Luego de conducir la Cámara de Diputados durante 996 días, Sergio Massa fue muy austero para hacerle pedidos al Congreso apenas se calzó el traje de ministro de Economía. En el recinto que condujo tuvo que navegar sobre una paridad muy estrecha que podría frenarle cualquier proyecto que decida enviar ahora desde el Ejecutivo. En el Senado, la tirantez es parecida, pero el oficialismo todavía puede construir una mayoría. Este miércoles, al protagonizar su primera presentación pública, les pidió a las dos Cámaras que aceleren el tratamiento de cuatro leyes, con la cautela de quien no quiere patear un avispero que le complique los planes hasta diciembre.
En el tramo que le dedicó al Congreso, le pidió "el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la Construcción, a la Bionanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz". El cuarteto de proyectos están en pleno trámite: sin decirlo, le pidió más celeridad al Senado, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, que al recinto que la renovadora Cecilia Moreau preside desde este martes. La primera titular del cuerpo en 158 años de historia tiene previsto reunirse la semana próxima con los jefes parlamentarios para explorar una agenda parlamentaria. Hasta ahora, lo único concreto es el trabajo en comisiones y la visita del jefe de Gabinete Juan Manzur, para que ofrezca informes sobre la marcha de la gestión la Cámara Baja, tal cual lo ordena el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, el mayor impacto en Diputados de los primeros anuncios que hizo el tigrense no fueron los apelativos para que se apuren sino el desacuerdo que se respira en el bloque que preside Germán Martínez. El flamante ministro de Economía lanzó los primeros trazos de su política y aseguró una intensa auditoría sobre los planes sociales adjudicados. Tampoco ofreció ninguna señal sobre la implementación de un ingreso complementario para las familias que están por debajo de la línea de pobreza, como lo prepara la senadora cristinista Juliana Di Tullio, y mucho menos sobre el proyecto de creación de un Salario Básico Universal (SBU), como lo propuso el diputado del Frente Patria Grande, Itai Hagman, o alguna variante como ya se había empezado a sondear .
Este jueves por la mañana, cuando no habían pasado 12 horas del anuncio, el espacio liderado por el dirigente Juan Grabois, anunció que podría separarse del bloque, pero sin sacar los pies del plato. "Como parte del reacomodamiento del Frente de Todos negociamos hasta último minuto el anuncio una medida redistributiva para las mujeres y hombres de nuestro país que no tienen ni empleo registrado ni beneficios sociales. Son compatriotas en situación de indigencia y extrema vulnerabilidad para los que pedimos un ingreso mínimo de subsistencia que se hace urgente en una Argentina con casi la mitad de su pueblo sumido en la pobreza", detalla el comunicado que lleva la firma de Hagman y sus pares Natalia Zaracho y Nicolás Fagioli, además de la legisladora porteña Ofelia Fernández y su colega bonaerense Lucia Klug.
"Nos vemos entonces en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista", advirtieron desde el espacio. Consideran que "nuestro gobierno", en un directo mensaje a Massa y al presidente Alberto Fernández, "no está defendiendo los intereses populares y existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones".
Dentro del bloque oficialista no eludieron el planteo, pero lo consideran un amague. Poco después del pronunciamiento Fagioli dijo a FM Futurock que podrían armar un bloque propio que esté dentro del Frente de Todos, pero constituido como un interbloque, como funciona en el Senado. Lo decidirán en los próximos 10 días.
El malestar puso en segundo plano los pedidos de Massa al Congreso. La primera de los textos que mencionó es el "Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda", que fue presentado por él y el titular del bloque macrista Cristian Ritondo. Se trata de una prorroga de la Ley 27.613 y ya tiene dictamen del Senado para llegar al recinto. Lo mismo sucede con la "Ley de promoción de la Bionanotecnología", que está en la Cámara alta, pero no tiene ni dictamen. La tercera norma que está esperando en el recinto que conduce Cristina es el proyecto de incentivos para la industria automotriz.
La única que está en Diputados es el "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal", más conocido como "ley agrobioindustrial". Lleva la firma del Presidente e ingresó en noviembre pasado. Pasó casi seis meses de marasmo hasta que el exministro Julián Domínguez la defendió el 22 de junio ante las comisiones de Industria, que lidera Marcelo Casaretto y de Agricultura, conducida por el exministro de la era Macri, Ricardo Buryaile. La oposición impulsa un proyecto alternativo al oficial, pero ambos textos buscan promover inversiones para incrementar la producción y las exportaciones del sector. También aumentar la industrialización en la actividad agropecuaria.
