A pesar de que el viernes 16 de julio el Consejo de la Magistratura decidió el pase a la Comisión de Acusación de la denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, investigados por ejercer violencia de género en sus fallos, el tema no está incluido en los puntos a tratar en la reunión de este jueves y es la segunda vez que se omite el tratamiento de esta acusación. La responsabilidad de la omisión corre por cuenta del consejero Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Acusación y diputado del PRO.
El impulso de la denuncia contra Anzoátegui y Rizzi lo llevó adelante la consejera y diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju),y tiene que ver con su actuación al ordenar que se investigue a profesionales de la salud que garantizaron la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual, tras llamarlos “sicarios” y “asesinos a sueldo” en un fallo de septiembre de 2020.
Además, calificaron la interrupción legal del embarazo como "método de tortura de la mafia" y "rituales de las tribus antropófagas", y llamaron "manual de salvajadas inhumanas" al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud.
Por ese fallo, se acumulan denunciantes y expedientes. Entre ellos están los que impulsaron Soledad Deza (de la Fundación Mujeres x Mujeres), María Urueña Russo y Sofía Sagretti Corradini de Sitraju, y del legislador porteño Alejandro Amor, cuando ejercía comodefensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
También sumaron sus acusaciones la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el fiscal César Troncoso.
Más denuncias
Aun con esa suma de denuncias, el presidente de la Comisión de Acusación, en una maniobra dilatoria, devolvió el expediente a la Comisión de Disciplina (de donde él mismo dijo que debía pasar a Acusación), a pesar de haber acordado que se trataría este jueves.
Los magistrados Anzoátegui y Rizzi tienen más denuncias en su contra: en junio, MujeresxMujeres sumó otra a raíz de un fallo del pasado 10 de mayo, donde los jueces condenaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja en febrero de 2021 y por el intento de asesinar a otra mujer. En los fundamentos del fallo descartaron la aplicación de la figura de femicidio pedida por la fiscalía –incorporada en el Código Penal– y se refirieron al término violencia de género como "inasible" y "oscuro”.
Los magistrados en la mira por ejercer violencia de género en sus fallos
Otra de las razones para acusar de violencia de género a los dos jueces se origina en un juicio penal de 2021, donde Luz Aimee Díaz, una mujer trans trabajadora sexual, fue nombrada como "el acusado" o "el imputado con tendencias homosexuales", negando completamente su derecho a la identidad autopercibida. En ese juicio fueron recusados gracias al trabajo de la defensa encabezada por la abogada Luciana Sánchez.
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, pidió al Consejo de la Magistratura el inicio de un procedimiento “para que analice sus conductas a la luz de la causal de ‘mal desempeño’” en la causa en la que pidieron investigar a quienes garantizaron un aborto legal. Entre los fundamentos de su denuncia, Martínez expresa que “la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal violó el principio de legalidad, de imparcialidad, la libertad de conciencia y de culto y el derecho a la autonomía personal”.
Además, añadió que “la extracción de testimonios realizada por los jueces Anzoátegui y Rizzi por considerar que la interrupción legal del embarazo constituyó un delito demuestra, en primer lugar, que los magistrados denunciados desconocieron el derecho vigente y, en segundo término, que fundaron su decisión en los mandatos de su cosmovisión personal, lo cual vulnera derechos y garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”.
El consejero Tonelli, diputado del PRO desde 2011, se opuso a la Ley de Paridad en el Congreso, ya que consideraba la Ley de Cupo “suficiente” y el aumento de la participación de las mujeres al 50% “un poco exagerado”, aunque luego acató la decisión mayoritaria. No sucedió lo mismo con la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo voto fue en contra tanto en 2018 como en 2020, en línea con su posición en contra de la iniciativa de garantizar la Educación Sexual Integral en todo el país de 2019.
Diversas organizaciones feministas que pertenecen al Poder Judicial planean acciones de difusión este jueves, ante la falta de argumentos de Tonelli para impedir la investigación de los jueces del Tribunal 8. “No hay ningún motivo para que no se trate el asunto”, argumentan.
“Evidentemente hay una clara intención de obstaculizar el proceso acusatorio contra estos magistrados y fomentar la impunidad de jueces misóginos y machistas”, especulan en los grupos de WhatsApp.
