Luego de que la Fiscalía solicitara 12 años de prisión y la “inhabilitación perpetua” de Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, el Gobierno condenó “la persecución judicial y mediática” y consideró que “ninguno de los actos atribuidos” en contra de la vicepresidenta “ha sido probado”.
“El Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la Justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”, señaló un comunicado oficial luego de que el fiscal Diego Luciani acusara a la titular del Senado de haber liderado una “asociación ilícita” que emprendió un “auténtico sistema de corrupción institucional”.
A pesar de los problemas de comunicación que atravesó el Frente de Todos (FdT) desde que desembarcó en la Casa Rosada, el Gobierno eligió este lunes la formalidad de un comunicado oficial para denunciar lo que califica como una “persecución” en contra de la exmandantaria para remarcar que todas las partes del oficialismo se posicionan detrás de Cristina Kirchner. El último socio de la coalición gobernante en manifestarse fue el superministro de Economía, Sergio Massa: "Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes", escribió en su cuenta en Twitter.
El encargado de difundir el comunicado fue el presidente Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.
El comunicado de la Casa Rosada sostuvo que “la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivos y la aplicación del derecho penal de autor” son puntos que “contradicen la dogmática del derecho penal aplicable” en un régimen con Estado de derecho.
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Al igual que distintas figuras del oficialismo, el Gobierno denunció que la Justicia se colocó "al servicio de poderes fácticos" para conseguir su "proscripción", una situación que, comparó, ocurre con "otros líderes populares", en la región. Este lunes, en el marco del último día de la lectura de alegatos de la parte acusatoria, dirigentes peronistas se manifestaron a través de las redes sociales a favor de la exjefa de Estado y alertaron contra la posibilidad de que sea condenada.
El fiscal Diego Luciani solicitó la pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez y de 10 años para el exministro de Obras Pública Julio de Vido al considerar que “el orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita de funcionarios de alta jerarquía” que permitió, argumentó, “el desarrollo de la maniobra en condiciones de impunidad”. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”, alegó.
Las obras en la localidad de San Justo se concretaron en el marco del Programa Reconstruir. Avances en desarrollos urbanísticos de Llambí Campbell y General Lagos.
Con una condena por corrupción a cuestas, pretende superar una traba constitucional que se lo impide por haber gobernado en dos períodos. Sus argumentos.