A lo largo de sus casi 99 años, Santiago Omar Riveros construyó una carrera militar que alcanzó su cima cuando fue jefe del Comando de Institutos Militares del Ejército argentino. Entonces, también fue amo y señor de la vida y la muerte en Campo de Mayo, la guarnición militar que fue uno de los lugares que más horror concentró durante la última dictadura militar. Atravesó en silencio los años de impunidad y el proceso de juzgamiento que llegó después, y le valió múltiples condenas por secuestros, torturas, asesinatos y robo de bebés, entre otros crímenes de lesa humanidad: jamás dijo nada sobre el destino de las personas desaparecidas ni de los bebés apropiados. Con todo, aunque le esperan todavía más sentencias en contra, recibió este lunes la libertad condicional.
Así lo decidió el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, luego de que se lo ordenara la Sala II de Casación Penal, cuyos integrantes Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques son aliados de los genocidas en la búsqueda de beneficios en el proceso de Justicia al que están siendo sometidos, con todas las garantías.
La libertad a Riveros, no obstante, no sucederá de inmediato: aún resta que resuelva el Tribunal Oral Federal número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, que hace cinco años lo condenó a 45 años de prisión por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
El último jerarca vivo
De los jefes del Ejército que ordenaron la ejecución del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar, Riveros es el único que queda vivo. Entre 1976 y 1978 dirigió el Comando de Institutos Militares, con injerencia total en la zona norte del Gran Buenos Aires, una de las áreas represivas más grandes y sangrientas. “En términos simbólicos, Riveros es hoy como Videla”, definió la fiscal Gabriela Sosti, que participó en varios de los juicios contra el genocida. “De los genocidas que quedan vivos, es el más significativo. Riveros tenía muchísimo poder y era un cruzado del terrorismo de Estado”, completó.
Hay una frase que Riveros dijo en 1980 ante la Junta Interamericana de Defensa, y que está citada en el Nunca Más: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano”. De lo que nunca habló es del destino de los desaparecidos ni de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados.
En 2009 recibió su primera condena: prisión perpetua por el secuestro, la tortura y la muerte de Floreal “Negrito” Avellaneda, que era adolescente cuando fue encerrado en El Campito, el centro clandestino más grande de Campo de Mayo y uno de los más grandes del país, y asesinado en un vuelo de la muerte. Su cuerpo apareció en las costas uruguayas.
Llegaron varias más a lo largo de los años que se fueron acumulando. Por estos días aguarda dos condenas más en los juicios por vuelos de la muerte en Campo de Mayo y la Megacausa, ambos en instancias de alegatos. En Ciudad de Buenos Aires, Riveros también tiene causas y condenas: principalmente, por apropiación de bebés. Desde hace una década, el genocida cumple las penas recibidas –que fueron unificadas por jurisdicción– en su casa.
Una suma injusta
El año pasado, la defensa del jerarca de Campo de Mayo ante el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que es quien tiene a cargo el control sobre la ejecución de las condenas en su contra, unificadas en prisión perpetua, pidió que se le otorgue la libertad condicional por haber cumplido 20 años de encierro. Para llegar a esa suma, contaron desde la detención que le ordenaron a Riveros en 1985, la que le impuso el juez federal Adolfo Bagnasco entre 2000 y 2005 por robo de bebés y la que cumple desde 2007 hasta hoy.
Para definir, el TOF realizó una audiencia en la que habilitó la exposición de víctimas directas y familiares de los crímenes de Riveros para explicar cuán revictimizante sería para ellos y ellas la posibilidad de que Riveros recupere su libertad. La jueza Silvina Mayorga rechazó el pedido: a pesar de los años de encierro cumplidos, Riveros “no mostró arrepentimiento”, dijo. Sin embargo, no tomó en cuenta la advertencia que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo realizó sobre el cálculo. Allí, el equipo letrado compuesto por Carolina Villella y Pablo Lachener indicó que la base de años de prisión cumplidos para que Riveros accediera a la libertad condicional debía ser de 35 años ya que entre las sentencias que el TOF 1 tiene a su cargo figura la condena por la retención y ocultamiento de los nietos restituidos Francisco Madariaga Quintela y Pablo Casariego Tato.
Los defensores públicos Juan Tripaldi y Guillermo Todarello encontraron aliados a su planteo en la Cámara de Casación para insistir con el tema y allí encontraron aliados. Los jueces Yacobucci y Mahiques –los responsables de habilitar prisiones domiciliarias a genocidas durante toda la pandemia, por ejemplo– con la coincidencia de la magistrada Ángela Ledesma, anularon la decisión de Mayorga y le ordenaron dictar un nuevo fallo.
En abril pasado consideraron que aquella resolución fue “arbitraria”, que el TOF debía “valorar” que Riveros “mantiene un arraigo domiciliario acreditado” y que “el riesgo que supondría” para familiares y sobrevivientes la libertad anticipada de Riveros no debería ser obstáculo. Tampoco tuvieron en cuenta el error de cálculos planteado por Abuelas.
Una libertad injusta
El 13 de mayo pasado, la jueza habilitó la libertad condicional y solicitó una resolución al Tribunal Oral federal número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, que en 2018 lo condenó a 45 años de prisión por los secuestros y las torturas que sufrieron 11 mujeres embarazadas durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Militar de Campo de Mayo y el robo de sus hijos e hijas nacidos en la maternidad clandestina que allí funcionó entonces.
“Estamos a 46 años del episodio terrible del genocidio. ¿Es justo que a este tipo que tiene tantas condenas le den la libertad? No se lo voy a permitir ni a él ni a los jueces ni a nadie. Tenemos una justicia facha y recalcitrante, necesitamos ya una reforma judicial”, reclamó Iris Avellaneda, sobreviviente de El Campito y mamá del “Negrito” Avellaneda. La querella que la representa, al igual que las otras –Abuelas de Plaza de Mayo y Pablo Llonto, entre ellas– apelarán la mala noticia.
