Durante su discurso de apertura de las 140 sesiones ordinarias del Congreso, en busca de una tregua en la guerra fría con el kirchnerismo al interior del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández volvió a apuntar contra la Justicia al exigir un “sistema judicial eficiente” que “recupere la confianza pública que ha perdido” y que sea “completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”. Ante la mirada de los integrantes de la Corte Suprema, criticó el accionar de la máxima magistratura del país y denunció que “algunos funcionarios del gobierno anterior saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal”.
Al referirse al “serio problema de la inseguridad” que azota al país, Fernández exigió “un sistema judicial eficiente” que permita “combatir al crimen organizado”. “Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticas”, agregó y ejemplificó la necesidad de una reforma del sistema judicial al denunciar las medidas cautelares que “algunos jueces dictaron en favor de empresas prestatarias de los servicios de telecomunicaciones” y que permitieron un aumento en las tarifas de los servicios. “No es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”, criticó.
En este sentido, lamentó que el proyecto de reforma judicial que el Frente de Todos envió al recinto en 2020 haya perdido estado parlamentario luego de haber sido aprobado únicamente por el Senado y denunció que la iniciativa “fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas”. “Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”, profundizó y se refirió a la Corte Suprema, sobre la cual dijo que su “conformación y funcionamiento también deben ser objetos de análisis”.
Al igual que en su discurso de 2021 ante el Congreso, Fernández denunció que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri “existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la República”, que afectaron “los derechos y garantías” de las personas involucradas en diferentes causas judiciales. “Cuando asumí la presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia prometiendo que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucional”, recordó y afirmó tener “la tranquilidad” de haber “cumplido” con su palabra.
“Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia”, valoró y detalló que durante su administración garantizó que “no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico” y terminó con “las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos”. “El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) develó y denunció”, ahondó.
Asimismo, adelantó que en los próximos días enviará un proyecto de ley que logre establecer las pautas de trabajo de los servicios de inteligencia para “producir información estratégica de calidad” que contribuya a “tomar decisiones y proteger al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico”.
