Daniel Catalano entra a la Rosada. Crédito: ATE Capital
Los gremios de trabajadores estatales ya tiene la primera estimación del efecto de parte de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Toto Caputo: entre 7 mil y 11 mil empleados podrían quedar en la calle por la decisión de no renovar contratos firmados durante 2023 en la administración pública nacional.
Con ese panorama en mente, el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, se reunió este miércoles con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien le pidió abrir una instancia de diálogo para analizar el alcance de las medidas que, reprochan los gremios, todavía no se revelaron sus detalles formales. "Vamos a hacer valer el ámbito del convenio colectivo del sector público nacional", advirtió el sindicato.
Por ahora, la respuesta fue la esperada: Francos ratificó la decisión del Palacio de Hacienda, amparado en un "instrucción presidencial" de Javier Milei de avanzar con esta medida de despidos y recorte de gastos, según detalló Catalano.
El encuentro entre Francos y Catalano fue el primero entre el Gobierno y los gremios tras los anuncios del Caputazo y en una jornada de movimientos en todos los ámbitos sindicales, con la CGT y las dos CTA analizando la hoja de ruta para oponerse a las medidas en las próximas semanas.
"Nosotros no tenemos problema en seguir hablando con la instrucción presidencial que existe una firme convicción de la necesidad de recortar los gastos del estado y una pelea contea el déficit del estado, y eso implica una serie de restricciones", dijeron cerca de Francos.
El titular de ATE Capital, gremio nucleado en la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, reaccionó rápido ante un anuncio que impacta directamente sobre sus afiliados, en su gran mayoría empleados públicos de organismos nacionales, por donde pasará la "motosierra" de Caputo.
"En el encuentro se planteó que el universo de trabajadores y trabajadoras que se verían afectados, teniendo en cuenta que su contratación se realizó durante el 2023, es de entre siete y 11 mil trabajadores", explicaron voceros del gremio. Uno de los focos de preocupación son los empleados comprendidos en los cupos para discapacitados y para travestis y trans.
"Le planteamos la preocupación que tenemos respecto de la reducción de la planta 2023. Esos contratos, en una cantidad muy importante, entraron por cupo de discapacidad y travestis trans. Habría que avanzar en una revisión. No es una situación donde libremente puedan decir que son ñoquis o contratos políticos", afirmó Catalano después de la reunión.