El enfoque punitivista no alcanza: se requiere inversión en prevención, justicia especializada y políticas integrales para frenar la violencia juvenil.
Sólo bajar la edad punible no va a resolver los problemas de fondo.
El gobierno nacional propone modificar la edad de imputabilidad, definida en el actual Régimen Penal de la Minoridad. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿cuál es el objetivo que busca al modificar esta ley? ¿Cuáles son los cambios que se requieren para lograr reducir la participación de los menores en el delito y los hechos violentos?
La norma en cuestión es un Decreto Ley de 1980, firmado por el dictador Jorge Rafael Videla, es decir, un decreto de hace 47 años. Es claro que hoy tenemos otra sociedad, otras familias y otra juventud.
Innegablemente la ley necesita una actualización; es una verdadera deuda pendiente de la democracia que acumula ya demasiados años sin saldarse. No se trata de discutir una edad, se trata de sancionar una ley que venga a dar soluciones al problema de la participación de los niños, niñas y adolescentes en delitos y las dinámicas de la violencia.
Sólo bajar la edad punible no va a resolver los problemas de fondo.
La mayor parte de los países latinoamericanos fija la edad mínima de imputabilidad en un rango que va de doce a 16 años. El umbral es de doce años en México, Ecuador y Brasil, 13 años en Uruguay y 14 años en Colombia, Chile y Perú. La edad mínima en Argentina es de 16 años, pero los países que acabo de mencionar multiplican varias veces nuestra tasa de homicidios: Ecuador (x14), Colombia (x7), Brasil (x5), Perú (x3), Uruguay (x3) y Chile (x1.5).
El solo hecho de “bajar” la edad de imputabilidad no va a evitar que los menores de 16 años maten o produzcan lesiones graves en el marco de la comisión de delitos. El gobierno nacional debería estudiar mejor el problema en lugar de vender expectativas falsas a una sociedad que ya está cansada del marketing político.
El Gobierno despliega una estrategia política que tiene por objeto fomentar el odio y alimentar la grieta que divide a los argentinos, entre “la gente de bien” y “los zurdos de mierda”, dice el Presidente. Colgando sobre cualquiera que intente explicar la complejidad de este asunto el mote de “estar a favor de los delincuentes”. El problema es que los bonaerenses ya no le creen.
Nuestra sociedad no tolera el delito, ni la violencia, ni la impunidad, ni la corrupción. Cada día nos interpela para que mejoremos los niveles de seguridad y para que llevemos tranquilidad a los barrios. En la provincia recogemos ese desafío y lo tenemos presente todos los días.
El año pasado alcanzamos la segunda tasa de homicidios más baja y la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo de la historia.
Nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad de aquellos que arrebatan la vida de un compatriota es inflexible. Tenga la edad que tenga. La tasa de esclarecimiento de los homicidios es del 96%. La policía encuentra a los homicidas y los lleva ante la Justicia. Si son mayores de 18 años, reciben la pena que se merecen. Si tienen entre 16 y 18 años, se les condena acorde al Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Y si tienen menos de 16 años, el Juez les aplica una medida de seguridad y los encierra en un instituto. Así terminamos con los asesinos sueltos.
La escuela pública bonaerense todos los días le ordena la vida a más de 5,2 millones de niños y niñas. La educación es el mecanismo más eficiente para la construcción del orden y la convivencia en una comunidad, junto con los clubes de barrio y diversos programas socio-comunitarios que ayudan a las familias en la construcción de proyectos de vida en el marco del apego a la ley.
En paralelo, nuestra Policía aprehende cada año alrededor de cuatro o cinco mil menores que son remitidos a las comisarías, bajo la jurisdicción de Jueces y Fiscales de Menores, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil provincial. En la mayoría de los casos son hechos relacionados con peleas, conflictos violentos, daños, contravenciones o delitos sin armas. Lamentablemente durante 2025 también aprehendimos 19 menores de 16 años, que fueron responsables de homicidios. Todos ellos fueron alcanzados por medidas de seguridad que implican el encierro en institutos de menores. Lo mismo ocurrió con cerca de 40 niños y niñas de 12 años, que fueron aprehendidos por hechos delictivos con armas de fuego.
En el ámbito internacional existe consenso respecto de que la intervención más eficaz consiste en aplicar sanciones efectivas en la primera transgresión a la ley penal, sea cual fuere la edad de los involucrados. El Estado conoce los nombres, el número de documento, domicilio y la trayectoria escolar de cada pibe, y tiene la obligación de intervenir con la intención de transformar esa incipiente trayectoria delictiva amateur en una vida ciudadana con proyectos y apego a la ley.
Cuando una niña, niño o adolescente es aprehendido, la Policía lo comunica inmediatamente a las autoridades judiciales y evalúa la situación de cada menor con una matriz de riesgo criminológico que pondera el acceso a armas, drogas y la presencia de abusos en el entorno familiar. Esta información se comunica también al servicio local de niñez del municipio correspondiente, quien evalúa la situación socio educativa y familiar del menor, y propone cursos de acción a las autoridades judiciales, por ejemplo: la necesidad o no de separarlo del núcleo familiar; su inclusión en programas socio comunitarios; o, si fuese necesario, privarlo de la libertad y desarrollar un tratamiento adecuado en un instituto de menores.
