La misa vespertina de la Catedral de San Isidro recibe, cada domingo, a un invitado especial. Habilitado por el Tribunal Oral Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Ferrari, uno de los represores de la ESMA, esconde la tobillera que controla su prisión domiciliaria bajo su botamanga y participa de la ceremonia cada semana desde hace meses. No es el único.
“Autorícese a Horacio Luis Ferrari a concurrir una hora por semana a la celebración de la misa dominical acompañado por su garante –su esposa–”, dictaminó el juez Fernando Machado Pelloni, uno de los integrantes del TOF 5, el 2 de diciembre pasado. El abogado defensor del represor, Guillermo Fanego, venía solicitando hacía semanas el beneficio que, por entonces, ostentaba otro marino defendido por él: Randolfo Agusti Scacchi.
Dice tal abogado, que hace una defensa convencida, insistente, técnica e ideológica de las decenas de genocidas de la última dictadura que representa en causas de lesa humanidad, que la habilitación de las salidas semanales a misa son un “derecho” amparado por el artículo 153 de la ley de Ejecución de la pena. Tal artículo señala que “el interno tiene derecho a que se respete y garantice su libertad de conciencia y de religión, se facilite (...) el oportuno contacto personal y por otros medios autorizados con un representante del credo que profese”.
“Ni la ley de Ejecución de la Pena ni los jueces del Tribunal tienen en cuenta el derecho internacional de protección a los derechos humanos que está incluido en nuestra constitución y que plantea, entre otras cosas, la necesidad de diferenciar a los responsables de delitos comunes de aquellos que cometieron delitos contra la humanidad”, como Ferrari, Agusti Scacchi y tantos otros tratados con benevolencia extra por los tribunales locales. Quien recuerda esta cuestión es Flavia Fernández Brozzi, que comparte con Rodolfo Yanzón la querella del colectivo KAOS en la megacausa ESMA.
Para Ariel Noli, abogado representante de la querella unificada encabezada por la hija de Rodolfo Walsh, Patricia Walsh, y el sobreviviente de la ESMA Carlos “Sueco” Lordkipanidse, las salidas a misa a Ferrari “no sorprenden” en el marco del universo de procesados, enjuiciados y condenados por secuestros, torturas, abusos, desapariciones, asesinatos y apropiaciones de bebés. “Lo que demuestran es la doble vara del Poder Judicial, porque estos jueces actúan completamente diferente cuando se trata de personas acusadas o condenadas por delitos comunes. Actúan todo lo contrario a como deberían hacerlo según el derecho internacional”, explicó.
Agusti Scacchi está condenado a prisión perpetua desde fines de 2019 y cumple arresto domiciliario. La ESMA fue su lugar de “trabajo” entre enero y abril de 1977 donde, quedó probado, participó de las violaciones a los derechos humanos de alrededor de 60 víctimas. Entre ellas, los de la fundadora de Montoneros Norma Arrostito. El marino fue uno de los 48 represores enjuiciados y sentenciados en el tercer debate oral y público que se llevó a cabo por los delitos de lesa humanidad investigados en el marco de la Megacausa ESMA.
Juan Carlos Rolón percibe desde hace mucho el beneficio de cumplir en su casa la condena a prisión perpetua que recibió por su participación en los crímenes de la ESMA. En septiembre pasado se le permitió ir a la comunión de uno de sus nietos y en marzo, al bautismo de otro. A Hugo Siffredi, otro genocida de ese centro clandestino, lo habían dejado asistir a la comunión de su nieta en noviembre. Carlos Guillermo Suárez Mason, el hijo marino y homónimo de quien fue jefe del Primer Cuerpo del Ejército, acaba de ser habilitado para ir a ver a su mamá, de más de 90 años.
El caso de Ferrari es sensiblemente diferente dentro del universo de represores que pasó por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA que han sido procesados por ello. Se encuentra por estos días cumpliendo prisión preventiva en su casa con beneficios extra. Además de ir a misa todos los domingos, puede salir a caminar por el barrio para mitigar su hipertensión. Una tobillera electrónica controla sus movimientos.
Debería haber sido condenado en febrero de 2021, al cierre del cuarto juicio oral y público que se llevó a cabo por los crímenes de la ESMA y que transitó como acusado durante los tres años que duró. En ese lapso, hizo uso de la palabra varias veces. En todas negó que el Ferrari que integra una lista de represores que Eduardo Massera en 1978 destacó por su actuación “en el Grupo de Tareas 3.3.2, en operaciones reales de combate”, fuera él. También negó ser el Ferrari identificado por sobrevivientes del centro clandestino como “Pantera” o “Diego”, y el destinado a aquella patota entre principios y fines de 1977. En las puertas del veredicto, su defensor estrella recusó a dos de los tres jueces que integraron el Tribunal Oral Federal número 5 –Adriana Paliotti y Daniel Obligado– por haber intervenido en los anteriores juicios de la megacausa. La Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia le dieron la razón.
Entre mediados de 2021 y estos días un buen número de jueces y juezas que fue convocado a integrar el TOF 5 para poder juzgarlo de cero se excusó con los más variados argumentos. Desde diciembre se mantiene la terna de Machado Pelloni, Sabrina Namer y Enrique Méndez Signori. A principios de noviembre pasado, ese tribunal le ordenó nuevamente prisión preventiva y domiciliaria.
Tras obtener los permisos para ir a misa, Noli y su colega Adrián Krmpotic advirtieron al tribunal que aquellas salidas se extendían durante más de una hora y solicitaron revisar adónde había ido. Lo supieron porque la tobillera que vigila que no viole el arresto domiciliario advirtió a la central de monitoreo que no había regresado a su casa a la hora estipulada.
“No existen motivos para dudar que el imputado Horacio Luis Ferrari no haya concurrido a la misa el pasado domingo”, respondió el TOF 5, con cierto desdén. Para Noli, la respuesta es una muestra más de que “acá actúa el Poder Judicial, porque esto Justicia no es. Justicia es otra cosa”.