El senador de Salta Carlos Alberto Rosso promovió un pedido de enjuiciamiento para los jueces que le otorgaron una cautelar a la empresa tabacalera TABES -que no paga los impuestos correspondientes- por incumplimiento de los deberes a su cargo y mal desempeño de sus funciones. Se estima que las medidas cautelares que permiten que las empresas tabacaleras no paguen impuestos afectó la recaudación del Estado nacional por 1.650 millones de dólares en los últimos siete años y que, en 2022, la pérdida de recursos alcanzaría los 580 millones de dólares.
A finales de marzo, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, integrada por Alejandro Castellanos, Mariana Inés Catalano y Guillermo Federico Elías, otorgaron a la tabacalera TABES una medida cautelar eximiéndola del pago del impuesto interno mínimo.
Según el senador Rosso, con la medida cautelar los jueces mencionados “otorgan a TABES un beneficio excepcional y absolutamente opuesto al principio de igualdad ante la ley, se trata de un notorio perjuicio al Fisco Nacional y a los productores tabacaleros de las siete provincias de la República Argentina productoras de tabaco”.
A su entender, este tipo de medidas implica que no haya una equidad en las reglas que tienen los diferentes fabricantes: “Es inadmisible que un tribunal desconozca el principio básico del ordenamiento jurídico de igualdad ante la ley. Es inadmisible en nuestro marco constitucional la creación por vía de excepción de un régimen impositivo especial, porque en este país todos los fabricantes de productos de tabaco están sujetos a las mismas reglas y a pagar idénticos impuestos.”
Se trata de un conflicto de larga data. Durante los últimos siete años, un grupo de compañías tabacaleras entre las que se encuentran Tabacalera Sarandi, Espert, Tabes y Bronway eludió el pago del impuesto mínimo que establece la Ley apoyándose en una serie de medidas cautelares que la Justicia Federal les otorgó. En mayo de 2021, la Corte Suprema falló a favor de AFIP y en contra de Tabacalera Sarandí, dejando sin efecto la medida cautelar y generando precedente en las causas de las demás empresas.
Sin embargo, ninguna de estas compañías, entre las que se encuentra Tabes, pagó el impuesto mínimo obligatorio desde ese entonces. Para profundizar el conflicto, desde principios de 2022 Tabes, Bronway y otras empresas evasoras fueron solicitando a jueces nuevas cautelares para continuar eludiendo los impuestos reglamentarios.
Este grupo de empresas hoy tiene más del 30% de participación del mercado, su deuda asciende a 1650 millones de dólares si se tiene en cuenta el perjuicio que le han provocado al Estado nacional en los últimos siete años.
