislatura respecto del proyecto empujado por Pullaro. La oposición aún no planteó su postura a la espera de que el oficialismo resuelva primero sus diferencias internas.
Las distintas bancadas que no pertenecen al oficialismo piensan que no deben sumar ruido si el proyecto puede sufrir depuraciones y cambios producto de la discusión interna que puede darse en Unidos.
"No podemos retroceder ni ser blandos", dijo Pullaro en las últimas horas para fijar postura y delimitar el debate. Tanto el gobernador como el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, activaron una comunicación directa para instalar en la discusión pública un tema central para la gestión.
“Hay una discusión con una cierta versión exacerbada de la lectura de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía", advirtió Cococcioni.
En ámbitos políticos y judiciales ya surgen críticas, aunque al momento mayoritariamente en off y sin estridencias.
En el bloque de Unidos dentro de la Cámara de Diputados provincial la voz cantante del gobierno la lleva por estos días el radical Martín Rosúa, quien pidió apelar "al pragmatismo y el sentido común" para llevar adelante la discusión de las reformas.
"Sabemos que los mayores debates internos serán con el socialismo. Espero que esto termine generando lo mismo que generó la última vez: grandes acuerdos que terminen mejorando los proyectos", dijo a Cadena 3 Rosario recordando el proceso que se vivió en el inicio del gobierno de Pullaro con las leyes de emergencia en seguridad.
"Hay un cambio de paradigma: todas las leyes que en su momento fueron polémicas ya vimos que generaron buenos resultados", sumó en una entrevista con RTS.
Letra P consultó a distintos actores del PS, donde afirman aún estar en un proceso de estudio de la propuesta ingresada y eligen abocarse a la discusión intramuros.
¿Qué analizan otros actores de la Legislatura? "Quieren frenarlo y no quedar como que lo frenaron ellos. Están fundamentalistas", analizan en otros espacios. Mientras tanto, también por estas horas se discute otra ley que tiene al bloque como partícipe central: la que prohíbe la actividad de los cuidacoches, que obligó a un cuarto intermedio en la Comisión de Seguridad.
Mientras tanto, asoma en la discusión cuáles son los puntos que tienen mayor posibilidad de salir tal cual lo pretende el gobierno.
Entre las distintas voces consultadas, todos coinciden en que la ley que genera mayor resistencia es la que refiere a una "zona de intervención policial especial", que entre otros puntos limita en zonas calientes la circulación en determinados horarios, permite demorar personas y disponer su traslado a una dependencia policial hasta por cuarenta y ocho horas.
"Es un mini estado de sitio. Imposible que salga", afirman sin darle demasiadas vueltas voces de la política y la magistratura.
Hay otras dos iniciativas que quedaron bajo observación. La vinculada al ciberpatrullaje -con fuerte vinculación al ataque de la escuela de San Cristóbal- y la que modifica mecanismos de validación probatoria bajo la teoría del fruto del árbol envenenado.
"El control judicial no desaparece. Hay que hilar mucho más fino", defienden en la Casa Gris aceptando que en estos puntos la discusión será más que áspera.
No obstante, en la negociación del gobierno con los distintos sectores no son pocos los que interpretan que el pullarismo mandó el paquete con expectativas altas para luego conseguir un objetivo más acotado. "Se pasan dos pueblos para tener lo que quieren después", razonan.
Si bien algunos anticipan resistencias, pensando en la continuidad de la discusión y siempre en caso de que avance en Diputados, el Senado pareciera ser un lugar donde el gobierno tiene mayor margen de maniobra.
"Como tantas leyes, estamos para seguir acompañando para que haya más herramientas para combatir el delito", dijo a Letra P una voz de peso del oficialismo en esa Cámara.
Descartan allí que haya fricciones con respecto a cómo ingresó el proyecto o a situaciones vinculadas sobre todo a la ampliación de facultades para el Ministerio Público de la Acusación.
Más allá del ámbito político, en las últimas horas se expresó formalmente la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. “El proyecto esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal, que retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años”, dice el texto.
Además, advierte que “el fin no justifica los medios” y reclama una convocatoria a todos los actores para discutir la ley. Se espera que en los próximos días surjan más voces en este sentido.
