En la guerra de dirigencia y medios, mucha gente no dudó en tildar, especialmente en la previa de las PASO chaqueñas, el caso de Cecilia de "crimen político".
El interés partidario mostrará la hilacha en tanto no resulte claro que hay factores de poder que entorpecen la investigación. Lo concreto es que hoy hay siete personas detenidas, entre ellas César Sena –la pareja de Cecilia– y los padres de este, el poderoso Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña. Tal como están tipificadas las acusaciones, todos ellos afrontarían posibles condenas a cadena perpetua. Además, los dos últimos fueron excluidos de la elección por pedido del oficialista Frente Chaqueño.
Así las cosas, habría que tener cautela para hablar de "crimen político". Sin embargo, de lo que sí se deberá hacer cargo el gobernador –y las urnas ya empezaron a reclamárselo– es de haber privatizado indebidamente la política social, mal que el peronismo calca en muchos territorios. Y, en ese sentido, de haber manejando dinero público con fines clientelistas, en este caso en beneficio de un clan oscuro.
Hay motivos más que suficientes para que el castigo social sea contundente, pero el tiempo y la gente decidirán.
De un "feudo" a otro: Jujuy
Parece que, definitivamente, el Jujuy de Gerardo Morales no es, como reza el eslogan oficial, "el norte a seguir”. Sería, en verdad, otro "feudo", la palabra de moda, pero tan mal aplicada.
Mientras todo aquello ocurría en Chaco, en esta otra provincia del "norte grande" la cuestión pasaba por el ojo perdido de un joven debido a los balazos de goma disparados con fría precisión por una policía que actuó en ese y otros casos como los Carabineros de Chile, el disparo de un cartucho lacrimógeno directamente a la sien de otro –que estaba anoche en grave estado–, una Legislatura parcialmente quemada, una represión brutal que duró varias horas y un accionar de fuerzas de seguridad propio de otras épocas.
La dirigencia se acribilló a tuits. Morales, contra Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El presidente y la vice, contra el primero. A su tiempo, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro se sumó. En el ida y vuelta furioso, el gobernador jujeño hizo un papelón: mientras volaban las piedras y los disparos, y él se entretenía con el pajarito, posteó como "prueba" de la implicación K en los disturbios una foto que, en verdad, pertenecía a otro momento y a otro lugar. Puesto en evidencia, borró el mensaje… para entregarse al rato a nuevos posteos. Prueben gobernando…
Infaltable cuando suenan los tiros, Patricia Bullrich apoyó la represión, lo mismo que Mauricio Macri, el moderado Horacio Rodríguez Larreta y el siempre singular Miguel Ángel Pichetto, patrulla perdida de la Guerra Fría.
Del otro lado, algunas voces en la izquierda del peronismo le reclamaban al Presidente una intervención federal, sin reparar en que esta debería pasar por el Congreso y convertiría la crisis en un hecho explosivo en plena precampaña electoral. Por otro lado, el bloque de Diputados del Frente de Todos –que no tuvieron tiempo de reconvertirse a la UP– expresó su repudio y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó "al Estado", su interlocutor ante entidades subnacionales como Jujuy, "a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios". El organismo –ojo: el mismo que condena día por medio al chavismo, al orteguismo y al poscastrismo, un verdadero apéndice del Departamento de Estado– expresó "preocupación ante una posible escalada de la respuesta de las fuerzas de seguridad provinciales".
"Las protestas se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial", la que, "según la información recibida (…) no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales". Teléfono para la patria republicana.
De adelante hacia atrás…
Hablar de represión no es ignorar lo mucho y grave que la precedió.
La represión fue una respuesta inaceptablemente desmesurada a disturbios tan graves como injustificables. No es una forma legítima de protesta devastar el centro de una ciudad a pedradas ni asaltar y quemar oficinas dentro de un palacio legislativo, que es lo que ocurrió.
Sin embargo, esa reacción también inaceptable siguió a la aprobación de una reforma constitucional exprés, puesta en marcha con la elección de los convencionales hace apenas un mes y después de solo tres semanas de deliberaciones. El texto fue apoyado por el peronismo jujeño, que a esta altura cabe preguntarse si cumple alguna función en términos políticos, electorales o institucionales… No por nada, mientras este languidece electoralmente, la izquierda combativa se ha hecho un lugar sorprendente en los últimos años en la provincia.
El texto de la reforma establecía inicialmente marcos para el reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios, pero su redacción abstrusa hacía temer a las comunidades que sus lugares de residencia pudieran ser modificados por otros en caso de que en los primeros se encontraran recursos explotables como el litio o el cobre.
El domingo, en medio de las primeras protestas, actos de represión y cortes de rutas, el propio Morales reconoció esos planteos y decidió eliminar del proyecto esas referencias, incluidas en el artículo 50, así como otras, relativas a la propiedad privada, en el 36. La cuestión no podría resultar más curiosa: ¿en qué sistema republicano un gobernador decide qué texto se trata en una reforma constitucional, qué partes se eliminan luego y qué se termina votando a la mañana siguiente, sin debate alguno? En su Jujuy, claro.
Ahora bien: si el texto daba lugar a temores y equívocos, ¿por qué no escuchó antes las quejas? Probablemente porque el propio talante de la reforma, como dice la CIDH, es discutible en su vocación democrática.
Algo en lo que el gobernador radical no cedió fue en la criminalización de los cortes de calles y de rutas como forma de protesta.
