Dos de las paradas electorales más importantes del año serán la de Colombia, que el mes que viene renovará por completo las dos cámaras de su Poder Legislativo y en mayo elegirá al sucesor del actual presidente, Iván Duque, para el período 2022-2026. Con el recuerdo aún fresco de las protestas que paralizaron ese país el año pasado, el flagelo de la violencia y masacres que no se detienen y encuestas que entusiasman al progresismo local y regional, lo que ocurra en ambos comicios impactará en América Latina.
Los resultados de las legislativas del 13 de marzo y de las dos vueltas presidenciales –el 29 de mayo y, según prácticamente se descuenta, el 19 de junio– podrían iniciar un camino pocas veces transitado en la historia colombiana. Por un lado, un cambio de paradigma en el modelo político y económico, imperante desde la independización del imperio español, basado en la explotación agrícola-ganadera por parte de una pequeña pero poderosa oligarquía que durante años cambió de rostros, pero no de manos y que en 2021 sufrió una severa crisis a partir del estallido de una ola de protestas. Por el otro, por representar una posibilidad de reabrir un camino de diálogo para terminar de resolver el conflicto armado existente desde hace más de 50 años y relanzar los acuerdos de paz firmados con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana y avanzar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la misma dirección.
En este escenario, las fuerzas progresistas tienen una nueva posibilidad de derrotar a los sectores históricamente dominantes, expectativa que es producto, también, de las protestas de mayo último en rechazo a una reforma impositiva impulsada por el gobierno que erosionó al presidente Duque. Según la última encuesta de Invamer, el mandatario cuenta con una desaprobación del 71%, lo que impacta también en su candidato y representante del statu quo, Óscar Iván Zuluaga. Además, dichas protestas desembocaron en demandas sociales más amplias que chocan de lleno con el modelo neoliberal, ya que exigen una mejor distribución de la riqueza y una ampliación de derechos en educación, salud y vivienda. Este escenario lo completa el antecedente de la histórica elección que hizo el candidato de izquierda, Gustavo Petro, en la segunda vuelta de 2018, cuando superó los ocho millones de votos. En los próximos meses, tendrá la oportunidad de completar el combo.
Para ello, deberá sortear la primera parada de marzo, cuando se renueven las 108 bancas del Senado y las 188 de la Cámara de Representantes y se definan las internas de las tres principales coaliciones, una de izquierda, otra de centro y la restante, de derecha. Las más importantes serán las de la oposición, Pacto Histórico y Centro Esperanza. En la primera se definen los nombres más progresistas y, según las encuestas, Petro es el favorito para imponerse a Francia Márquez, una líder afrodescendiente defensora del medioambiente. En la alianza del centro, el favorito es el hombre de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo. Quienes no tendrán internas y esperarán directamente en mayo serán el oficialista Zuluaga y la antigua secuestrada por las FARC y actual líder de Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, quien abandonó la coalición Centro Esperanza apenas 11 días después de haberse sumado por diferencias internas.
En diálogo con Letra P, Patricia Muñoz Yi, docente e investigadora de la Pontifica Universidad Javeriana de Colombia, destacó que, “por primera vez en la historia”, habrá tres coaliciones compitiendo y que el ambiente nacional “es bastante complejo” porque todavía existen “tensiones y desacuerdos” al interior de las alianzas que impiden delinear el futuro. “Hay inquietudes en los partidos frente a la capacidad de movilización de las listas que lograron conformar”, analizó. “Tenemos un escenario complejo, lleno de incertidumbres, donde las coaliciones todavía no logran definir sus preocupaciones”, agregó.
El contexto también está dado por un flagelo que el país no logra revertir desde hace décadas, una violencia social y política que todos los años deja un reguero de sangre a partir del accionar de grupos armados, bandas parapoliciales y clanes narcos. El año pasado, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se produjeron 96 masacres que dejaron un saldo de 335 personas asesinadas, de las cuales 171 eran defensoras de derechos sociales. En 2016, se creyó que eso iba a cambiar a partir de la firma de los Acuerdos de Paz y del desarme de las ex-FARC, pero la ilusión duró poco. Desde entonces, fueron asesinadas 302 personas firmantes de dicho pacto. El fin de la violencia también fue uno de los reclamos más fuertes del año pasado y es un punto que el progresismo puede capitalizar si se tiene en cuenta que el mandamás del oficialismo es el expresidente Álvaro Uribe, conocido como "El Matarife" por sus supuestos nexos con la violencia paraestatal y grupos criminales.
“La primera clave de las elecciones será la capacidad de conectarse con los colombianos y entender el alto nivel de inconformidad con los políticos y la política”, anticipó Muñoz Yi en el diálogo con este medio. Según dijo, la segunda pasará por la capacidad de “comunicarse adecuadamente en este marco de preocupaciones para reconocer los problemas sobre los que la ciudadanía necesita soluciones”. “Hasta ahora, los candidatos han mostrado más ataques a sus oponentes que propuestas concretas sobre las múltiples problemáticas de las protestas de 2021”, agregó.
La mesa nacional colombiana está servida con problemáticas estructurales como platos principales que las partes –con comensales todavía por definirse– deberán atender y resolver.
