Como una primera reacción, el Círculo Rojo respaldó las medidas económicas para controlar el déficit fiscal que anunció el Gobierno, al sostener que mostrarán "estabilidad" en el plano financiero; aunque admitió que se trata de metas "desafiantes" de alcanzar. La ratificación del cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó alivio en el selecto grupo del establishment y disipó el temor por una eventual avanzada de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en línea con los planteos críticos del kirchnerismo al pacto. A la vez, como hay una de cal, también hay una de arena: el empresariado volvió a mostrar "incomodidad" por el traslado de responsabilidades hacia el sector privado por los efectos de la inflación, una acusación repetida por la nueva titular del Palacio de Hacienda, que apuntó contra movimientos "especulativos" de las empresas por las remarcaciones registradas en la primera semana de julio, en pleno recambio del gabinete presidencial. Culpan a la crisis política generada por el propio Frente de Todos.
Fuentes consultadas por Letra P admitieron que "el vuelco hacia la ortodoxia genera buenas expectativas". "Se podrá ver un modelo de gastos acorde con los recursos con los que cuenta la administración, de modo de controlar la emisión monetaria, que, en la actualidad, sirve para solventar el gasto público", apuntaron en el sector privado. "Las medidas apuntaron al anuncio del cuidado fiscal y monetario ante la falta de dólares. Ahora deberemos esperar si eso se traduce en medidas concretas", afirmó un integrante de la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA), una de las seis entidades que integran el poderoso G6. Allí hay un ala que considera que la brecha cambiaria puso en tensión a las exportaciones, ante el aumento de los costos de los insumos, tanto local como internacional, y la liquidación a dólar oficial.
La falta de divisas en las reservas del Banco Central (BCRA) desató un reclamo para achicar la brecha entre los dólares financieros y el oficial. Mientras el Gobierno apuesta a tranquilizar al mercado con el uso eficiente de las reservas y a la asistencia del FMI para repagar la deuda externa, desde las empresas afirman que el ajuste fiscal, el encarecimiento del crédito y la suba de las tasas de interés impactará de una manera concreta en la actividad económica: auguran una "recesión obligada". "En general, es una señal positiva para intentar ordenar el frente con poco margen de maniobra", le dijo a Letra P un analista de muy buena llegada a los círculos de poder empresario.
El presidente y CEO de la hilandera TN & Platex, Teddy Karagozian, respaldó la decisión anunciada por la mesa chica del gabinete económico. "Mantener una cierta firmeza en un dólar que deberá con el tiempo subir, sostener la importancia de no incurrir en un aumento del gasto público promoviendo ideas ilógicas desechadas en todo el mundo para un país pobre como el nuestro (en referencia al Salario Básico Universal que impulsa un sector del FdT) y subir las tasas para que no sean negativas son medidas que van en la dirección correcta", le dijo a Letra P. A poco de anunciar el crecimiento de su grupo de empresas para 2023, con un desembolso estimado en 50 millones de dólares, Karagozian afirmó que "las condiciones son excelentes para invertir".
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, festejó la decisión del Gobierno de achicar el gasto del Estado a partir de la utilización de caja de acuerdo a la cuota presupuestaria de cada organismo. "Busca un equilibrio entre gastos e ingresos y la centralización de los gastos permitirá que todos los recursos disponibles estén dentro de un único flujo, lo que probablemente signifique una administración financiera más ordenada", destacó el empresario en diálogo con Letra P. "En base a estas dos medidas se da la continuidad del cumplimiento del acuerdo con el FMI. Por eso, esperamos que el mercado y la sociedad reciban de manera positiva estas señales".
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) evitó pronunciarse "hasta que se ponga en marcha el plan de ajuste fiscal", pero fuentes de esta organización consultadas por este medio se mostraron, en estricto off the record, "en alerta" por el efecto de esos recortes en el pago y la continuidad del plan de obra pública que el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha para sostener el crecimiento de la economía. "En los próximos días, veremos si ese ajuste fiscal nos llega a nosotros o no. Hasta ahora, los pagos en ese sector están ocurriendo como corresponde. Estaremos atentos por complicaciones, a partir de estos anuncios", le dijo a Letra P un empresario del sector.
La buena cara empresaria se desdibujó cuando recayó sobre el sector privado los reproches por las remarcaciones de precios en góndolas y vidrieras que se registraron en la primera semana de julio, horas después del recambio en el Ministerio de Economía. Lo enmarcan como parte de la interna del propio oficialismo, un daño colateral. "El capital que tiene el comerciante o el empresario es el stock y, si está en peligro, va a hacer lo que sea dentro de la ley para cuidarlo. Quizás exagera los aumentos de precios, porque no sabe a cuánto va a reponer la mercadería. Si ese stock baja, la empresa desaparece y no puede ni pagar indemnizaciones. No se trata de especulación, sino de defenderse de la mejor manera posible cuando no hay señales claras y cuando la política complica lo económico", retrucó Grinman a la queja oficial.
En la UIA y a micrófono cerrado, también ensayaron una defensa, al señalar que "la brecha cambiaria, la mayor expectativa de devaluación y la falta de dólares en el Central hicieron que los empresarios aplicaran subas preventivas". "Los costos de la importación crecieron, las exportaciones no son competitivas y no se pueden remarcar, por lo tanto la cobertura es en el mercado local", admitió ante Letra P un empresario de la UIA.
