"Argentina presenta oportunidades de inversión y negocios, particularmente en agricultura, energía, salud, infraestructura, tecnologías de la información y minería. Sin embargo, la incertidumbre económica, políticas intervencionistas, la alta inflación y el persistente estancamiento económico impidieron que el país maximizara su potencial". Al tope de su último y extenso informe sobre el clima de inversiones en el país, el Departamento de Estado hizo este resumen de lo que capturó de distintas reuniones con empresas que operan en el país. Algo parecido a lo que escuchará este viernes por la tarde Jake Sullivan, el asesor de Seguridad de Joe Biden que llegó al país para entrevistarse con el presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete, en dos reuniones con el sector privado que se mantienen bajo secreto.
Sullivan se reunirá con el sector empresario luego de los encuentros con funcionarios, con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, a la cabeza. Sullivan y Beliz tienen una relación personal. Quizás por eso, una de las charlas con el Círculo Rojo tendrá como foco la agenda de largo plazo del Consejo Económico y Social. La otra se referirá a un sector de los que Estados Unidos considera estratégico. Antes, el enviado de Biden tendrá su mano a mano con el Presidente y mantendrá conversaciones con el ministro de Economía, Martín Guzmán y el canciller Felipe Solá, entre otros. Cualquier oído estadounidense ayuda a destrabar la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Aquel informe con el que llega Sullivan se confeccionó en base a indicadores públicos y privados y a distintos encuentros entre el funcionariado y el empresariado estadounidense. Tuvo un peso particular la visita de Juan González, el asesor para el Hemisferio Occidental de Biden, de mediados de abril. En Buenos Aires, González se reunió con integrantes de Amcham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Escuchó las quejas habituales: el control de precios, el cepo cambiario y la limitación para sacar dividendos y regalías, las trabas a las importaciones. Amcham levantó la voz en los últimos meses contra distintos proyectos del Gobierno, como la reforma del Ministerio Público Fiscal o el sistema de Etiquetado Frontal de alimentos. También reclamó de forma insistente el fin de los Precios Máximos e hizo gestiones para destrabar la llegada de vacunas de Pfizer y Moderna. Y se prepara para jugar el siguiente partido: el proyecto de ley de envases que grava a las compañías que introduzcan estos recipientes en el mercado.
Según distintas fuentes del empresariado argentino-estadounidense, hay desánimo en el grueso de las compañías que operan en ambos países. El intercambio permanente entre el funcionariado argentino y lobbystas de Washington cesó en intensidad. Para las empresas y las cámaras que las agrupan, las promesas de "normalización" se dilataron. A un año de la reestructuración de la deuda privada, esperaban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con su consecuente programa económico y una mayor libertad para operar. "Nuestro mensaje para el Gobierno actual sería que avance en un plan económico tangible que atraiga a la inversión extranjera y que promueva también la inversión doméstica. Sin ello, va a ser imposible que la economía se recupere", le dijo a Letra P el vicepresidente para América Latina de la US Chamber of Commerce, Neil Harrington, en marzo. Cinco meses más tarde, la tónica es parecida.
Según el Departamento de Estado, Estados Unidos se mantiene al tope de la inversión extranjera en el país, con un stock estimado en U$S10.700 millones y más de 300 compañías operando en Argentina. De acuerdo con esta visión, las compañías están en modo "supervivencia", con pocas inversiones previstas para el mediano plazo. La campaña electoral les pasa por el costado, aunque esperan con atención el posicionamiento hacia 2023.
"Tanto las empresas nacionales como las extranjeras señalan con frecuencia una carga fiscal alta e impredecible y leyes laborales rígidas, que dificultan la respuesta a las condiciones macroeconómicas cambiantes, como obstáculos para una mayor inversión en Argentina", se lee en el reporte del Departamento de Estado, en el que tampoco faltan críticas a la legislación local sobre propiedad intelectual. "Argentina continúa presentando desafíos de larga data y bien conocidos sobre las industrias de propiedad intelectual intensiva", como la farmacéutica o la cultural.
