Luego del cruce de acusaciones entre supermercadistas y empresas industriales, del que la Casa Rosada tomó nota cuando recibió explicaciones por la ausencia de los productos de consumo masivo, ahora la mirada está puesta sobre los comercios mayoristas como responsables de la crisis de abastecimiento. Este eslabón de la cadena es clave para llenar las góndolas minoristas con el programa Precios Justos, una herramienta que le permitió al ministro de Economía, Sergio Massa, pisar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos meses de 2022.
Fuentes del sector privado admitieron a Letra P que existe una tensión creciente en los centros de distribución de los grandes supermercados entre las empresas y los camioneros comandados por Hugo Moyano y Pablo Moyano, porque el plan gubernamental -según alguno de los actores involucrados- "comenzó a dar resultados". En el Gobierno evitaron confirmar la versión.
En el equipo económico de Massa desconfían de todos. De los supermercadistas y de los mayoristas que stockean para poner esos productos a la venta cuando haya remarcaciones permitidas por las autoridades gubernamentales. También del sector industrial que desvía producción hacia los canales de cercanía para esquivar el plan antiinflacionario. Antes de subirlos al ring, sin embargo, quienes integran el equipo económico preparan un informe completo. Fuentes cercanas al titular del Palacio de Hacienda advirtieron que se prevé incluir multas para las empresas identificadas; además de mostrar poder de fuego en los controles y las alianzas en la lucha por domar las remarcaciones.
Massa quiere seguir las formas del éxito que implementó para frenar la lluvia de importaciones que se realizaba vía amparos judiciales. Por ese motivo, la tarea del secretario de Comercio, Matías Tombolini, es identificar a los actores que generaron la crisis de abastecimiento ahora, justo antes de la reapertura de las negociaciones para la extensión de Precios Justos; pero también como anticipo de la presión inflacionaria con que la sequía promete golpear en los productos de las góndolas.
Un informe de Ecolatina pronostica que en enero la inflación rondará el 5,5%, por encima de las expectativas gubernamentales. Los sectores que presionarán al alza serán los aumentos en colectivos y trenes (+40%), servicio doméstico (+7%), prepagas (+6,9%), combustibles (+4%) y telefonía y cable (+4%). "Además, se aplicará una nueva etapa de la quita gradual de subsidios en gas, electricidad y agua, tal como estaba dispuesta", señaló la consultora. Si bien en el primer mes no está en peligro el consumo masivo, alertó, "hacia adelante, sobre el piso elevado que dejó el cuarto trimestre de 2022 (5,5% mensual) se sumará el posible impacto de la sequía sobre los precios de alimentos".
El ministro de Economía quiere, entonces, llegar a un escenario evitable de crisis productiva primaria con el panorama despejado, por lo que pretende cerrar un nuevo Precios Justos que resulte aplicable. "Si no hay productos en las góndolas, no tiene sentido el programa", admitió a Letra P uno de los integrantes del equipo económico que escucha Massa. Por eso, el titular del Palacio de Hacienda busca tener volumen político para la discusión de los precios y tendrá reuniones con intendentes para sumarlos al ejército de controladores. "Hay que ser y parecer", planteó una fuente consultada.
De este modo, Massa sostendrá, a pesar de las críticas, los acuerdos con los sindicatos para intercambiar información de lo que no se ve en las góndolas. Para ese frente, además del personal de la Secretaría de Comercio, contará con los municipios e incluso otros veedores, como las 44 asociaciones de defensa del consumidor que están dentro del plan antiinflacionario y que reúnen denuncias de parte de la población. La herramienta que cuenta el Gobierno de manera exclusiva es la aplicación del plan y la obtención de números que Massa podría tener a mano en las negociaciones.
