La crisis de la sequía comenzó a mostrar un frente de batalla que estaba agazapado, justo en la entrada del año electoral y con el peronismo de la vereda de enfrente. Con ansias de rememorar los tiempos de la cruzada antikirchnerista por la Resolución 125, que en el 2009 mostró a una oposición envalentonada en las urnas, el frente gaucho puso en la mesa de debate una batería de reclamos y de alertas que minaron de tensión el camino al 1° de febrero, fecha que Sergio Massa puso para llevarle alivio a los chacareros afectados por la caída de la productividad agropecuaria. A la esperada baja de liquidaciones de divisas, que golpeará a las reservas del Banco Central, se suma los pedidos de recortes impositivos, con pico en la reducción de las retenciones; pero el mayor temor del ministro de Economía será el efecto inflacionario que podría generar la seca veraniega.
El jefe del Palacio de Hacienda le pidió a su secretario de Comercio, Matías Tombolini, que apure el cierre de los acuerdos de Precios Justos para mostrar el sendero decreciente en el índice de precios minoristas (IPC), porque vio en su horizonte un nuevo frente de conflicto con los alimentos, los productos que más le preocupan en las góndolas. Primero se puso en pie de guerra con el abastecimiento, ante los faltantes que estaban haciendo diluir el efecto del plan antiinflacionario, y puso en la cancha a los camioneros para mostrar su poder de fuego en el control. Ahora, el temor está en el impacto que la sequía generará en los costos de las empresas: quiere saber si las advertencias son totalmente reales o si será la "ventana de oportunidad" que tendrá el sector privado para remarcar, como sucedió con la crisis generada por el incremento de los insumos derivados de la guerra.
Según fuentes del equipo económico existe "cierta desconfianza" sobre la certeza de la suba de los costos empresarios. "Con la excusa de la guerra, que había generado aumentos reales, muchas empresas quisieron remarcar por encima de los costos. Algo parecido sucedió con el stock de importaciones. Es importante que haya mesura, porque la inflación complica a todos y es importante ponerle un freno", sostuvo un funcionario massista, consultado por Letra P. En el campo y la industria ya advirtieron que "la sequía planteará un nuevo escenario de precios", y los analistas económicos también comenzaron a incluir en los informes a sus clientes el efecto campo en los negocios por venir. Si se dispara la inflación, el sueño presidencialista no confesado de Massa comenzará a hacer agua.
Del lado del campo, la Sociedad Rural Argentina (SRA), el ala dura de la Mesa de Enlace, armó su propio menú para las soluciones que necesitan los chacareros para atravesar la seca. Lo consensuó en una cumbre que sus directivos mantuvieron horas antes de la conferencia de prensa que dieron los cuatro presidentes de las entidades del agro, y logró colar ese informe en la reunión conjunta del viernes que se realizó en la sede del INTA de Castelar. El reclamo apuntó al corazón de la política impositiva del kirchnerismo: las retenciones. Y, como si fuera poco, puso como contraste el gasto que el Estado realizó con las dos ediciones del dólar-soja que Massa puso en marcha para ensanchar las arcas del BCRA y poder cumplir en el 2022 con las exigencias del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Bajo el título de "Propuesta: para reducir las retenciones", la SRA sostuvo: "Estimamos que para 2023 los DEX representarían unos 8.500 millones de dólares con alícuotas que van del 4,5 al 33%. El dólar soja 1 y 2 tuvo un costo fiscal de 4.437 MM de dólares. Con el mismo criterio que el gobierno impulsó el dólar soja 1 y 2, y en el marco de la sequía consideramos que es posible reducir en forma proporcional los DEX en un 52% en promedio a todas las posiciones del sector agroindustrial para la presente campaña". El presidente de la SRA, Nicolás Pino, contó: "Le dejamos al ministro un estudio económico por el cual se podrían reducir este año más de la mitad de las retenciones con el mismo costo fiscal que tuvo el dólar soja".
En el encuentro entre Massa y la mesa de enlace también estuvieron el titular de la AFIP, Carlos Castagneto y los secretarios de Agricultura, Juan José Bahillo y de Producción, José de Mendiguren. Quedó claro que habrá medidas impositivas y que la mirada apuntará a sostener al campo y a toda su cadena productiva. Pero esa composición, además, mostró uniformidad en las decisiones a tomar de parte de los actores del gobierno, en especial el kirchnerismo, que suele ser el contrapunto más tenso con el campo. La presencia del jefe de los sabuesos, de relación continua con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue muestra de ese entendimiento interno. Como sucedió con el anuncio de la recompra de bonos de la deuda argentina, el jefe del Palacio de Hacienda se mueve seguro en el frente interno.
Más a la derecha que la propia conducción de la Sociedad Rural están los halcones bonaerenses del campo. Un grupo de ocho entidades territoriales le reclamaron a la cúpula agraria un plan de guerra para plantarse ante Massa. "Desde las rurales del norte de Buenos Aires y ante la planificación de una visita a San Pedro del ministro de Economía, Sergio Massa, para protagonizar un nuevo paso grotesco junto a la Mesa de Enlace, repudiamos la reiteración de este tipo de actos circenses que ya no son tolerados por nuestra sociedad", dispararon desde las filiales de San Pedro, Pergamino, Rojas y Colón de la SRA, que fueron acompañadas por las asociaciones regional de Productores de Areco, de Capitán Sarmiento, de Salto y de Arrecifes.
El estado bélico, que reclamaba "tomar decisiones" para que el estado "se haga cargo de las responsabilidades", fue uno de los argumentos para trasladar el cónclave entre la Mesa de Enlace y Massa al conurbano bonaerense, sin flashes ni prensa. Hasta el momento, el jefe del quinto piso del Palacio de Hacienda logró una paz transitoria, pero que podría romperse en diez días.