LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El arco intendentista de Juntos exhibe diferencias en el debate abierto sobre el manejo de los planes sociales. Mientras referentes del PRO como el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, hacen foco en la necesidad de que la administración de la asistencia social se descentralice en los municipios, varios intendentes del radicalismo ponen lupa en el análisis y el debate a fondo del actual esquema para corregir y reconfigurar la ayuda, sobre la que estiman imprescindible el aspecto formativo como puente hacia el empleo formal, tal como lo postulan desde las usinas de pensamiento partidarias. Desde esa perspectiva, también lanzaron pases de factura por reclamos que cayeron en saco roto durante la gestión macrista.
“Más allá de quién los gestiona, la discusión es otra. Estamos poniendo el acento en si los tiene que manejar el Estado nacional, el provincial, el municipal o las organizaciones sociales y no para qué están esos programas, para qué se pensaron, por qué se hicieron y cómo han evolucionado”. Lo dice a Letra P el presidente del Foro de Intendentes bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) Miguel Fernández (Trenque Lauquen). El jefe comunal enfatizó que han hablado del tema con el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y ponderó el “esfuerzo” del funcionario, aunque hasta el momento “no se logran los objetivos” propuestos. Fernández destacó como aspecto “clave” para un buen funcionamiento la capacitación para el trabajo y la contraprestación por parte de quien recibe la ayuda social.
“Con la discusión acerca de quién administra los planes, nos perdemos la riqueza del debate en serio que tiene que dar el Estado con la CGT y las organizaciones sociales, a las cuales no podemos ignorar”. En efecto, el dirigente plantea la articulación entre los distintos estamentos estatales y los movimientos sociales y abre la puerta a un mecanismo de funcionamiento diferente: “Podría haber un grupo (de planes sociales) que esté bajo las organizaciones sociales y otro bajo la órbita municipal”.
Fernández plantea la necesidad de consensuar un mecanismo de funcionamiento entre los distintos actores para evitar repetir errores del pasado. Cita un ejemplo concreto: “En Trenque Lauquen funcionó el programa Argentina Trabaja y por una cuestión política, cuando el intendente de aquel momento pasó del Frente para la Victoria al Frente Renovador dejaron de mandarle recursos para sostener a las cooperativas y el municipio absorbió la remuneración de esos programas. Entonces, uno de los temores es ¿qué pasa si tenés 200 cooperativistas y mañana desaparecen esos programas? El problema lo pasa a tener el intendente. Es un potencial problema que genera cierto llamado de atención”.
Bajo esa mirada, al ser consultado por el proyecto del intendente kirchnerista Pablo Zurro para transformar planes en empleo, Fernández dijo desconocer la letra fina de esa iniciativa, pero estimó que, “seguramente, está mirado desde una perspectiva del intendente, que es valiosa”.
A la economía social “hay que entenderla”, “tiene muchas posibilidades de inserción”, destacó el intendente. Y cuestionó la falta de información oficial sobre el funcionamiento de los programas sociales en su municipio. Amén de eso, destacó: “De las cuatro organizaciones que hay en el distrito, a dos le hemos dado una hectárea de tierra para que trabajen tierra y lo están haciendo”.
El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, coincidió en no poner el foco en quién lleva las riendas. “El punto no es quién los maneje, sino cómo se otorgan (los beneficios), a quién se les da y para qué”, indicó a Letra P. En cuanto a la mecánica de funcionamiento, Aiola consideró que “debería ser en forma temporaria, acotada en el tiempo”, incluyendo “capacitación laboral para ingresar en el mundo laboral”.
Ese aspecto temporario de los programas sociales también es compartido por el intendente de General Viamonte (Los Toldos), Franco Flexas. “Acá generamos una cooperativa donde le enseñamos a la gente a hacer hormigón, una cooperativa de pintura, otra de telar, con la idea de que estén unos meses o un año y que después de eso se independicen y mantengan una actividad propia, privada, o que ya estén formados para el trabajo”, graficó a Letra P el caso de su distrito.
Flexas sí le imprimió centralidad al planteo de descentralizar en las comunas el manejo de la ayuda social. “Estoy convencido de que deben ser los municipios los que tienen que controlar y estar habilitados para que, si la persona no trabaja, darla de baja directamente. Hoy, no sé cuántos planes hay en General Viamonte, no sé si trabajan o no, si se queda con algo o no el Movimiento Evita”, machacó. Así, admitió: “Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la vicepresidenta, más allá de los objetivos que tenga, de las internas, eso no importa. Es piola el tema de hablar de los planes y quiénes los deben manejar”.
Pases de factura al macrismo
El manejo y la mecánica de los programas sociales es un aspecto que varios intendentes radicales abordados por este medio consignaron como planteos que realizaron, sin eco alguno, durante el pasado gobierno macrista. “Nunca hubo un debate y sí hemos tenido algún pedido para que los municipios se puedan conformar como unidades ejecutoras, pero sin éxito”, subrayó Fernández para no dejar pasar un dato concreto: “Durante la gestión de Macri, aumentó la cantidad de personas en estos programas”.
Por su lado, Flexas detalló que tanto él como muchos intendentes del interior le pidieron a la administración Macri “poder controlar las altas y bajas” de los planes sociales, pero “no lo conseguimos”. Y más: “Lo hemos pedido en bloque a (la entonces ministra de Desarrollo, Carolina) Stanley cuando tuvimos la reunión del Foro de Cambiemos. No nos hicieron caso. Y nos enterábamos por afuera que el Movimiento Evita iba creciendo en la cantidad de planes”.
Otro intendente radical consignó a este medio en reserva que “en el inicio del gobierno de Vidal” en su distrito supo tener el tablero de control para las altas y bajas de los programas sociales destinados a su comuna pero que, más tarde, durante esa misma gestión cambiemista, “se lo dieron a los movimientos sociales”.