(CÓRDOBA Corresponsalía) El radicalismo cordobés sumó otro posible nombre a la nómina (aún no oficializada) de postulantes a la intendencia de la Capital por la alianza Juntos por el Cambio. Se trata de Mario Decara, quien solicitó formalmente licencia en su cargo de defensor del Pueblo de la provincia para lanzarse a la campaña electoral pero, tras la negativa del bloque opositor, decidió retirar el pedido.
Con el pedido ingresado al pleno legislativo, la intención de Decara era que el propio bloque radical, donde se sientan algunos de sus viejos amigos, pidiera el tratamiento sobre tablas del tema. Sin embargo, el bloque se negó. "Una cosa es que pida una licencia por razones personales y otra, que lo haga para hacer política. La ley es muy clara al respecto: si quiere ser candidato, que renuncie", aseguró un integrante del bloque de Juntos-UCR a Letra P. El pedido fue retirado en la mañana del jueves.
Más allá del ida y vuelta legislativo, que podría destrabarse a partir de un acuerdo de Decara con su propio espacio, el defensor ya sumó su nombre a un listado que incluye a dos correligionarios, el legislador Juan Negri y Diego Mestre, titular del Comité Capital, y dos cuadros del PRO, la diputada nacional Soher el Sukaría y Sebastián García Díaz, armador de Patricia Bullrich en Córdoba.
Si las intenciones del hombre que ocupa la Defensoría desde 2008 avanza tal cual como lo imagina, otro dirigente que albergaba la misma ilusión de convertirse en alcalde lo acompañará en la lista. Es el exdiputado nacional Javier Pretto, actual presidente del PRO Córdoba.
Las intenciones del ómbudsman circulaban con insistencia, aún en tono de versiones, por meandros desde hace meses. En las últimas semanas, la exposición de su rostro se había incrementado notoriamente por la instalación de gigantografías con su nombre en calles de la ciudad. Hasta entonces, podía vérselo en las lunetas de distintos servicios del transporte interurbano de pasajeros.
La aparición de esos carteles motivó críticas, especialmente dentro de Juntos por el Cambio. Por un lado, le reprocharon la falta de consulta para ventilar la decisión, en un momento en que la definición de candidaturas volvía a empantanarse. Por otro lado, le recordaron que, por ley, el defensor del Pueblo no puede participar de “actividades políticas”. Por tal razón, ya había sido denunciado por el bloque de Encuentro Vecinal en la Legislatura. Las presentaciones, bajo acusación de “mal desempeño de funciones”, apuntaban a su participación activa en organismos de la UCR, como el Foro de Intendentes.
Aquella figura replica, aún hoy, muchos cuestionamientos de ciudadanos cordobeses que sienten que el ómbudsman “no defiende sus intereses”. En particular ante los incrementos de tarifas de servicios públicos y la mala calidad en su prestación. En esa sintonía, convergen con las acusaciones de “funcionalidad al cordobesismo” que tantas veces han provenido de los partidos opositores al gobierno provincial.
Una de sus más controvertidas intervenciones pareció sintonizar, precisamente, con las demandas de las autoridades. En abril del pasado año lanzó una campaña contra las marchas realizadas por organizaciones sociales. Se tituló “Basta de protestas con cortes de calle. Todos tenemos derecho a circular”. La imagen de los carteles aún encabeza el perfil de Facebookde la Defensoría.
Exintendente de Huerta Grande por el radicalismo entre 1983 y 1991, exlegislador provincial (también por la UCR) por el departamento Punilla entre 1991 y 1999, Decara se convirtió en defensor del Pueblo en 2008, durante la primera gobernación de Juan Schiaretti.
Allí llegó tras un acuerdo de la UCR (su postulante) con referentes del peronismo, entre ellos, Carlos Caserio, entonces ministro de Gobierno y hombre fuerte del peronismo en el Valle de Punilla, hoy distanciado del líder cordobesista. Quince años después, Decara mantiene un buen vínculo con dirigentes del interior, especialmente en la región noroeste de la provincia, tanto del radicalismo como de Hacemos por Córdoba.
Cuidadoso, manteniendo una posición equilibrada, aun si eso requiere un perfil bajo a veces contrario a demandas de la sociedad, Decara ha sido reelegido dos veces en la Defensoría gracias a acuerdos políticos refrendados en el Parlamento provincial. Desde su creación, a fines de 1988, el cargo ha sido ocupado por dirigentes de la UCR, ya siendo gobierno, ya en la oposición.
Pese a los cuestionamientos, los vínculos del dirigente de Huerta Grande con el radicalismo nunca se rompieron. Por el contrario, de su autoría es el proyecto con el que algunos intendentes intentaron modificar la carta orgánica de sus municipios para saltear la imposibilidad de rerreelección. Aunque la intención fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia, sirvió para reforzar lazos cruzados.
oSólo semanas después, algunos de esos mandatarios, con base territorial en los departamentos del oeste y el norte provinciales, se reunieron con Luis Juez, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio. El artífice de la reunión, convenientemente registrada, fue el propio Decara.
Hoy, mientras sus propios correligionarios y correligionarias intentan decidir la suerte de su intentona, el ómbudsman confía en la fortaleza de la red tejida tras 15 años de gestiones que superan largamente las mediaciones que requiere su tarea.