El Gobierno reconoció que no sabe cuándo estará en condiciones de concretar la prometida y tantas veces anunciada licitación nacional e internacional que debe llevar adelante el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) para elegir al futuro concesionario privado de la hidrovía Paraguay-Paraná. Por medio de la resolución 515, el ministerio de Transporte, conducido hasta ahora por el massista Alexis Guerrera, decidió extender, por anticipado y sin fecha de expiración, la concesión del principal corredor navegable del país y el cobro estatal de los peajes a los barcos que tiene a su cargo la Administración General de Puertos (AGP) desde setiembre del año pasado.
La prórroga contractual al organismo portuario implica en los hechos la admisión oficial de que la administración de Alberto Fernández no tiene entre sus planes inmediatos la puesta en marcha del proceso licitatorio internacional que prevé el decreto 949/20 para transferir a un operador privado el dragado y balizamiento de la vía navegable troncal (VNT) “a riesgo empresario y sin aval del Estado”.
Esa tarea quedó a cargo del Ecovina, el multitudinario ente de control de la hidrovía presidido por Ariel Sujarchuk, intendente bonaerense de Escobar en uso de licencia, quien hasta ahora, y pese a los reiterados anuncios, no ha logrado avanzar con los borradores de los pliegos de bases y condiciones de la licitación que, por su complejidad y los intereses en juego. El proceso demandará no menos de unos 10 meses entre su lanzamiento formal y la evaluación de las ofertas para seleccionar al grupo ganador.
Tras haber estado 25 años en manos de la operadora privada Hidrovía SA que integraron el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa; la concesión de la autopista fluvial pasó en setiembre de 2021 a manos de la AGP que encabeza el kirchnerista santacruceño José Beni. En ese momento, el Gobierno fijó un plazo de concesión de 12 meses con la promesa de que antes de que se cumpliera el año ya iba a estar definida la licitación del nuevo operador privado que debía hacerse cargo de la hidrovía por un período de 15 años.
La derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones legislativas demoró más de la cuenta la creación del nuevo organismo de control que debía llevar adelante el proceso licitatorio. Recién a mediados de marzo este año el Ecovina logró arrancar a media máquina y hace apenas dos meses logró montar una base de operaciones en Rosario. De acuerdo con lo señalado por Sujarchuk, que se ha mostrado en estos meses más pendiente de su pago chico que de la hidrovía, los pliegos podrían estar listos a fines de este año para que luego sean sometidos a las audiencias públicas que prevén las normas ambientales vigentes.
Para justificar la continuidad de la AGP como “concesionaria estatal” de la hidrovía, la cartera de Transporte reconoció que “al día de la fecha no hay certezas respecto al tiempo que ha de transcurrir hasta la convocatoria a la licitación pública encomendada al Ecovina, ni para la correspondiente toma de servicio por parte quién o quiénes resultaren adjudicatarios de la concesión a riesgo empresario y sin aval del Estado”.
Tras resaltar “la necesidad de continuar con las acciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal”, la resolución firmada por Guerrera procedió a prorrogar el contrato de concesión con la AGP a partir del próximo 11 de setiembre hasta el desembarco de los futuros adjudicatorios de la licitación de la hidrovía que no tiene fechas, ni plazos ciertos de realización.
Además de haber sido publicada en el Boletín Oficial con 42 días de antelación al vencimiento establecido para la concesión temporaria vigente, la resolución 515 presenta otro dato más que llamativo. Tanto el trámite de expediente, como la firma de la norma aparecen con fecha del sábado 30 de julio, lo cual dejaría traslucir cierto apuro de Guerrera por dejar ordenado este tema antes de que se concrete la anunciada fusión de su cartera con el área de Obras Públicas.