Pese a que la oposición ya anunció que no debatirá ningún proyecto en el Congreso hasta tanto el Gobierno no retire el juicio político contra la Corte Suprema, el decreto de llamado a sesiones extraordinarias contiene un extenso temario que incluye 27 proyectos, con los que el Ejecutivo busca dejar expuesta la voluntad de Juntos por el Cambio de trabar el funcionamiento del Poder Legislativo durante los próximos meses.
El listado que envió este jueves el presidente Alberto Fernández al Congreso incluye el pedido de juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la solicitud de nombramiento del procurador general, el blanqueo de capitales, las leyes de desarrollo agroindustrial y de hidrógeno, la propuesta de modificación del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) que promueve Sergio Massa e iniciativas que son de interés de las provincias. Fernández no solo no dio marcha atrás con el pedido de juicio político sino que redobló la apuesta al incluir en el temario el proyecto de ampliación de la Corte a 25 miembros, que presentó el año pasado el bloque del Frente de Todos en el Senado con impulso de la Liga de las provincias del oficialismo.
La convocatoria también contempla otros proyectos que, en tiempos normales de diálogo institucional, no generarían mayor controversia, como el proyecto de ley sobre contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo o hija en gestación o recién nacido, la creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar, en Chaco, y del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, en Río Negro, la ley de alcohol cero y, por último, la solicitud del permiso constitucional para que el Presidente pueda salir del país en 2023, algo que el Congreso aprueba regularmente todos los años sin inconvenientes, cualquiera sea el color político de quien esté a cargo del Ejecutivo.
El listado de proyectos habla por sí mismo: la Casa Rosada busca presionar a la oposición para que habilite el tratamiento de alguno de los proyectos y ceda en pretensión de bloquear el funcionamiento del Congreso mientras se debate el juicio político contra la Corte. En el Gobierno argumentan que la oposición ya presentó 17 pedidos de juicio político contra Fernández en lo que va de su mandato.
“Esperamos que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo, sin duda, durante este tiempo, pero siempre hay tiempo para recapacitar y presentarse", dijo este jueves en Balcarce 50 la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, encargada de anunciar el temario. De acuerdo con el decreto 17/20203, el período de sesiones extraordinarias quedará fijado entre el 23 de enero y el 28 de febrero.
El oficialismo buscará en ese tiempo forzar las negociaciones con la oposición y, en particular, con las provincias que tienen intereses en los proyectos enviados, como lo relacionado con la promoción de nuevas energías y el desarrollo agroindustrial. Además, la Casa Rosada ratificó la voluntad del Presidente de nombrar al juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. Fernández anunció el envío del pliego del magistrado a principios de su mandato, en 2020, pero nunca consiguió que el Senado lo tratara. La resistencia provino de la propia bancada del Frente de Todos y del sector que lidera Cristina Fernández de Kirchner.
En el plenario "Luche y Vuelve" en Avellaneda, con el que el cristinismo alimentó el clamor, Kicillof y el hijo de la vice criticaron a la Casa Rosada.
El documento es parte del debate del plenario en Avellaneda. El texto pide frenar la proscripción, con solapada crítica al Presidente.