El escándalo por supuestas irregularidades en la contratación de pólizas de seguro para organismo estatales, una causa que tiene al expresidente Alberto Fernández como principal implicado por su relación con el broker Héctor Martínez Sosa, volvió a las portadas a partir de la revelación de chats que no suman nuevas pistas al caso, sino que ratifican el juego a tres bandas que habría operado en la colocación de intermediarios en un negocio millonario, pero amplían el zoom y exponen a otras piezas importantes del gobierno del Frente de Todos.
El vehículo para volver a colocar el tema, al que Clarín le dedicó hasta abril 21 tapas de su edición impresa, al tope de la agenda mediática fue la difusión de miles de conversaciones que forman parte del expediente, lo que hace suponer que la movida fue promovida por la Justicia federal, donde se tramita el expediente y en el que no hubo novedades, al menos públicas, durantes las últimas semanas.
Hasta ahora, las conversaciones difundidas se limitan a intercambios entre la secretaria del expresidente, María Cantero, y Martínez Sosa, su pareja, en la que decanta que ambos apelan a la estrecha relación con Fernández para concretar negocios en el sector asegurador. El rol de Fernández en el dispositivo fue central con la firma del decreto 823/21, que cartelizó la contratación de los ministerios y organismos del Estado nacional con Nación Seguros, sin limitar la función de los intermediarios.
Las conversaciones ratifican la línea de la investigación judicial: Cantero y su pareja trabajaban en tándem para expandir la cartera de negocios de los organismo nacionales hacia las provincias, buscando pactar la contratación de pólizas de seguros para los organismos públicos nacionales y colocar como productor asociado a Martínez Sosa para "administrar la cuenta". Por esa función, el broker cobró alrededor del 13% del monto de cada póliza. En Comodoro Py calculan que embolsó arriba de los 350 millones de pesos.
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Onda expansiva
Si bien las conversaciones ventiladas no aportan nuevas pruebas directas sobre el expresidente, aumentaron la preocupación de exfuncionarios nacionales del gobierno del Frente de Todos. En los chats queda en evidencia cómo Martínez Sosa recorrió todo el espinel de organismos y dependencias nacionales, alcanzados o no por el decreto presidencial, para asegurarse el acceso a la contratación de los seguros.
Fuentes judiciales mencionaron que antes de la asunción de Fernández como presidente, en 2019, Martínez Sosa manejaba apenas dos pólizas de organismos públicos, disímiles, en su rol de productor asegurador: el Fondo Nacional de las Artes y la Corte Suprema de Justicia. Una vez que se abrió la investigación, a partir de la denuncia del extitular de la ANSES Osvaldo Giordano, la justicia contabilizó el manejo de 19 organismos en la cuenta del amigo del ex presidente.
Corredores Viales, Fabricaciones Militares, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Universidad de Buenos Aires, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Central son algunos de los organismo incluidos en la investigación que tienen como común denominador que era controlados o respondían a funcionarios pertenecientes al espacio de Fernández.
Algunos de ellos (Gabriel Katopodis, Matías Kulfas, Jorge Taiana y Santiago Cafiero) son mencionados en los chats en los que se relatan reuniones con Martínez Sosa en las que el empresario buscaba ampliar la cartera de organismos. En algunos casos, la pareja comentaba los resultados de las reuniones y el compromiso de algunos exfuncionarios de contratar los servicios del broker.
Una trama incompleta
Más allá del rol de los intermediarios, que hoy se llevan toda la marca de la atención pública, el decreto que colocó a Nación Seguros como empresa monopólica para emitir pólizas de todos los organismo del Estado estableció específicamente la posibilidad de que la propia aseguradora del banco estatal contratara nuevos seguros con otras compañías del mercado para garantizar su solvencia.
Ese mecanismo habilitó al resto de las aseguradoras a entrar a un negocio millonario que se había estrechado por decisión presidencial y, por lo tanto, entraron también nuevos productores que intermediaban los coseguros contratados.
En la práctica, se centralizaba la operatoria en Nación Seguros, pero quedando en condiciones de tercerizar las primas y repartir el negocio para evitar la disputa entre operadores del mercado. En otras palabras, la caja se centralizaba pero, con los coseguros, se abría el negocio sin proceso de compras entre operadores privados.
Como negocio paralelo, cada coseguro traía consigo la posibilidad de contratar un nuevo productor asesor, convirtiendo al sistema en un virtual Esquema Ponzi en el que, en nombre del cuidado de los bienes públicos, se multiplicaba un negocio multimillonario que incluyó a las principales compañías de seguros.
