TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

El Círculo Rojo de la hidrovía se pone en guardia ante la avanzada provincial

Las entidades empresariales de la autopista fluvial rechazan los cambios impulsados por los gobernadores. Planteos y reclamos al nuevo ministro Giuliano.

Con casi dos semanas de delay, pero con una contundencia pocas veces vista, las principales entidades y cámaras empresariales vinculadas con la denominada Vía Navegable Troncal (VNT) Paraguay-Paraná salieron a plantear ante el nuevo ministro de Transporte, Diego Giuliano, su oposición y rechazo a las medidas que consensuaron las provincias ribereñas en la última reunión del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH). El Círculo Rojo de la autopista fluvial integrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) decidió salir con los tapones de punta contra lo que consideran una nueva movida estatizante de los gobernadores, la Administración General de Puertos (AGP) y las autoridades nacionales del área de Transporte.

 

El detonante de la reacción empresarial fue el informe oficial difundido por el Gobierno con las futuras acciones y obras que acordaron representantes provinciales y nacionales en el cuarto plenario del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) que tuvo lugar el 24 de noviembre pasado.

 

Esa reunión dejó como hecho saliente un renovado apoyo de los gobernadores a la gestión de la AGP al frente de la concesión de la hidrovía y el diseño de un nuevo plan de trabajo que incluye el uso de la recaudación de los peajes de Santa Fe al norte para el pago de las obras de mejoras y ampliación de los accesos a los puertos fluviales de las provincias ribereñas.

 

Además, las provincias se manifestaron a favor de dejar sin efecto el decreto 949/20 que ordena licitar el dragado y balizamiento de la hidrovía a un concesionario privado y de llevar adelante, con fondos presupuestarios y el excedente de los peajes fluviales, las obras del Canal Magdalena y la creación de una flota mercante nacional.

 

Tras analizar lo resuelto en el CFH, las entidades cuyas actividades y negocios dependen de lo que pase en el corredor navegable más importante del país acordaron remitirle una nota conjunta al ministro Giuliano. En el escrito manifiestan una posición contraria a las intenciones oficiales que promete ir subiendo de tono en caso de que el Gobierno avance con las acciones anunciadas.

 

Antes de enumerar sus desacuerdos y rechazos específicos, el scrum empresarial volvió a reclamar el cumplimiento del decreto 949 de diciembre de 2020 que prevé el llamado a licitación internacional para concesionar a operadores privados las obras de dragado y señalización de la hidrovía bajo el riesgo empresario y sin avales del Estado.

 

Tras cartón, la presentación girada al despacho de Giuliano rechazó la doble pretensión oficial de mantener sin fecha límite a la AGP como concesionaria de la vía navegable y de que ésta se haga cargo de las obras de dragado, balizamiento y mejoras en los accesos a los puertos fluviales de las provincias que conforman el CFH.

 

Las entidades advirtieron que la ejecución de esas obras en los accesos portuarios por parte de la AGP va en contra del artículo 20 de la Ley de Actividades Portuarias 24.093 que establece que “el responsable de cada puerto, cualquiera sea su titular y clasificación, tendrá a su cargo el mantenimiento y mejora de las obras y servicios esenciales, tales como profundidades y señalización de los accesos y espejos de agua, instalaciones de amarre seguro, remolque y practicaje”.

 

“Si el Estado Nacional se hace cargo del dragado, balizamiento y señalización de los accesos a los puertos provinciales utilizando ingresos del peaje que cobra por el dragado y balizamiento de la VNT; no solo estará oponiéndose a lo que expresamente establece la ley, sino que estará generando un trato discriminatorio respecto de puertos privados que no pertenecen a las provincias signatarias y que deben asumir esos costos”, destacó el escrito remitido al timonel de Transporte.

 

Con respecto al valor del nuevo peaje en juego para el tramo de Santa Fe al norte, las entidades plantearon que “debe ser acorde al valor generado por el servicio prestado, es decir que debe generar mayores beneficios económicos que gastos y su monto debe ser fijado en base a una metodología de costos transparente, preferentemente a partir de una contabilidad regulatoria cuyo diseño sea aprobado previamente por el organismo de regulación y control”.

 

En lo que atañe al prometido proyecto del Canal Magdalena, las empresas portuarias, aceiteras y agroexportadoras cuestionaron tanto “la oportunidad y conveniencia” de llevarlo adelante en estos momentos, como el hecho de que sería financiado por quienes no son usuarios directos de la obra.

 

En defensa de esa postura remarcaron que “un estudio encargado a la consultora Serman S.A. sobre la factibilidad del proyecto del Canal, concluyó que los beneficios que representa el ahorro de costo de transporte, por la disminución del tiempo de navegación que permite el proyecto, no es suficiente para pagar el costo incremental que exige la construcción y el mantenimiento del mismo”.

 

También marcaron su “profundo desacuerdo con destinar el excedente financiero de los ingresos generados por la recaudación de peaje al financiamiento de la flota fluvial y mercante”. Consideraron, además, que esos recursos deberían destinarse a mejorar la eficiencia de la hidrovía con la realización de los “estudios de impacto ambiental para alcanzar los 40 pies navegables desde Timbúes al océano Atlántico”.

 

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