El examen obligatorio para la planta política rige por ley. Figueroa pidió el debate y hay tres proyectos. Qué pasa si un colaborador de Llaryora da positivo.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en julio pasado acudiendo a realizarse el narcotest.
El gobierno de Córdoba, a cargo de Martín Llaryora, promulgó en abril de 2024 la ley 10.954 de seguridad pública y seguridad ciudadana, que insta a la planta política a someterse a un narcotest. La medida busca ser replicada en Neuquén, la provincia administrada por Rolando Figueroa.
El plazo para que los funcionarios de Córdoba se sometan al examen se cumplió este 31 de marzo. Fuentes oficiales anticiparon a Letra P que la adhesión fue masiva. No obstante, se abrió un período de gracia para aquella dirigencia que, por razones justificadas, no hayan podido acercar la muestra de orina al laboratorio.
Figueroa, líder del Movimiento Popular Neuquino, con esta propuesta sobre la mesa abrió el debate en la apertura de sesiones del 1 de marzo y comenzaron a llover los proyectos de distintos espacios políticos.
La ley cordobesa crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo para agilizar la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
Este narcotest se trata del análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.
Los funcionarios pueden acudir a establecimientos públicos o privados y deben presentar, a través de la aplicación Ciudadano Digital (CIDI) un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
El artículo 66 de esta norma indica que es obligatorio para las personas que desempeñen funciones por elección popular: gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos de cuentas, autoridades de ministerios, secretarías, direcciones y subdirecciones, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
En caso de que el examen de positivo, se comunicará esa circunstancia a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.
Todo aquel funcionario que no cumpla con la ley de realizar el análisis y comunicar a través del CIDI que fue realizado, antes del 31 de marzo, debe renunciar a su cargo.
Un efecto expansivo, como cuando se arroja una piedra al agua, generó la propuesta de Figueroa en la inauguración de sesiones legislativas: se propuso como primer candidato a realizarse un narcotest en el caso que los legisladores votaran una ley de exámenes voluntarios para funcionarios.
Las respuestas no tardaron en llegar. Actualmente hay tres proyectos de ley, todos con carácter “obligatorio”. Uno de Unión por la Patria, otro del PRO y, el tercero, del MPN en conjunto con Comunidad y Avanzar.
Algunos de los puntos no coincidentes entre los proyectos tienen que ver con la periodicidad del examen. Mientras que el de UP plantea que se realice una vez al año, como el de Córdoba, el del PRO considera que se efectúe uno antes de asumir y luego cada dos años. La que llama más la atención es la propuesta oficialista: controles aleatorios tres veces al año.
Otro de los puntos que deberán debatir las bancadas neuquinas gira en torno al resultado del examen. En caso de que el funcionario de positivo el PRO pediría la suspensión del cargo y apertura de sumario, mientras que las otras dos propuestas apuntan a la asistencia y tratamiento de rehabilitación, como ocurre en Córdoba.
En la provincia mediterránea la desvinculación se da si la persona no cumple con la ley.
Esta semana, Figueroa volvió a insistir en la batería de medidas de seguridad pública, en el marco de la firma de un acta con autoridades municipales, presidentes de comisiones de fomento, integrantes de la Legislatura, del Poder Judicial y Policía de Neuquén.
“Le tenemos que devolver a la sociedad la imagen de credibilidad que debemos tener los funcionarios públicos, por eso es muy importante que -si luchamos contra esto- nos tenemos que someter voluntariamente a las pruebas, que seamos los primeros en cada uno de los lugares”, dijo Figueroa.
San Luis es otra provincia en poner en marcha esta medida. Desde marzo de este, Claudio Poggi realiza exámenes toxicológicos a su personal jerárquico, de manera aleatoria y anual.