La exmandataria comenzó a exponer la idea en 2019, cuando se conformó el Frente de Todos, en el contexto de la gira nacional en la que presentó su libro Sinceramente.
Más adelante, el 10 de diciembre último, insistió en el tema en el discurso que pronunció en la Plaza de Mayo, cuando urgió a Fernández: "Presidente, comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que la fugaron, que se la llevaron para no pagar impuestos. Que sea un puente de negociaciones".
Poco después, la iniciativa se convirtió en borrador, lo que explica que el jefe de Estado no se haya visto sorprendido por su presentación en el Senado y que, incluso, le haya dado su respaldo. Como reveló Letra P, Presidente y vice habían acordado su impulso antes de que los puentes se derrumbaran después de los piedrazos al despacho de CFK en el Senado.
Las trabas internacionales
Cristina Kirchner planteó la necesidad de que Estados Unidos brinde información para dar con esos recursos en la reunión que mantuvo el lunes con el embajador Marc Stanley. El gesto no fue inocente: la colaboración de ese país, sede de la mayor parte de los recursos fugados, resultaría crucial, pero –al revés de lo que ocurre con más de un centenar de países– no hay en vigor un acuerdo bilateral de intercambio automático de información tributaria y, a la fecha, cualquier pedido de datos debe canalizarse por vía judicial.
La diferencia pasa por la desigual normativa en lo que respecta a la preservación del secreto fiscal y financiero. Acaso por eso, el diplomático presentó el encuentro en su cuenta de Twitter a la luz del gusto compartido por los chocolates patagónicos.
¿Blanqueo o sanción?
El proyecto de la bancada peronista del Senado señala que el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI a crearse "busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no estén declarados ante el Fisco realicen un aporte especial de emergencia".
El mismo será del 20% del total si el evasor o la evasora exterioriza voluntariamente sus tenencias, pero la alícuota se eleva al 35% si ese gesto se produce seis meses después de la entrada en vigor de la ley. No allanarse a la norma dejaría intacto el riesgo de prisión contemplado en la normativa vigente.
"En principio, hay diferentes razones por las que alguien decide llevar dinero fuera del país, ya sea la búsqueda de seguridad, la realización de negocios o circunstancias familiares", le dijo a Letra P Alfredo Popritkin, titular de la ONG Contadores Forenses. Las fundamentaciones de los autores del plan se refieren, en buena medida, al proceso de fuga de capitales que el propio FMI ayudó a financiar con el paquete de 2018. Sin embargo, más allá de las objeciones éticas y políticas del caso, ese dinero salió de la Argentina, en su mayor parte, de manera legal y en base a operaciones de fondos de inversión extranjeros. El proyecto actual, en cambio, apunta a las transferencias ilícitas de residentes nacionales, una tendencia que data de varias décadas y "ha respondido al intento de resguardar ahorros e inversiones huyendo de las leyes argentinas por las repetidas crisis monetarias y cambiarias", describió el experto.
A su criterio, "más que cobrar un impuesto, lo bueno sería que ese dinero fuera repatriado por medios no coercitivos", lo que lo sumaría a la masa imponible de modo permanente. Eso, con todo, no es así, lo que, sumado a la creación de la figura del delator, que se quedaría con el 30% del dinero recuperado, hace que no quede claro si el proyecto es un blanqueo de capitales como los que se han aplicado tantas veces o uno de tipo punitivo.
Según Popritkin, la alícuota del 20% también sustenta esa ambigüedad, ya que la imposición que se incluye en los blanqueos "suele ser del 5, el 7 o, como máximo, del 10%".
La fuga interior
La senadora Juliana Di Tullio dijo que quienes deben pagarle al FMI son "los fugadores, los que cometen delitos económicos y lavan dinero" y que eso permitiría "recaudar alrededor de 70 mil millones de dólares".
"Existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP", señala el proyecto de ley. Sin embargo, esa suma se refiere a lo que se denomina "formación de activos externos", que implica la salida de recursos del sistema financiero hacia el exterior o hacia cajas de seguridad o, incluso, viviendas dentro del país.
Eso plantea un tema delicado. "En muchos casos, ese dinero se encuentra en cajas de seguridad, cuya apertura (compulsiva) fue siempre uno de los grandes temores de sus dueños". afirmó Popritkin. "¿Qué se haría ahora? ¿Se abrirían las cajas de seguridad y se atribuiría lo que se encuentre a sus dueños?", se preguntó. Tal acción "significaría una violación del derecho de propiedad y generaría más desconfianza", poniendo en marcha, a mayor velocidad, el principal motivo de la fuga, explicó el especialista en lavado de activos.
Este aspecto se agudiza en tanto el proyecto menciona la elaboración de una segunda propuesta que "modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal". "Se amplía la lista de sujetos que pueden levantar el secreto fiscal. Ahora se suma el Banco Central, la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa, los fiscales y el jefe de Gabinete, quienes pueden pedir la información que concentran diversos organismos", detalló Di Tullio. Volviendo atrás, sería más difícil que Estados Unidos y otros países prestaran su colaboración en ese marco, que ya es denunciado por la oposición y el empresariado como contrario a la seguridad jurídica y la protección de la propiedad.
Redundancia y retroactividad
Ahora bien, ¿es necesaria una nueva norma? Los defensores de la iniciativa sostienen que facilitará la recuperación de los recursos evadidos y fugados, en tanto que los críticos la califican como redundante.
"El régimen penal tributario castiga varios delitos, en especial el de evasión. En paralelo a la causa penal que se abre en esos casos, cuando se llega a sentencia firme, la AFIP puede reclamar el 35% del monto total. Es decir que ya existe un camino para la recuperación de recursos no tributados" y con una carga mayor, dijo el presidente de Contadores Forenses.
Asimismo, cuestionó el criterio de que el proyecto busque recobrar dinero evadido bajo nuevas condiciones, algo que podría ser impugnado ante la Justicia bajo el argumento de la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de las normas.
