La convocatoria de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, a CEOs de supermercados para fijar “una agenda determinada de precios”, con el objetivo de “cuidar el acceso a los productos de la canasta básica” y “evitar que se produzcan abusos" llega en un momento en el que el sector empresario y el Gobierno resetean los GPS. La relación entre la funcionaria y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quedó marcada por la renuncia puesta a disposición, mientras las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández se centraban en la política económica, pero salvaban a Martín Guzmán del pedido de cabezas.
Distintas fuentes que orbitan alrededor de Kulfas remarcaron que el vínculo con la secretaria de Comercio quedó deteriorado. Coincidieron en que hubo o habría charlas para enfocar en la gestión y saldar la discusión. Hubo, incluso, una demostración de fuerza interna el lunes pasado, en el Ministerio, cuando Kulfas habló ante el personal, agradeció por el esfuerzo y recibió aplausos.
Sin embargo, las críticas cruzadas continúan: el desencanto de la secretaria por un ministro que no juega a fondo, de un lado; la rabia contra una funcionaria que se corta sola y hasta ofrece su renuncia cuando sabe que su superior en el organigrama es de los más cuestionados por la vicepresidenta, del otro. En su última carta-bomba, Cristina recordó que a fines de diciembre reclamó “alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas” para que el crecimiento no “se lo queden tres o cuatro vivos nada más”. Son resortes que están bajo control de la vice: las tarifas y la relación con los supermercados y las grandes firmas de consumo dependen de funcionarios y funcionarias que le responden sin intermediaciones.
Quienes comandan los supermercados llegan a la reunión con Español con este escenario. En paralelo, la secretaria de Comercio retomó, la semana pasada, las reuniones con las grandes fabricantes de productos de consumo masivo. En el sector privado lo interpretaron como una puesta a punto después del recambio de gabinete. Español instó a reforzar las mesas de articulación con grandes comercios que implican, sobre todo, que ninguna lista de precios puede llegar a los supermercados sin la aprobación previa de la Secretaría. “Nos pidió el máximo compromiso y que no haya aumentos sin autorización”, resumió uno de los asistentes a esos encuentros.
En el ámbito ejecutivo, Español se erige como la única referencia en temas de consumo, como si Kulfas hubiera delegado la interlocución de todo lo que pasa en las góndolas. A poco más de una semana de la renovación de Precios Cuidados, las empresas comenzaron a acercar listas de productos y aumentos y no notaron, por ahora, ningún pedido especial.
Con este panorama y la batería de regulaciones ya existente -Precios Cuidados, Súper Cerca para comercios de barrio, la obligación de informar stocks y precios entre las medidas formales, y la necesidad de tener la vista previa de la Secretaría antes de entregar una lista con aumentos a los supermercados entre las informales- en el empresariado se preparan para una profundización del esquema que los fastidia pero con el que están relativamente cómodos. Supermercados y grandes alimenticias coinciden en que la articulación funciona bien. “El índice de inflación es otra cosa”, se atajan sin que se les pregunte. Y, ante la repregunta, ensayan distintas respuestas. Para los supermercados grandes -el puñado de cadenas que concentra el 40% de las ventas pero que no llega a los barrios-, las grandes alimenticias “bajan” precios distintos a los autorservicios de cercanía. Para las alimenticias, son los productos no regulados por Comercio -desde alimentos frescos hasta electrodomésticos e indumentaria- y la macroeconomía los causales de la inflación del 50 por ciento anual.
