El proyecto de Carolina Losada obtuvo dictamen y será aprobado. Prevé penas de 5 a 15 años, con agravante para funcionarios públicos. Se crea la figura del arrepentido.
Carolina Losada, senadora de la UCR. Autora del proyecto para tipificar la trata de personas, que se destrabó con el caso Loan.
La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado despachó el proyecto de la radical Carolina Losada para tipificar el delito de compra y venta de menores, que contempla penas de entre 5 a 15 años de prisión. Había iniciativas presentadas hace dos años, que se activaron con la desaparición hace 50 días en Corrientes de Loan Danilo Peña, de 5 años.
La iniciativa se aprobó en general en la última sesión, pero se trabó la votación en particular porque varios senadores detectaron un párrafo que eximía de pena a progenitores entreguen a sus hijos “en situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, con excepción de quienes tengan antecedentes. "Como está redactado, se puede vender un hijo, pero no el segundo", se indignó ese día el santacruceño José Carambia.
Esta eximición no fue una idea de Losada, sino que formaba parte de todos los proyectos presentados, porque en verdad es una recomendación de las ONG que intervienen en el tema. Consideran que los progenitores son un vehículo para desbaratar a las redes de trata de personas. Otra de las modificaciones al texto fue incorporar la figura del delator, que reduce penas a quien aporte información sobre las redes delictivas que motivaron la venta de un menor.
El proyecto dictaminado en la cámara alta del Congreso busca clarificar el delito de trata de personas: al no estar especificado, los jueces aplican el 139° del código penal, que es sobre la supresión y suposición del estado civil y de la identidad, que apunta a casos de explotación sexual o laboral, pero que deja el vacío para la venta de menores con otros fines.
El nuevo artículo incorporado por este dictamen fija una pena de entre cinco a 15 años a “quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
El consenso inicial era una condena entre cuatro a 10 años, pero por pedido de UP se elevó. Por pedido de esa bancada y de la defensora de niños, niñas y adolescentes, se incorporó la pena con fines adoptivos. Para los juristas consultados resultaba redundante. También se agrega la pena para quien “facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos”.
Habrá un agravante para los funcionarios públicos, al contemplar una pena que será "dentro del tercio superior de la escala de menor" y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos. La figura del delator se suma con el artículo 41° ter del Código Penal: plantea que la escalas penales podrían reducirse si los autores brindan información "comprobable y verosímil" para desarticular las redes de trata.
Los delatores deberán aportar datos del delito de transporte, almacenamiento de estupefacientes, del código aduanero y los referidos a la entrega y explotación sexual, entre otros. La pena sólo podrá reducirse a 15 años en caso de delitos de cadena perpetua.
Otra modificación del proyecto es sobre la prescripción, que será suspendida para los delitos que involucren a funcionarios públicos. En el caso de menores, el plazo regirá desde que se realice la denuncia o cuando cumplan la mayoría de edad o cuando su tutor realice la denuncia. Era uno de los planteos del presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el libertario Juan Pagotto.
El proyecto también realiza aclaraciones sobre los delitos que son de la órbita federal, que incluye las competencias del espacio aéreo, altamar o islas, para no restar competencia a las justicias locales, que suelen quedar en la mira en las investigaciones de trata de personas.
La iniciativa podría tratarse en la próxima sesión, que sería el 14 o 15 de agosto, cuando se aprobará alguna versión de la ley de movilidad jubilatoria. El texto de Losada se aprobará por unanimidad y luego pasará a Diputados, que comenzó con el tratamiento de otra iniciativa sobre la trata de personas el miércoles, a partir de un proyecto de Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal.