El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está más cerca o más lejos, según con quién se hable, pero no está casi cerrado, como trascendió la semana pasada desde una de las patas de la coalición de Gobierno. Queda por resolver lo más importante de todo: cómo hará Argentina para devolverle al organismo los más de 40.000 millones de dólares que le debe en un plazo de al menos diez años. Sobre esa pregunta se erigirá un programa con objetivos de crecimiento, aumento de exportaciones y convergencia fiscal, indicaron fuentes oficiales a Letra P.
Las negociaciones son permanentes y sobrevuelan varias oficinas de Gobierno. También están cruzadas por la campaña electoral. Avanzar en el acuerdo también depende de una "cuestión de oportunidad", dijo una persona que participa de los idas y vueltas con el Fondo. El entendimiento debe cocinarse en varias etapas: primero, dentro del Frente de Todos y, después, en el Congreso. El camino: un acuerdo técnico con el staff del Fondo, su ratificación en el Parlamento y el OK final del directorio del FMI. El apoyo político que dieron los distintos países -Estados Unidos fue el último- no garantiza la firma de algo que esté avalado por la troika del organismo con sede en Washington. Las distintas fuentes consultadas coincidieron en que la deuda quedará reestructurada antes del segundo trimestre de 2022. Es el plazo límite que el Gobierno acordó con el Club de París para renegociar con un programa vigente. También, el deadline antes de que haya que pagar vencimientos de capital con el FMI que, solo para el año próximo, demandarían U$S18.036 millones.
El acuerdo se gestiona dentro de los bordes del estatuto actual del Fondo. El programa de facilidades extendidas tendrá un horizonte de diez años y una tasa de interés anual del 3,5%, contando los sobrecargos que el Gobierno discute en el G-20. El FMI cobra 200 puntos de sobretasa cuando el préstamo supera en 18,75% la cuota de cada país (la administración de Mauricio Macri negoció el equivalente al 1277% de la cuota del país) y otros 100 puntos extra cuando el plazo de repago es superior a los tres años. En la actualidad, según datos oficiales, Argentina paga al año U$S 502,5 millones de dólares de intereses y U$S952,9 millones en recargos. En la última entrevista con Radio 10, el presidente Alberto Fernández simplificó la negociación: "Sacame esa tasa" y "extendeme ese plazo" de diez años, pidió y vaticinó que la cumbre de presidentes del G-20 de octubre, en Roma, puede ser clave para modificar esas condiciones. Según fuentes al tanto de las negociaciones, son gestiones en paralelo: una cláusula permitiría renegociar los términos del programa económico si el FMI modificara los preceptos estatutarios de sus préstamos.
La discusión central, todavía no cerrada, tiene que ver con el crecimiento de la economía -sobre todo, de las exportaciones- que será necesario para repagar la cuenta de U$S44.000 millones, que podrían ser unos U$S40.000 millones cuando se cancelen, con Derechos Especiales de Giro (DEG), los vencimientos de septiembre y diciembre. La cuenta de ingresos y egresos no es sencilla para un país que exporta unos U$S70.000 millones por año y que tiene que hacer frente a importaciones por U$S65.000 millones. Las ventas tienen que aumentar para poder financiar la cuenta de compras al exterior que una economía en recuperación demanda, satisfacer la hoy aplazada balanza deficitaria del turismo y honrar los pagos de deuda.
El sendero de reducción del déficit fiscal, dicen las fuentes oficiales, estará más atado a la expansión de la actividad y de las exportaciones -por lo tanto, la mayor recaudación- que a la contracción del gasto. El agro, la minería, Vaca Muerta y el crecimiento de Brasil -principal comprador de las manufacturas industriales argentinas- hacen su aporte en una estimación que el staff del Fondo, con proyecciones sobre cada país y un horizonte de precios de commodities, tiene afilada. La cuenta no cierra fácil: Argentina necesitará un fuerte superávit fiscal para saldar vencimientos con el Fondo y con acreedores privados a partir de 2023.
La alta inflación es una preocupación permanente de los accionistas mayoritarios del Fondo, pero las distintas fuentes coinciden en que la negociación no incluye terapia de shock. No hay margen, dicen, para aplicar políticas contractivas en una economía que sobrevive con más del 40% de su población debajo de la línea de pobreza. Hubo, allá por marzo, un acuerdo entre Argentina y el Fondo en definir a la inflación como "multicausal" que quitó presión a la opción ultra monetarista. En esa misma línea, el Gobierno y el Fondo descartan una rápida convergencia de los tipos de cambio. Habrá brecha cambiaria para rato, con el programa que el FMI e Islandia firmaron en 2008 como modelo. Islandia convivió con brecha y controles de cambios durante la estadía del Fondo, que terminó en 2017. Al mando de esa misión estaba Julie Kozack, la negociadora con la que hablan ahora el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el director por Argentina, Sergio Chodos.
Hay pocas definiciones sobre las reformas estructurales que pedirá el FMI para convalidar el programa. Algunas son más digeribles que otras. Por ejemplo, Miguel Pesce, presidente del Banco Central, reflotó el jueves pasado, ante el Consejo de las Américas, el anhelo de desarrollar el mercado de capitales doméstico que permita canalizar el ahorro local. Hay quienes agregan, con algo de malicia y mucho de razón, que Guzmán ya hizo el trabajo sucio en materia previsional.
