No hubo esta vez un proyecto ni un tuit respaldatorio de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. A pesar de las dudas que pueda generar el futuro del impuesto a la fuga en ciertos despachos oficiales, ese fue un tema conversado entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por lo que la Casa Rosada estaba obligada a brindar un respaldo exprés al texto de Oscar Parrilli, apenas presentado en el Senado. En cambio, el esbozo de someter al voto popular a la Corte Suprema que reeditó Eduardo de Pedro sólo generó, por ahora, silencio oficial. En la Presidencia entienden que la idea se trató sólo de "una ironía", pero quienes sospechan que podría avanzar como propuesta, sin diplomacia, la califican de "un chino".
"Hay que investigar y juzgar a los que se llevaron comisiones y a los que cobraron sueldos del Estado y trabajaron para los bancos. El Poder Judicial tiene esa responsabilidad”, venía argumentando a favor del proyecto cristinista este jueves el ministro del Interior en El Destape Radio. Como prólogo, el día anterior, De Pedro había reunido a 19 provincias para presionar al máximo tribunal por un fallo sobre la pelea por los recursos federales con la Ciudad del presidenciable Horacio Rodríguez Larreta.
"Si cada decisión que toma el Congreso que no le gusta a Cambiemos (sic) va ir a la Corte Suprema, entonces empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte, porque la realidad es que el gobierno de la Ciudad y un sector de Cambiemos usan al Poder Judicial como un reaseguro cuando pierden una votación en el Congreso”, denunció el funcionario cristinista, que hace poco selló su reconciliación con el Presidente. La chicana de referirse a Juntos por el Cambio con su viejo nombre no pareció ser adrede.
Tras un largo peregrinaje de varios meses de ostracismo en su relación con el jefe de Estado, en público Wado volvió a ser Wadito, como lo llama Fernández. El episodio de la catatara de renuncias posderrota en las PASO es agua bajo el puente. Después llegarían nuevas crisis internas más graves aun, como la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la jefatura de bloque o el llamado sin devolución de CFK. Con Jorge Ferraresi volcado de lleno a la mesa albertista, De Pedro es uno de los actuales (y escasos) vasos comunicantes entre la Casa Rosada y el Instituto Patria.
Cerca del Presidente la minimizan, al considerarla una mera "ironía". Por las dudas, aclaran que no hay ningún proyecto previsto. En otras palabras, a lo sumo sería un "globo de ensayo" a cuenta del ministro. "(La iniciativa) debería pasar por el Congreso, Es medio un chino", se sinceraron desde un despacho albertista, donde ya no les alcanzan los dedos de una mano para contar las batallas abiertas en simultáneo por el Gobierno.
Con diploma de derecho penal, Fernández impulsó apenas asumió una reforma de una parte de la Justicia (en su caso, la federal). Su deseo de cambiar los tribunales de Comodoro Py, anunciado en su primer #1M, naufragó con la pandemia, pero el máximo tribunal también fue motivo de reproche presidencial. La última vez, en enero de 2022. "La Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio", acusó, revitalizando sus quejas anteriores por la lentitud en sus resoluciones generales y la velocidad en ciertos expedientes sensibles al poder económico. Lo que el Presidente nunca pidió, al menos hasta hoy, fue un voto popular para los magistrados.
Más allá que CFK
Eso lo había hecho Cristina. Así como en diciembre de 2021 la vicepresidenta reclamó que al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le pagara con el dinero fugado al exterior, un anticipo del debate que vive hoy el Congreso, la consulta electoral de los magistrados tampoco es una propuesta nueva en el ecosistema cristinista, pero, en este caso, no hay que retrotraerse a unos meses atrás sino a casi una década.
En abril de 2013, la entonces Presidenta reveló un paquete de seis proyectos bajo el paraguas de una bautizada "democratización de la Justicia". Uno de ellos era la elección por voto en las PASO de los integrantes del Consejo de la Magistratura, órgano que, ya como senadora, había logrado modificar, cambio que la Corte consideró inconstitucional pasados 15 años. Su composición ahora es prenda de negociación en el Congreso. La elección directa de los jueces, eso sí, fue desestimada entonces por la expresidenta. "Es un disparate", llegó a opinar.
Fueron más rápidos los cortesanos para voltear la reforma cristinista. En junio de ese año, con el único voto disidente de Eugenio Zaffaroni, seis jueces de la Corte la declararon inconstitucional, pero la fijación de CFK con la Justicia continuaría, pasando por frases como "en 2015 quisiera ser jueza" y, después de ese año, su desfile por Comodoro Py y el concepto de lawfare y, hoy, una comunicación gélida entre la Corte y el ministro cristinista Martín Soria.
