El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Ciudad, Santiago Vismara, y su par de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, pidieron que el exgobernador de Tucumán José Alperovich vaya a juicio oral y público en la causa que lo investiga por abuso sexual a su sobrina y excolaboradora.
En el dictamen consideraron que el exsenador nacional debe responder por tres hechos de abuso sexual, dos de ellos cometidos en tentativa, y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. Según indicaron, tal como reportó la agencia NA, “en todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”.
El pedido de Vismara y Labozzetta llegó a menos de un mes del procesamiento del exmandatario, dictado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, Osvaldo Rappa. En el caso de que la solicitud de ambos fiscales avance, la causa recaerá en un Tribunal Oral y Público de la Capital Federal, donde a futuro se llevaría a cabo el debate.
"Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses", acusó la fiscalía.
Al respecto, en ambas fiscalías refirieron a la perspectiva de género e indicaron que la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, define a esta última como "toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal".
La denuncia contra el exmandatario tucumano fue presentada en 2019 por la joven, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella mientras trabajó bajo sus órdenes dos años, a partir de 2017. En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.
En ese sentido, ambas fiscalías destacaron en el requerimiento que “ninguna investigación judicial de violencia sexual sobre una mujer puede catalogarse como seria y exhaustiva si no toma en consideración las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, propias del sistema patriarcal, y si no se hace cargo de analizar el impacto de esas inequidades en el caso concreto”. Específicamente, explicaron lo que significaba para este caso en concreto el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física.