Desde que Guillermo Montenegro tomó la decisión intempestiva de cortar el contrato con la CEAMSE a mediados del año pasado, un manto de sospechas comenzó a cubrir cada vez con mayor extensión el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Mar del Plata. Ante una emergencia que el propio municipio generó, el intendente PRO otorgó la operación del Polo Ambiental a tres empresas recolectoras de residuos, pero sin experiencia en el tratamiento de los mismos. Eso queda en evidencia para diversas voces ambientalistas que elevan en redes y en las calles de la ciudad balnearia su malestar por un predio que asoma al borde del colapso y exhibe un inquietante estado de desidia.
Pero, ¿quiénes están a cargo actualmente y podrían ser ratificados al mando del predio de residuos de avanzar el pliego licitatorio que Montenegro envió al Concejo y que ya cuenta con denuncias de posible direccionamiento? Desde julio de 2021 a la fecha, el Municipio contrató de forma directa a Ciageser S.A. para que se haga cargo de la planta social, a Ashira S.A. para la operación del relleno sanitario y a Esur S.A. para la planta de lixiviados.
Ashira es una empresa recolectora que opera en los distritos bonaerenses de Junín, Balcarce y San Pedro, además de los chubutenses Puerto Madryn y Trelew. Su negocio más suculento lo emplaza en la Ciudad de Buenos Aires en U.T.E. con Martín & Martín S.A., con la que, desde 2014, están a cargo de la recolección y barrido de la Zona 6 de la Ciudad. En 2020, supo afrontar un conflicto salarial en Junín que impactó en la recolección.
Esur, en tanto, hace 20 años maneja la recolección de residuos en La Plata. Una de las firmas que constituye esa sociedad es Transporte 9 de Julio, que ya operaba en la capital bonaerense desde principio de la década del 80, en pleno dictadura, por lo que ya son 40 años de monopolio en el manejo del negocio de la basura platense. Según detalló el portal 0221, en 2022 casi un cuarto del total del presupuesto municipal ($6.427 millones, un 24%) se destina al pago de ese servicio.
Pero Transporte 9 de Julio vuelve a salir a flote al hablar de la tercera empresa que Montenegro puso al timón del predio de residuos: Ciageser S.A. Se trata de una firma que viene siendo adjudicataria de numerosas licitaciones en Mar del Plata: desde la ampliación de un Centro de Atención Primaria de la Salud hasta el alquiler de equipos viales, pasando por la puesta en valor del monumento a los caídos en Malvinas.
Ciageser inició su camino marplatense a cargo de la recolección de residuos voluminosos, a partir de lo cual el nombre de la empresa proliferaba en containers plásticos. Y aceleró su andar en tiempos de Cambiemos en poder en esta ciudad. Un dato de color (opaco) fue el episodio que protagonizó en 2020, en plena cuarentena, Hernán Mourelle, exsecretario de Economía y otrora hombre fuerte de la gestión de Carlos Arroyo, a quien –atajado por un control para hacer cumplir el aislamiento por la pandemia- se le fue impedido su acceso a Mar del Plata.
Según informó oportunamente el diario La Capital, Mourelle manejaba un Ford Mondeo cuyo titular era Ciageser. Además de la cédula azul de Mourelle, la restante autorizada estaba a nombre de Nelson Fabián Iturrieta, presidente de Ciageser. El hermano de Iturrieta –siempre según lo detallado por La Capital- es Miguel César Iturrieta, apoderado de Transporte 9 de Julio que, el 13 de enero de 2016, firmó el contrato con Arroyo para la recolección de residuos e higiene urbana en el distrito hasta 2024.
A la vez, quienes mencionan a Transporte 9 de Julio suelen hacer una reminiscencia al líder de Camioneros, Hugo Moyano. En efecto, hay quienes recuerdan que, en enero de 2016, ante la posibilidad de que la ciudad se quedase sin recolección de residuos todo un fin de semana por falta de pago a 9 de Julio, el recientemente asumido Arroyo –según dio cuenta el portal 0223- se comunicó con Moyano para que intervenga y destrabe el conflicto.
El peso de Camioneros en la recolección de residuos se advierte con claridad en varios distritos. Recientemente, en Pinamar, un convenio con otro intendente PRO, Martín Yeza, fue objetado por el FdT. Dirigentes de ese espacio denunciaron en conferencia de prensa “aprietes” para que se apruebe el pliego. Allí, el FdT apuntó directamente a Camioneros. La posible irradiación de esa injerencia a las costas marplatenses hace dudar a algunas voces de la arena política sobre el accionar que el bloque de Todos tendrá en el recinto deliberativo marplatense a la hora de tratarse el pliego que empuja Montenegro y que le abre el camino a las empresas recolectoras que hoy manejan el predio.
El manejo del Polo Ambiental, según cálculos de especialistas, representaría -de efectuarse el contrato que impulsa la comuna- un desembolso promedio de $83 millones por mes para las arcas municipales. Mientras, la “contratación directa de emergencia” que el intendente PRO firmó a mediados del año pasado con las tres empresas mencionadas, representó $286 millones por ocho meses.
Asimismo, según detalló el portal El Marplatense, el municipio actualizó el precio que, por el servicio de higiene urbana, percibe Transportes 9 de Julio y que ubica su valor mensual en una cifra sideral: $ 444.717.301 que, anualizados, representan el contrato más oneroso de la órbita municipal: $5.336.607.618.
Todo el entramado que gira en torno a la recolección y tratamiento de los residuos marplatenses ponen también la lupa sobre el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) que preside Sebastián D’Andrea, quien, curiosamente, es el único los más de 250 funcionarios jerárquicos que no tiene publicada su declaración jurada de bienes en la página web del municipio de General Pueyrredón.