Al considerar la territorialidad de este tema en la escala municipal, su magnitud queda más clara: cada gobierno local necesita desarrollar un programa focalizado, con un mecanismo de seguimiento y control estatal de cada menor, para un rango que oscila entre 50 y 150 menores.
Municipios bonaerenses como Almirante Brown, Ensenada, Avellaneda, La Plata, Lomas de Zamora, San Martín, entre otros 25, han desarrollado iniciativas exitosas en el marco del Programa Provincial Entramados que promueven la prevención del delito y la violencia en el marco de una política integral de niñez focalizada en la prevención de la violencia y la promoción del ejercicio efectivo de los derechos.
Los menores que actualmente se encuentran en la franja de 16 y 17 años pueden ser imputados por la comisión de delitos y si resultan condenados en el juicio deben cumplir su pena en los institutos de menores.
En 2025 se produjeron 751 homicidios. Si analizamos las edades de las 1043 personas puestos a disposición de la Justicia por estos asesinatos encontramos: 19 menores de 16 años; 61 adolescentes de 16 y 17 años; y 963 mayores de 18 años.
Bajar la edad de imputabilidad va a hacer posible que los menores que cometan delitos graves sean juzgados por la justicia de menores y cumplan las penas correspondientes en los institutos de menores. Sin embargo, no va a prevenir que los menores que delinquen maten.
La ejecución de la pena de un menor no puede ser igual que la de un mayor. Ni podemos asimilar el trato de un menor de 13 a 15 años con uno de 17 años. La adolescencia es una etapa evolutiva signada por transformaciones graduales de los procesos cognitivos y emocionales que debe ser considerada.
No es posible encerrar a menores en establecimientos penitenciarios. Eso implicaría borrar por completo el concepto de infancia. En tal sentido preocupan las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación cuando menciona públicamente que será necesario construir nuevas cárceles para poder implementar esta ley. Nadie considera que sea una buena idea dejar en manos del personal penitenciario la ejecución de la pena de los niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente esto ocurre en el actual régimen en algunas provincias. Hay que desarrollar un estamento profesional especializado acorde a las particularidades de una política integral de desarrollo de la niñez y la adolescencia.
Para tramitar las nuevas causas que tengan por imputados a menores de 16 años, resulta necesaria la creación de nuevos tribunales con jueces, fiscales, defensores oficiales y equipos interdisciplinarios. ¿Cómo piensa el gobierno nacional aplicar la nueva ley en este contexto de total desfinanciamiento de la Justicia? ¿Cómo piensa el gobierno implementar estos cambios en el contexto de la asfixia financiera a la que está sometiendo a todas las provincias?
La provincia de Buenos Aires sancionó en 2007 su propio régimen. En ese marco, el presupuesto provincial sostiene el funcionamiento operativo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Fuero de Familia, donde trabajan cotidianamente cientos de profesionales especializados en los temas de minoridad.
El gobierno nacional debe impulsar leyes provinciales similares a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que determina el éxito de una política para reducir la participación de menores en delitos graves no es la edad de imputabilidad sino la fortaleza de políticas integrales de prevención diseñadas a tal efecto. Lamentablemente, no hay un solo peso del presupuesto nacional invertido en este sistema.
En cualquier nación del mundo civilizado el Presidente, cuando tiene la intención genuina de resolver un problema, en lugar de fomentar debates para la grieta, lo que hace es convocar a las autoridades provinciales y sentarse a trabajar en serio con sus equipos de gestión. Pero resulta difícil creer que esto vaya a ocurrir, ya que el presidente, desde que asumió, rechaza reunirse con el gobernador de la provincia en la que vive el 40% de la población del país.
Toda la discusión que propone el gobierno nacional está hecha de eslóganes que después no se sostienen. “Delito de adulto, pena de adulto”, pero el proyecto de ley que enviaron al Congreso dice otra cosa. “Hay que construir más institutos de menores”, pero eliminan el presupuesto asignado a la provincia para ampliar la infraestructura. “El que las hace, las paga”, pero le roban a la provincia de Buenos Aires $750 mil millones que le corresponden por ley para fortalecer a la Policía y los Centros de Monitoreo Municipales.
El gobierno nacional está desmantelando las Fuerzas de Seguridad, condenando al personal a arreglarse como pueda. Sin entrenamiento, sin logística no hay capacidad operativa.
Nadie duda que el principal problema asociado a la participación de niños y niñas en delitos es la droga, que envenena la salud física y mental de nuestra infancia y golpea a nuestros barrios con violencia lesiva. Droga que ingresa por la frontera norte del país, a 2.000 km del conurbano, atravesando límites provinciales y controles en rutas. Es hora de que el gobierno nacional implemente una estrategia seria frente al narcotráfico.
Presidente, con trabajo y mucho sacrificio, el modelo de la provincia de Buenos Aires está dando sus frutos: la tasa más baja de homicidios; el profesionalismo y el equipamiento de la policía; el arresto de los líderes de las organizaciones criminales dedicadas al robo automotor, las entraderas y el narcomenudeo; la mayor cantidad de delincuentes presos de la historia; la mejora de la infraestructura carcelaria.
Estos logros demuestran que estamos en el camino correcto, que avanzamos respecto de las demandas de la sociedad.
La respuesta al problema de la delincuencia juvenil es clara. Lo que usted debe hacer es devolver los recursos que le arrebató a los bonaerenses para que sean invertidos en la seguridad que el pueblo demanda.