El nuevo proyecto apunta a la inclusión de los trabajadores en negro y pretende favorecer a las pequeñas empresas. Las reformas impositiva y previsional.
Como un elefante en una habitación que nadie se anima a mirar, la reforma laboral es uno de esos temas que se hablan en ámbitos familiares, laborales, políticos y profesionales. No importa cuánto conozcamos los detalles del nuevo proyecto, se trata de uno de los tópicos más elegidos para el debate cultural que suma cada vez más adhesiones pero que sigue cosechando, aún, opiniones adversas de la oposición y de buena parte del lobby laboralista.
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Del otro lado de la grieta insisten en la pérdida de derechos adquiridos y en el enfoque pro-empresa, más que pro-empleado que la nueva ley nos trae. A esta altura podríamos preguntarnos legítimamente: ¿cuáles son los derechos adquiridos de los diez millones de trabajadores informales que registra el mercado argentino? La respuesta en sencilla: ninguno.
La ley actual que pretende reformarse constituye mucho más un cepo laboral para el que logró entrar y permanecer antes que un marco legal que atrae, promueve e incentive la inclusión de más de la mitad de los trabajadores en negro que tenemos en este bendito país.
Una reforma laboral necesaria
Quienes se esmeran en repetir que lo único que funciona para que se generen nuevos puestos de trabajo es el crecimiento económico -una verdad de perogrullo-, parecen desconocer la realidad de casi diez millones de compatriotas que ya tienen uno pero sin ningún derecho elemental como una jubilación para la vejez o una obra social para casos de enfermedad. Como toda esa gente no aporta hoy al régimen de seguridad social, por un lado se genera una contingencia futura para el Estado que probablemente deba darle al menos una pensión básica en la vejez; pero además, por otro lado, desfinancia hoy a los jubilados presentes que podrían tener un haber mejor si se duplicaran las personas que aportaran al sistema (pensemos que los asalariados en el sector privado apenas superan los seis millones de personas en la actualidad, cifra que no se ha movido en los últimos veinte años (casi la misma cifra que de jubilados, mientras cualquier sistema sustentable requiere por lo menos dos por cada uno).
El 80% de esos trabajadores en negro está asociado a PYMEs que no pueden tomar los riesgos de litigiosidad que sí pueden asumir las grandes ni pagar un costo impositivo de ese trabajador del 50% porque se funde y hasta el propio empleado le pide que ese dinero se lo den cash. Nadie mejor que un laburante sabe lo que cuesta ganarse la diaria y lo altamente factible que es que el Estado te manotee tus ahorros y termines recibiendo menos que una dádiva.
Reducir la discrecionalidad en el monto indemnizatorio acota muchísimo la contingencia y eso es un gran aporte de la nueva ley. Y permitir que los acuerdos de las empresas prevalezcan por sobre los convenios nacionales es clave para una pequeña empresa. No tiene ninguna lógica que un vendedor de Zara gane lo mismo que uno de la calle Avellaneda. Sus empleadores no tienen la misma espalda, ni la misma escala ni la misma rentabilidad.
Otras reformas que propone el Gobierno
La pregunta honesta es: ¿queremos seguir teniendo un sistema inflexible cuyo régimen proteja al que está adentro pero que resulte impermeable para que ingresen los que quedaron afuera?
Mientras no hablemos del elefante en la habitación seguiremos con regímenes que no protegen el empleo sino que protegen los despidos. Ojalá que cuando la reforma laboral sea ley, avancemos sin prisa pero sin pausa con la reforma impositiva y la previsional. Es esa la única forma de cambiar definitivamente la matriz de competitividad argentina que nos permitirá integrarnos plenamente al mundo y sus enormes oportunidades.