Claro que el punto es polémico, que el recurso al piquete se ha hecho un hábito en Argentina y que el mismo, al invocar el derecho a la protesta, colisiona con otros derechos, como el de circular. Ahora bien, ¿para cuándo las soluciones a los reclamos sociales?
Es interesante que en el actual contexto, Morales haya decidido también atender –por fin… ¿lo hará ahora?– los reclamos de los sindicatos docentes, cuyos sueldos básicos son lamentables. El gobernador pretende lidiar con protestas noruegas, pero pagar salarios jujeños.
Así las cosas, el gobierno provincial ahora enfrenta cortes de rutas, una huelga del transporte en curso y un inminente paro general.
Una institucionalidad deprimente
Si la situación de Chaco da ganas de llorar, lo mismo cabe decir de la institucionalidad de la provincia radical de Jujuy.
Se supone que una constitución es un conjunto de normas, derechos y garantías que expresa el consenso mínimo de una sociedad democrática, lo que implica, justamente, un acuerdo lo más amplio posible. Una constitución se negocia, no se impone a los tiros, y no puede ser el punto de llegada de un proceso político que arrancó con una ampliación de la Corte Suprema local –en la que se promovió una nueva mayoría adicta compuesta por un par de los diputados radicales que la votaron– y con un proceso polémico como el de Milagro Sala, alguien que seguramente debe rendir cuentas por muchos de sus actos, pero que está presa desde hace siete años y cuya situación ha estado lejos de adecuarse a un Estado de derecho.
Según se vio este martes, la policía no solo disparó a los ojos de manifestantes, arrestó de modo brutal y usó los gases lacrimógenos más como proyectiles que como elementos de disuasión, sino que actuó como una verdadera fuerza de tareas ilegal.
Las imágenes de TV mostraron a agentes de civil en medio de la protesta, y gente llevada en camionetas sin identificación, las que, según se averiguó luego, están registradas a nombre de empresas. Causaba espanto que periodistas –cuya valentía en medio de la violencia hay que ponderar– se vieran en la obligación de preguntar a las personas detenidas sus nombres completos. ¿Exageraban? No. ¿Cómo no temer por gente que es llevada en móviles no identificados a lugares desconocidos?
Para peor, videos subidos a las redes sociales mostraron, después de unas cuatro horas de represión incesante, cómo agentes de la fuerza provincial rompían a las patadas puertas de viviendas particulares e irrumpían sin que existiera orden de allanamiento ni delito en flagrancia. Nada de esto se mencionó en la conferencia de prensa de los referentes de Juntos por el Cambio.
¿Recuerdos del futuro?
Es llamativa la obsesión por el disciplinamiento de la protesta en Juntos por el Cambio, en particular de algunos de sus fichajes nuevos, como José Luis Espert, valorado por Larreta como un aporte a la lucha por la libertad y quien volvió a exigir “bala".
El futuro de la Argentina está hecho, se supone que después del 10 de diciembre, de megadevaluación –acaso dolarización–, ajuste fiscal, achicamiento de los ingresos, recorte o eliminación de subsidios y más pobreza. El conflicto social será inevitable y cabe preguntarse por las condiciones de la gobernabilidad en semejante contexto.
En paralelo, si esa gobernabilidad se asegurará mediante la aplicación de esfuerzos socialmente equitativos y consenso político, o a punta de palo y bala. No es quien escribe estas líneas quien lo dice; muchos y muchas protagonistas lo anticipan de modo explícito.
https://twitter.com/jlespert/status/1671203177473925120
En ese contexto, se sabe qué esperar de Espert, de Bullrich… ¿también de la paloma –¿o expaloma?– Rodríguez Larreta? Algo de esto podría verse este miércoles en la marcha prevista en la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta los episodios de este martes, Morales parecía número puesto como compañero de fórmula del jefe de Gobierno porteño. Este salió a apoyarlo, pero sería notable que lo confirmara en su fórmula, cosa que supondría un aviso insoslayable.
A propósito, la aparición de policías sin identificación, manifestaciones que “se pudren”, arrestos random, móviles sin identificación y hasta sin patente y efectivos de civil “haciendo cosas” también han sido moneda corriente en la Buenos Aires de Rodríguez Larreta, como se vio en el caso del joven Lucas González, el jugador de Barracas Central asesinado en noviembre de 2021.
Si la Unión por la Patria juega políticamente con estos episodios –mientras mayormente calla sobre los de Chaco–, también lo hace JxC, aunque en sentido opuesto. Morales eligió un contexto preelectoral, justo antes de la inscripción de las candidaturas, para imponer una reforma que debía saber que sería conflictiva. Acaso calculó mal y el conflicto resultó mayor que el que esperaba… o acaso no. Un poco de represión podía haberle lustrado la chapa, ¿pero también la de este martes? Por ahora, conviene estar atentos a los partes médicos de los heridos.
A fines de los 90, cuando el conflicto social empezó a escalar, la resistencia llegó, acaso no casualmente, en buena medida de Jujuy, con "El Perro" Santillán y las "marchas federales". No es casual que las crisis hagan eclosión, en primer lugar, en los eslabones más frágiles de la cadena económica y social de un país.
Los episodios de los últimos días, en Chaco y en Jujuy por empezar, están plagados de señales. Necesidad, pobreza, exclusión, conflicto social, institucionalidades endebles, abusos del poder, clientelismo…
Es urgente, más que nunca, cuidar la democracia.
