El presidente Alberto Fernández le pagará con bonos una parte de los recursos por coparticipación que la Corte ordenó restituirle a la Ciudad de Buenos Aires mientras dispone las acciones legales para batallar contra el fallo del máximo tribunal, que, sostiene, se excede en sus funciones y viola la división de poderes.
"Instruí a la JGM (Jefatura de Gabinete) para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)", anunció el jefe de Estado a través de su cuenta en la red Twitter.
"Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos", completó.
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Fernández aclaró que "dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes".
"Los bonos consignados ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda", ironizó.
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El Presidente anunció también que instruyó al Ministerio de Economía, que está a cargo del por estos días silencioso Sergio Massa, para que envíe al Congreso "un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22".
Fernández encuentra, así, una manera de ganar tiempo en su batalla contra la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y contra la Corte sin desacatarse, aunque mantiene su postura de fondo sobre el fallo del tribunal que quebró la paz de un diciembre edulcorado por el éxito futbolero en el Mundial. La medida cautelar "viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente", ratificó.
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Fernández dijo estar "convencido" de que "la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional".
"Las políticas públicas que dispone el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas". escribió y agregó que "el actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento".
"Como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley", señaló el mandatario y anunció que instruyó al Procurador del Tesoro "para presentar un recurso de revocatoria 'in extremis' contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta".
El Presidente ratificó, además, que ordenó "recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas".
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No obstante, en su comunicación de este lunes, señaló que "las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas" y que, "respetuoso del Estado de Derecho", buscará "revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer".
"También debo respetar las leyes vigentes", admitió y precisó que "el artículo 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos". Por esa razón, el Presidente ordenó el pago con los mismos bonos que usó para saldar, también por decisión de la Corte, una deuda que mantenía con la provincia de Santa Fe, de la misma manera que antes lo había hecho su antecesor inmediato, Mauricio Macri, con San Luis.
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