Con la coparticipación en caída, municipios de todos los espacios políticos recortaron y congelaron gastos. Retrato de la debacle económica, caso por caso.
A menos de tres semanas del 30 de junio, fecha límite para el pago del medio aguinaldo, los intendentes del interior de Buenos Aires corren contrarreloj. La caída de la coparticipación y el derrumbe de la recaudación propia dejaron a decenas de municipios con los números en rojo. Algunos tomaron medidas drásticas. Otros dicen que llegarán, pero justo.
El diagnóstico fue descripto con dureza en un informe reciente elaborado por el exlegislador Marcelo Daletto, que revela que las transferencias automáticas a los 135 municipios bonaerenses cayeron 1,6% real en 2025 y acumulan una baja de 3,8% real en el primer trimestre de 2026. Si se excluyen los fondos educativos y el Consenso Fiscal, la caída de las transferencias nacionales llega al 30,3%. "Esta situación es la que crea una tormenta perfecta que lleva a los municipios lentamente a la quiebra", sentenció Daletto, hoy en el directorio del Banco Provincia.
Una de las medidas que reclaman los intendentes para aliviar la situación está trabada en la Legislatura bonaerense. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), reglamentado por el gobernador Axel Kicillof, distribuye el 70% de sus recursos con libre disponibilidad, pero ata el 30% restante a programas de infraestructura, transporte y cultura. Los intendentes piden que ese porcentaje también sea de libre disponibilidad para cubrir gastos corrientes, incluidos los aguinaldos.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya les respondió que es un problema del Parlamento, no del Ejecutivo. La semana pasada la comisión de Presupuesto en Diputados intentó avanzar, pero no hubo acuerdo. El tiempo apremia: en la Legislatura, dan por descontado que no habrá sesiones durante el Mundial.
En Tandil, el histórico intendente radical Miguel Ángel Lunghi lo dijo sin rodeos hace dos semanas: "Los municipios estamos al borde del colapso, todo cae acá". La cobrabilidad de tasas cayó del 70% al 56% porque, como explicó, "antes que pagar la tasa municipal, la gente paga el gas". La Provincia le debe al distrito 2.500 millones de pesos y la Nación otros 500 millones. "El ajuste no lo paga la casta, lo paga toda la gente", dijo Lunghi. Con todo, en el municipio alejan el fantasma del no pago del Salario Anual Complementario a fin de mes.
En Mar del Plata, el intendente Agustín Neme heredó en diciembre un municipio con las cuentas en rojo. La salida de Guillermo Montenegro hacia el Senado provincial dejó al descubierto un desequilibrio financiero que obligó a desdoblar el pago de salarios en enero. En el primer trimestre de 2026, la Nación no envió un solo peso en transferencias discrecionales al distrito de General Pueyrredón. Neme debió apelar a fondos afectados para pagar sueldos.
El caso más extremo es Azul. El municipio que gobierna el intendente camporista Nelson Sombra lleva en emergencia económica desde 2024 y seguirá en esa condición hasta el año próximo. La masa salarial del municipio representa el 94% de la coparticipación más las tasas propias. El año pasado, debió desdoblar el aguinaldo en dos cuotas y el propio Sombra postergó el cobro de su sueldo hasta que los trabajadores cobraron primero.
En Coronel Rosales, el intendente Rodrigo Aristimuño fue más directo. A mediados de mayo calificó la situación económica del distrito como "catastrófica" y reveló que acumula dos meses de atraso en el cobro de su propio sueldo. "Me costó muchísimo juntar la plata para pagar los sueldos", admitió. La crisis sanitaria agrava el cuadro: el fin del Plan Remediar y los problemas de IOSFA empujaron más demanda sobre el sistema municipal de salud.
En la Sexta Sección, los municipios de Guaminí y Saavedra tomaron el camino del ajuste antes que el resto. El intendente axelista José Augusto Nobre Ferreira declaró la emergencia económica y congeló los sueldos de los funcionarios políticos, redujo las horas extras al mínimo y suspendió los subsidios a instituciones sociales y educativas. El vecinalista Matías Nebot, en Saavedra, fue más lejos: recortó 13% los haberes de funcionarios y concejales y aplicó una medida similar a los trabajadores municipales, aprobada en asamblea. "Lo hacemos para evitar un mal mayor, que es no poder afrontar el pago de sueldos", fue el argumento.
Tapalqué siguió el mismo camino. El intendente Gustavo Cocconi recortó el 20% a los funcionarios que no perciben bonificaciones, suspendió los plus jerárquicos y postergó el cobro de los cargos políticos respecto de los trabajadores.
Frente a ese panorama, algunos intendentes salen a marcar diferencia. En Bragado, el peronista Sergio Barenghi no solo descartó el desdoblamiento del aguinaldo que había anticipado la concejal de La Libertad Avanza Daniela Monzón, sino que adelantó el pago al 11 de junio. En Colón, el intendente Waldemar Giordano fue escueto pero contundente: "Con mucho esfuerzo, están garantizados los aguinaldos", dijo a Letra P.
El cuadro estructural es peor de lo que sugieren los números de corto plazo. Según el informe de Daletto, en los dos primeros años de gestión de Javier Milei y el segundo mandato de Kicillof, los municipios bonaerenses acumularon una pérdida real de 3,7% en las transferencias. A eso se suma que la Nación habilitó un esquema de adelantos de coparticipación para 12 provincias en el que Buenos Aires no figura.
El reloj sigue corriendo. Los municipios tienen los números en rojo y el 30 de junio como horizonte para completar el pago del aguinaldo. Los que más ajustaron esperan llegar. Los que no ajustaron, también.
