La Cámara de Diputados aprobó la extensión por 50 años de los fondos con asignaciones específicas para la cultura. Si el Senado avanza en el mismo sentido y la sanciona, evitará la caducidad del mecanismo que garantiza la existencia de amplios sectores. Se conseguirá pan para hoy, pero para evitar el hambre de mañana deberán revisarse las condiciones estructurales. Esas que se modifican de modo dinámico y constante, especialmente para el sector audiovisual ampliado: cine, TV y streaming.
Este campo atraviesa una crisis que lleva tiempo. Ostenta problemas en los modelos tradicionales de financiamiento e incertidumbre sobre nuevas formas de producción. Las plataformas globales interpelan las situaciones de consumo de las audiencias móviles y ubicuas. La situación es crítica –si no terminal– para muchos espacios de producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales. Alcanza a varios medios tradicionales, pero no se agota en ellos.
Con la media sanción empieza a patearse para adelante un problema urgente. El proyecto fue presentado por el diputado Pablo Carro (Frente de Todos, Córdoba) y se aprobó con 132 votos a favor (la mayoría del FdT y la izquierda), cinco en contra (cuatro del PRO y uno de la UCR) y 92 abstenciones, la mayoría de Juntos por el Cambio. Ahora pasa al Senado.
La extensión establece una prórroga por 50 años para las asignaciones específicas que garantizan la continuidad de los fondos destinados a los Institutos de Cine, Música, Teatro, Bibliotecas Populares, la Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). Todos caducaban el 31 de diciembre de 2022 a partir de lo establecido en el artículo 4° de la ley 27.432 sancionada en diciembre de 2017 por iniciativa del gobierno de Mauricio Macri.
La relevancia de este mecanismo de fomento radica –entre otros aspectos– en el valor simbólico de las mercancías y prácticas culturales. Si se hace foco en el sector audiovisual, se destaca la capacidad de construir relatos, narrativas y representaciones locales sobre procesos sociales como llave para la configuración de un acervo cultural propio. Además, configura actividades económicas pujantes cuyos modelos de producción, distribución y consumos han sido modificados por la tecnología y las dinámicas sociales, pero con una tendencia muy marcada a la concentración de la propiedad en manos de grandes jugadores globales. Estos empiezan a decidir qué se mira en las pantallas, pero también qué se filma y qué es un contenido “nacional”.
El hambre de mañana
Según el informe sobre "Impacto económico y tributario del sector audiovisual argentino", presentado por el Observatorio audiovisual del INCAA en abril pasado, el sector audiovisual aporta un 5,2% a la economía argentina entre el desarrollo directo e indirecto. Suma un 3,1% del total del empleo formal y explica el 3,6% de la recaudación tributaria total. El efecto directo del sector audiovisual en términos del valor bruto de producción es 1% del total de la economía.
Sin embargo, al igual que muchas otras, su dinámica habilita un circuito económico importante, pero necesita políticas públicas. El sostenimiento de las asignaciones específicas incide en un sector que, por ejemplo, supera a la fabricación de muebles y colchones, la hotelería y la fabricación de aparatos de radio, televisión y comunicaciones, entre los rubros comparables y en relación a los aspectos económicos estrictamente (generación de valor, tributos y empleo). Asimismo, el sector audiovisual equivale a un 50% de la fabricación de vehículos automotores y a un 62% de la fabricación de prendas de vestir.
Por otro lado, los fondos de fomento no devienen -como suele criticarse desde el sentido común o el desconocimiento- de impuestos generales. Son generados por la propia actividad o afines.
El hambre de mañana es un modo de describir que la extensión de la caducidad por medio siglo podría no ser una solución completa porque las dinámicas que atraviesa el sector audiovisual en su conjunto demanda acciones integrales, que contemplen, por ejemplo, la inclusión de las plataformas OTTs (Netflix,Amazon, Disney, las del nuevo paradigma) en el marco regulatorio. Hoy, las productoras saltean la distribución, las plataformas saltean las ventanas tradicionales, los operadores de TV paga se vuelven agregadores y en el sistema conviven exentos con regulados.
Como sostiene el periodista especializado Diego Batlle, “mientras se resuelve el entuerto legal por las asignaciones específicas, el cine argentino continúa su compleja lucha por la supervivencia en las salas, donde de los 84 estrenos en lo que va de 2022 solo cinco superaron la barrera de los 10.000 espectadores”. Esto contrasta con la excelente performance que obtienen los contenidos “nacionales” que ofrecen las plataformas como Iosi (Amazon), Granizo y El Reino (Netflix) entre series y películas. Para dicha contradicción, Batlle encuentra una explicación sencilla: la masividad del streaming, costos más bajos en comparación con el consumo familiar en los cines y que las novedades van directamente a las plataformas, que las compran y/o las producen.
La extensión de la caducidad de los fondos no es punto de partida. Tampoco debe ser de llegada. Será central ampliar la regulación con exigencias e incentivos fiscales. El sistema se reformula integralmente o los 50 años pasarán más rápido de lo que podemos imaginar. Esa es la cuestión.
