LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Mientras la permanencia de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense se debate entre la ofensiva de los intendentes del conurbano que piden por su salida, la resistencia de Axel Kicillof y el arbitraje de Cristina Fernández de Kirchner, en Juntos por el Cambio (JxC) tienen a mano un libro de quejas en materia de seguridad que ponen sobre la mesa de negociación del presupuesto provincial 2023. Fuentes legislativas opositoras advirtieron a Letra P que no aprobarán la ley de leyes de no incluirse allí el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo de Seguridad, para los cuales engloban un pedido del orden de los $82 mil millones, además de una mecánica ágil de transferencia para que no se erosione con la inflación.
Esto último tiene que ver con un reclamo expreso de la tropa intendentista opositora que, además, pide que el Fondo de Seguridad tenga el año que viene una mayor flexibilidad para su utilización, para que los municipios puedan cubrir, con esos recursos, gastos operativos de la fuerza policial, como combustible y mantenimiento de patrulleros, que, aseguran, son costeados hasta por más de un 50% con recursos de las administraciones locales.
La necesidad de mayor personal policial es otra de las demandas que proliferan en varias comunas administradas por el cambiemismo, que, de todas maneras, en algunos aspectos lanzan guiños hacia la gestión ministerial de Berni, específicamente en lo relativo a la entrega de patrulleros. Incluso, un dato que llamó la atención en algunos municipios del FdT fue la entrega de más de una veintena de móviles que el ministro realizó en cuerpo presente la semana pasada en Junín junto al intendente PRO Pablo Petrecca: “Hoy es un día histórico, ya que no hay antecedentes de que, en un municipio de la provincia, se entreguen 23 patrulleros en un sólo día”, sostuvo Berni.
En ese aspecto, también elogia otro alcalde macrista, Mariano Uset (Coronel Rosales). “En cuanto a móviles, el Ministerio ha atendido los requerimientos que hicimos. Obviamente, estamos con lo justo, pero recibimos unidades prácticamente nuevas”, sostuvo a Letra P. En esa línea fue su par radical de Rauch, Maximiliano Suescun: “Recibimos nueve patrulleros en el transcurso de un año y pico, que para Rauch es mucho”.
Por fuera de esto, las quejas salen a flote por carencia de personal, burocracia en los desembolsos y poca flexibilidad para la utilización del Fondo de Seguridad. También, por lo que –advierten- es un permanente costeo de los municipios para el funcionamiento operativo de la fuerza. “Lo que llega de la Provincia no alcanza a satisfacer todo; recursos municipales también destinamos a combustible, al equipamiento informático y al mantenimiento de los móviles, que es una sangría no solamente por lo que cuestan algunos repuestos, sino para conseguirlos en un momento muy complicado, cuestiones que deberían ser de funcionamiento normal y, sin embargo, a veces nos pusieron en jaque”, enfatizó Uset.
El intendente amarillo recalcó que, en su municipio, el principal déficit en seguridad fue en materia de recursos humanos. “Hace tres años que no se mueve y la ciudad sigue creciendo, se van produciendo bajas por carpetas médicas, por cambio de funciones, por algún movimiento de personal y no aumenta la cantidad de recursos humanos que tenemos”, señaló.
Para el próximo año, Uset reclama “la mayor dinámica posible” en el funcionamiento del Fondo de Seguridad. “Que no sea tan tortuoso el proceso de desembolsar nosotros por un lado y después quedar sujetos a los tiempos de la burocracia provincial para recuperar lo invertido, más en un escenario inflacionario como el que tenemos”, pidió.
El radical Suescun sostuvo a Letra P que los fondos que vienen por convenio de Policía Comunal “no cubren ni el 50% del dinero que tenemos que destinar para que la policía funcione como realmente queremos, porque sin recursos la policía no puede funcionar”.
Así, recalcó que los municipios “reciben mucho menos dinero del que deben aportar para que la seguridad funcione”. Por tal razón, requirió que el Fondo de Seguridad, hoy limitado a gastos de infraestructura y móviles, tenga “un poco más de flexibilidad por si necesitamos cubrir gastos operativos”.
