La Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó el ingreso al negocio de seguros automotor de una compañía vinculada al empresario Franco Ortolano, uno de los actores con mayor influencia dentro del organismo que conduce Guillermo Plate. La decisión expone un esquema de discrecionalidad en el mercado de aseguradoras donde otras firmas llevan al menos un año esperando autorización.
La compañía beneficiada es Euroamérica, que en los registros del organismo figura a nombre de María Soledad Ortolano, hija del dueño de Liderar. Hasta septiembre de 2025 no registraba actividad en el ramo automotor. Sin embargo, en menos de tres meses comenzó a operar con volumen.
Los balances oficiales dan cuenta de ese salto. En el cierre al 30 de septiembre de 2025, la compañía no tenía registros en automotores. Para el 31 de diciembre del mismo año, ya informaba siniestros devengados por más de 10.300 (en miles de pesos), con cartera activa y operaciones en curso. El dato confirma no sólo la habilitación sino también la rápida implementación del negocio.
El control en la regulación de aseguradoras
El caso expone un esquema en el que el organismo regulador deja de actuar como árbitro para convertirse prácticamente en un actor del mercado. En el sector aseguran que el ingreso al negocio automotor se encuentra restringido y que las autorizaciones no avanzan al ritmo de las solicitudes presentadas por distintas compañías.
En ese escenario, la habilitación de Euroamérica aparece como una excepción. Entre las firmas que iniciaron trámites y aún no obtuvieron autorización figuran Aseguradora de Bienes y Servicios y Compañía Argentina de Seguros (Comarseg). La diferencia en los tiempos de aprobación refuerza las sospechas sobre un sistema de autorizaciones selectivas.
El funcionamiento interno del organismo explica parte de esa dinámica. Plate consolidó su poder tras la ruptura con su exjefe político, Juan Pazo, y avanzó en la construcción de un esquema propio de toma de decisiones. En ese armado ganó peso el rol del gerente de La Holando, Pablo Sallaberry, señalado en el sector como uno de los operadores con llegada directa al superintendente.
A esa estructura se suma la gerenta de Coordinación General, Valeria Hirschhorn, con intervención en los circuitos administrativos del organismo. La combinación de conducción política, operadores con vínculos empresariales y control de la estructura técnica configura un esquema de poder concentrado dentro de la Superintendencia de Seguros.
Contra el dogma libertario
El manejo discrecional del regulador contrasta con el espíritu del DNU 70 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que planteó la desregulación de la economía y la eliminación de trabas burocráticas para el ingreso a distintos mercados.
En los hechos, el sector asegurador describe un escenario opuesto: barreras de entrada informales, autorizaciones selectivas y decisiones concentradas en la conducción del organismo, incluso en un segmento que debía tender a una apertura más automática.
Fuentes del mercado sostienen que el temor a represalias limita la posibilidad de judicializar estas situaciones. La injerencia de la conducción del organismo en expedientes sensibles y antecedentes de fallos controvertidos alimentan ese clima de cautela.
Antecedentes y vínculos
El desembarco de Euroamérica en automotores también vuelve a poner en foco el historial del grupo Liderar. En julio de 2025, la Justicia procesó a dos abogados y a un empleado de la compañía -entre ellos Franco Ortolano- por estafa en grado de tentativa y asociación ilícita, en una causa en la que se investigaron maniobras para contactar a víctimas de siniestros de tránsito y acordar indemnizaciones por debajo de los montos fijados judicialmente.
Según la investigación, los imputados intervenían directamente sobre los damnificados para que aceptaran acuerdos extrajudiciales en condiciones desfavorables, incluso cuando existían sentencias previas que establecían indemnizaciones superiores. La Justicia consideró acreditada la existencia de una organización destinada a cometer una cantidad indeterminada de defraudaciones.
Ese antecedente, sumado a su cercanía con la conducción del organismo, refuerza las dudas sobre los criterios aplicados para habilitar su ingreso a un mercado restringido.
En un negocio de alto volumen como el de seguros automotor, la decisión no es menor. Define quién puede competir, con qué tiempos y bajo qué condiciones. Y deja al descubierto el funcionamiento de un regulador que, lejos de ordenar el mercado, aparece cada vez más integrado al juego que debería controlar.