El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, Hernán Halavacs, fue imputado por ser partícipe del desmonte de bosque nativo en la provincia. El funcionario del gobierno de Leandro Zdero es uno de los principales acusados en el proceso que investiga el entramado político y empresarial detrás del avance de las topadoras sobre miles de hectáreas forestadas, porque es la persona con mayor cantidad de permisos de desmonte otorgados en los últimos diez años. Además, fueron imputados otros funcionarios y empresarios.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, imputó a siete personas entre funcionarios, exfuncionarios y legisladores provinciales por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita en la megadenuncia formulada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impacta directo en la administración del radical Zdero, pero que tiene precuelas en las gestiones peronistas de Domingo Peppo y Jorge Capitanich.
Halavacs es la máxima autoridad ambiental de la provincia y fue imputado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Ingeniero agrónomo y dueño de una consultora, fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años. Tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021, cuando estaba del otro lado del mismo mostrador que ahora maneja.
Tal como contó Letra P, Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y también cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A., una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD). Estas empresas que también están siendo investigadas por Sabadini.
La lista de imputados en Chaco
La lista de implicados no termina en Halavacs. También fueron imputados el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares, que fue funcionario de Peppo y Capitanich. Olivares era quien otorgaba los permisos de desmonte que gestionaba quien ahora es su jefe.
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También están imputados el empresario forestal y exdirector de Bosques durante el gobierno peronista Miguel Ángel López, dueño de uno de los aserraderos más grandes de la provincia, y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.
Además, hay otras figuras imputadas como el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia y el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar. Todos están acusados por haber facilitado la tala indiscriminada de árboles de bosques nativos. El fiscal Sabadini le anticipó a Letra P que la investigación no se agota en estas siete personas, sino que podría ampliarse contra otras que están siendo investigadas.
El silencio de Leandro Zdero
A pesar de la gravedad de estas imputaciones, al cierre de esta nota el gobierno de Zdero no había tomado ninguna medida con Halavacs y el resto de los funcionarios. Tampoco hubo eco en la Legislatura, porque los investigados no son sólo radicales, también hay opositores como Honcheruk del Partido Justicialista o Bergia, del monobloque Nuevo Espacio de Participación (NEPAR) aliado con el Frente de Todos.
Además de las imputaciones, Sabadini pidió investigar el posible desvío de fondos nacionales y de las Naciones Unidas enviados a Chaco con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarias que viven allí y que son afectadas por el desmonte. “Tenemos identificado el plan o los fondos que habrían sido destinados a la provincia y tenemos que verificar a dónde fueron . Si constatamos que fueron destinados a otra finalidad, tenemos un delito”, le dijo el fiscal a Letra P.
Además, pidió que se dicte una medida cautelar para que cesen los desmontes en Chaco. “Es necesario suspender los desmontes. Cada día que pasa se pierden 50 hectáreas de bosques”, agregó Sabadini. Además, sostuvo que se trata de un “daño irreversible”. Ahora, la decisión de avanzar queda en manos de la jueza Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que debe definir si da lugar a los requerimientos de la fiscalía.
