La reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados que primero parecía motorizada por un inédito acuerdo entre oficialismo y oposición, ahora corre el riesgo de empantanarse en medio de indefiniciones y acusaciones cruzadas. Originalmente se iba a debatir en cinco reuniones de la comisión de Legislación General, pero luego de un raid de 132 expositores, los caminos asoman más extensos y podrían derivar en un nuevo intento de Juntos por el Cambio para derogar la ley 27.551. La movida sería furto de otro pedido de sesión especial. El primero, del mes pasado, no pasó del amague, pero puso en marcha el debate que continúa en la comisión que conduce la diputada oficialista Cecilia Moreau.
El pacto inicial era concluir en 30 días el debate para reformar la norma, que fue promulgada por el presidente Alberto Fernández en junio de 2020, hace dos años. La celeridad del trámite legislativo acordado no se condice con la cantidad de proyectos girados a la comisión que preside Moreau, secundada por Carla Carrizo de Evolución Radical. Legislación General llegó a tener 30 proyectos que plantean un abanico de opciones: una decena de propuestas de derogación, reformas referidas a los plazos del contrato y del tiempo de aplicación de los aumentos, o nuevos regímenes de incentivos para la construcción para aumentar la oferta, un punto que quedó como una quimera aspiracional.
Los textos revelan que las dos principales fuerzas políticas del recinto no cuentan con una línea concreta sobre qué hacer con la ley vigente. Por el contrario, buena parte de las coincidencias que atraviesan a JxC, y a un sector del oficialismo, tienen que ver con los reclamos de las cámaras inmobiliarias que trabajan en contra de la ley desde su sanción.
El lobby de los corredores y de las empresas de intermediación se concentró en reducir de tres a dos años la extensión del contrato y reducir a seis meses el tiempo para aumentar el monto del alquiler. Es lo mínimo que están dispuestos a ceder, porque aceptan a regañadientes que la norma no sea derogada por completo.
En JxC la mayoría está dispuesta a abrazar ese planteo. Algunos representantes de ese bloque confiaron a este medio que las presiones de las Cámaras no sólo son persistentes, sino excesivas porque también reclaman multiplicar los meses de depósito por año del contrato, entre otros puntos, que tienen a la ausencia de una norma que regule la actividad, como fue durante 30 años hasta que fue sancionada la 27.551. El nivel de insistencia de los detractores de la ley aumenta desconfianzas, incluso en la coalición opositora.
Dentro del oficialismo tampoco hay una posición común y las diferencias son tan importantes que podrían derivar en la existencia de dos dictámenes o una votación dividida en el recinto. Hasta ahora hay tres proyectos en danza, presentados por José Luis Gioja, Gisela Marziotta y Claudia Ormaechea.
El que más consenso reúne dentro del FdT es el que presentó el exgobernador sanjuanino y plantea mantener una duración mínima de tres años, pero con topes de ajuste. En caso de renovación, el precio inicial del alquiler tendrá como tope un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto. Para el caso del precio inicial del alquiler para vivienda, será del 20% adicional. Marziota plantea la creación de una "Cámara Nacional de Alquileres", como una instancia autárquica con representantes del Estado, los inquilinos, las inmobiliarias y los propietarios para fijar precios máximos para los contratos de alquiler, a partir de un mapa nacional de precios. También propone establecer un índice de ajuste anual.
La idea de los topes también genera adhesiones en el radicalismo y desde el panperonismo aparece como un camino posible porque es una iniciativa que busca mantener en pie una parte de la ley vigente. Dentro del espacio oficialista hay un puñado de dirigentes que están dispuestos a defender la ley vigente y no están de acuerdo con el aparente "consenso" para reformar la norma. En ese aspecto, apuntan al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como uno de los impulsores de una reforma que suavice la ley hasta dejarla en la nada misma.
De esas diferencias internas surgió la posibilidad de invitar más expositores. En eso está el trámite de Legislación General, cuando la idea inicial era que hubiera un dictamen durante esta semana. El temario de trabajo de la comisión se estira: este martes estará concentrado en el tratamiento de una prórroga del "Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda" y el miércoles expondrán los autores y autoras de los proyectos en debate.
Ante la posible demora, JxC advirtió que si no hay un dictamen, el 11 de mayo volverán a pedir una sesión especial para derogar la ley. En la bancada opositora no tienen certezas de contar con los votos suficientes para hacerlo.
