El hombre de la motosierra asumió la Presidencia de la Nación tras haber prometido la reducción del Estado, el achicamiento del gasto fiscal y el control de la inflación. A diez meses de gestión, el gobierno de Javier Milei se jacta de haber reducido en un 30% el presupuesto nacional y de controlar la inflación (con una economía estancada).
Mientras, el poder adquisitivo de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores continúa por debajo de los niveles de 2023 (en el sector público los salarios perdieron 70,1 puntos porcentuales en términos reales y 52,6 puntos porcentuales en el sector privado).
En su "guerra contra la casta" Milei incluye, sin matices, a políticos, sindicalistas, estudiantes, jubilados, docentes universitarios, entre otros sectores a los que las políticas de estos meses han afectado profundamente. Sólo algunos gremios, entre ellos el sindicato de trabajadoras y trabajadores bancarios ha podido sostener salarios. No obstante, cotidianamente desde este gremio luchamos por sostener la continuidad de los puestos de trabajo ante las constantes amenazas de privatización de la banca pública y los despidos en bancos privados.
Los recortes en el gobierno de Javier Milei
Durante estos meses hemos denunciado el recorte de políticas y áreas clave de la administración pública como educación, salud y asistencia social advirtiendo sobre los efectos que esto genera en términos de las desigualdades sociales. En lo que va de este gobierno la precarización laboral se ha intensificado, con un aumento en la cantidad de contratos temporales y la disminución de derechos laborales y beneficios sociales. A esto se suma la eliminación de subsidios al transporte, el aumento de tarifas de servicios públicos y la liberalización de precios minoristas. Cada semana que pasa el costo de vida se incrementa y la pérdida de derechos se acentúa. A excepción de algunos pocos empresarios beneficiados por exenciones impositivas (algunos con domicilio en el país vecino) no hay hogar en la Argentina que viva mejor que antes.
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En este escenario es necesario alertar particularmente sobre el recorte presupuestario y el desmantelamiento de políticas de género. Hace pocos días se dio a conocer el presupuesto 2025 para programas y áreas de género: 0%. Según un informe de ACIJ la planificación financiera para el próximo año elimina partidas presupuestarias destinadas a la prevención y asistencia frente a la violencia de género, como el Programa Acompañar y la Línea 144. Tampoco habrá recursos asignados a fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI) y se recorta el presupuesto para el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).
Se reducen significativamente las partidas para infraestructura edilicias imprescindibles para el cuidado, como jardines infantiles, espacios sociales de cuidado e infraestructura para sanidad. Y se suman a este ajuste los anuncios recientes de eliminación de la moratoria previsional (a partir de marzo 2025) y la eliminación del ajuste automático de la Asignación Universal para la protección social (AUH y AUE).
Como contracara de la reducción de partidas destinadas a la reducción de las desigualdades de género, el Presupuesto 2025 sostiene privilegios fiscales inequitativos (exención de ganancias a magistrados y exenciones tributarias al sector minero y grandes empresas del conocimiento). Esta distribución no sólo da cuenta de cuáles son las prioridades del gobierno, sino que revela un claro sesgo patriarcal.
Violencia de género: tres puntos clave
Ante cuestionamiento acerca de la utilidad de las políticas de género (para qué sirve, para qué son necesarias) respondemos con tres puntos clave. En primer lugar, porque en Argentina la pobreza está feminizada (más del 60% de las personas en situación de pobreza son mujeres). Esto no quiere decir que todas las mujeres sean pobres (y que los varones no lo sean o sean ricos), sino que lo que indica es que hay una mayor presencia de mujeres en la pobreza y que ante la profundización de la crisis somos las mujeres y diversidades sexuales las que quedamos mayormente expuestas a la precarización de nuestras vidas.
En segundo lugar, porque entre las mujeres desocupadas, las situaciones de violencia se observan en un 73,6% y entre las personas que son asistidas por situaciones de violencia siete de cada diez están a cargo de niñas/os menores de 14 años. La falta de políticas que reviertan las desigualdades socioeconómicas refuerza los obstáculos que las mujeres y personas LGBTIQ+ encuentran al momento de salir del vínculo violento y agravan las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran.
Los datos sobre crímenes de género continúan siendo alarmantes: entre enero y octubre de 2024 se registraron 207 feminicidios y 265 intentos de femicidio, tanto directos como vinculados. Esto equivale a un femicidio cada 35 horas. En el 47% de los casos, el agresor fue la pareja de la víctima, en el 15% la expareja y en el 6% un familiar. El 35,7% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima, y 26,1% en la vivienda compartida con el agresor, lo que indica que más del 60% de los femicidios tienen lugar en el hogar (Datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven).
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En tercer lugar, las políticas de género son fundamentales para construir una sociedad con igualdad y libertad. Los logros alcanzados en materia de políticas de prevención de la violencia por motivo de género y la política con perspectiva de género y derechos humanos demuestran haber fortalecido nuestra democracia a pesar de que hoy quieran señalar al movimiento de mujeres y a los feminismos como una "agenda de moda" abocada a "luchas secundarias" o menos urgentes que el hambre y la pobreza.
Sabemos que esto no es así, que las luchas contra la desigualdad y la opresión son parte de la agenda urgente. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres (25N) y mujeres y diversidades volveremos a inundar las calles para alzar la voz contra la violencia de este modelo económico. A la crueldad respondemos unidas.