Bianco cuestionó el contrato de concesión para la hidrovía y volvió a pedir por el Canal Magadelena. Quiénes ganan en los puertos con Javier Milei.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la gestión de Axel Kicillof.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió este lunes al nuevo contrato de concesión para la Vía Navegable Troncal, principal ruta de exportación del país, y subió a la gestión de Axel Kicillof a una discusión que impacta de lleno a todas las provincias ribereñas.
Apuntando a los efectos sobre los puertos boanaerenses, Bianco se sumó a un reclamo que vienen protagonizando los gobernadores de la flamante Región Litoral, que tiene en la hidrovía Paraguay-Paraná el principal tema en común entre las seis provincias que la integran.
Con la llegada al poder de Javier Milei, las provincias se quedaron sin herramientas legales para participar de los procesos de toma de decisiones. El decreto 709/24 dejó en manos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal por el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o de concesión de servicio público mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones.
Hace poco menos de un mes, esas facultades fueron llevadas a la práctica a partir del nuevo contrato sobre el que Bianco apuntó este lunes.
Al volver sobre el nuevo contrato de concesión, Bianco avanzó en la descripción de los intereses que se ponen en juego a partir de los cambios introducidos por la administración nacional. Explicó que la modificación de las profundidades para algunos tramos, que impacta en la capacidad de carga, o la suba de los peajes, una decisión que va por otro carril, pero tiene un impacto directo en el sector, sigue el objetivo de favorecer a los privados en detrimento de los administrados por el Estado. En su caso puntual, el puerto de La Plata.
El mecanismo descripto por Bianco es sencillo: se autoriza una mayor profundidad en las zonas de los puertos privados aumentando su capacidad de carga y se cobran más peajes cerca de los puertos públicos, encareciendo la operatividad en la zona.
El ministro de Gobierno de Kicillof cuestionó la unilateralidad de las decisiones en la materia a partir de la decisión nacional de eliminar el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina) del que participaban todas las provincias ribereñas y que activó el reclamo por vías alternativas para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones respecto a las políticas portuarias.
A diferencia de los litoraleños, que llevaron su reclamo a la reunión que los gobernadores radicales tuvieron la semana pasada con el Presidente, el ministro bonaerense no pidió sentarse a debatir la participación bonaerense en aquellos lugares de donde la gestión Milei decidió correrla, sino que pidió directamente hacerse cargo de un tema que para la administración Kicillof es central en el plano estratégico: el dragado del Canal Magdalena.
Bianco cuestionó aspectos formales, técnicos y específicos del nuevo contrato, advirtió sobre la falta de estudios sobre el impacto ambiental, la falta de atención sobre los tratados internacionales, la decisión de no avanzar en el ensanchamiento de la vía troncal navegable y de no obligar a llevar la profundidad de la vía troncal a los 14,3 metros, la misma profundidad que tienen los acceso permitidos por el Gobierno al puerto de Montevideo. “Esto discrimina a los puertos argentinos y favorece al puerto de Montevideo, lo que seguramente es el objetivo de fondo de toda esta normativa”, denunció el ministro flanqueado por el gobernador y por la vicegobernadora Verónica Magario.
“Todo esto hace que nuestros puertos se consoliden como puertos alimentadores del puerto de Montevideo que ejerce su rol central dentro de todo el sistema portuario de la zona”, dijo Bianco que advirtió que el nuevo contrato sólo lleva el dragado a una profundidad, en algunos tramos, de 10,7 metros.
Kicillof se adelantó a la reunión del Comité Asesor del Canal Magdalena, que tiene como una de sus principales tareas avanzar en el reclamo del traspaso de jurisdicción de la provincia. "Lo hacemos porque ya vemos que este gobierno nacional no va a hacer absolutamente nada en lo que refiere a la soberanía, la mejora de la competitividad y mucho menos todavía en lo que refiere a la obra pública", dijo el gobernador, que lamentó que el permiso para las obras en el puerto de Montevideo coincidan con el freno de mano que Milei aplicó al Canal Magdalena.
"Por supuesto que nunca vamos a estar en contra de que nuestro vecinos uruguayos puedan realizar más obras de infraestrutura, el problema lo tenemos de este lado", señaló Kicillof, buscando dejar en claro el blanco de sus cuestionamientos.
“Además, todo se da en el marco en el que nos enteramos casi de manera clandestina que se firmó un nuevo contrato para la Vía Navegable Troncal, que es algo totalmente oneroso y, diría yo, trágico”, consideró Kicillof, que anunció que su gobierno estudia mecanismos para llevar el tema a la Justicia. “Ya veremos las herramientas jurídicas”, advirtió.