El mate es, sin discusión, la bebida que está presente en cada hogar argentino. El año pasado terminó con un consumo de 268 millones de kilos de yerba mate que va camino a repetirse en 2021 pese al aumento de precios en las góndolas de los supermercados. En el corazón de la producción y la industria, sin embargo, lejos está de haber consensos y la actividad se encuentra en un permanente delicado equilibrio.
En pleno año electoral, todas las fuerzas políticas de Misiones -en contraste con Corrientes- coincidieron en defender la regulación del mercado mediante la imposición de cupos de plantación para evitar una sobreoferta de materia prima. La Renovación, el Frente de Todos y Juntos, acordaron defender la intervención del Estado en el mercado yerbatero.
El mate, en este caso, cerró la grieta. No siempre fue así.
En abril de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri hizo explícita la intención de desregular el mercado yerbatero, emulando a Carlos Menem, quien incluyó al oro verde en el paquete de desregulación de 1991, cuando Domingo Cavallo ponía los cimientos para el Plan de Convertibilidad.
Aquella decisión del superministro tuvo un fuerte impacto en la economía productiva: en 1991 el precio del kilo de yerba mate en góndola estaba en $2, en tanto el kilo de hoja verde puesta en secadero se pagaba 20 centavos. Diez años, después el precio de la hoja verde en secadero –o sea incluidos costos de cosecha y flete- había caído a 6 centavos y la participación en el producto final del sector productivo se redujo al 9%. Una enorme transferencia de recursos desde el sector productivo al industrial.
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Ese desbalance provocó el tractorazo, una histórica protesta que en mayo de 2001 se anticipó a la caída de Fernando De la Rúa y provocó un cimbronazo en la política local. Nació entonces el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), para recuperar un poco de equilibrio entre la producción y la industria.
Hasta 2018, el rol regulador del INYM no se había puesto en duda, más allá de los tironeos de la industria para conseguir un precio menor al que pedía el sector productivo. Inclusive, antes del empellón desregulador de Macri, se había ensayado una drástica medida: prohibir las plantaciones durante tres años, con el respaldo del director nacional, Alberto Ré, y Jerónimo Lagier, un entusiasta militante de Cambiemos. Sin embargo, esa iniciativa nunca tuvo el visto bueno de la Casa Rosada y no llegó a ponerse en marcha, pese a la amenaza latente de sobreproducción.
Cuatro años después, la producción volvió sobre la idea y el INYM la puso en marcha: por mayoría en el directorio, impuso cupos de hasta cinco hectáreas por unidad de producción para nuevas plantaciones, con el objetivo de frenar el avance de grandes jugadores, que podrían volver a desbalancear el mercado y derrumbar los precios que hoy pasan por una inédita curva ascendente para ubicarse en 52 pesos por kilo de hoja verde, lo más cercano a los 50 centavos de dólar pensados como promedio ideal.
Esta vez no hubo ruido político. La iniciativa de la producción fue respaldada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad para “cuidar el arraigo” y fortalecer a las pequeñas unidades productivas que generan empleo y derraman recursos en cada municipio. Es una de las banderas de la Renovación: fortalecer la chacra como unidad económica.
“Tiene como objetivo evitar una crisis social y económica por sobreoferta de hoja verde, permitiendo de esta manera un crecimiento ordenado y paulatino de la materia prima, brindando condiciones para el arraigo de la familia rural, la generación permanente de mano de obra a cosecheros y contribuyendo a la dinamización de la economía en cada uno de los municipios donde están las plantaciones. Dicho de otro modo: lejos de prohibir las plantaciones y destruir la capacidad productiva, prevé un crecimiento regulado y equitativo para que todos los actores, tanto pequeños como medianos y grandes, puedan aumentar su superficie”, argumentó Herrera Ahuad.
La posición del gobernador fue respaldada además por el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, quien coincidió en que lo contrario sería “alentar el latifundio” que “genera una forma de producción y comercio monopólico, con distorsión de abastecimiento y precios”. Actualmente, se encuentra afectada a la producción de la yerba mate una superficie total de 174.820 hectáreas y hay 9.983 unidades productivas registradas. De este modo, las cinco hectáreas por unidad, autorizadas desde enero de 2022, implican la posibilidad de aumentar la superficie cultivada en 49.415 hectáreas, lo que permite un incremento en el primer año de más de 28,26% de la superficie destinada a la producción.
En plena campaña electoral, sorprendió el respaldo de los candidatos de Juntos, ya que fueron todos a contramano de la idea de Macri. Fue el exgobernador radical Ricardo Barrios Arrechea quien marcó la cancha. Martín Arjol, su postulante a diputado nacional, se sumó a la defensa de las pequeñas unidades productivas. “Hay un mito sobre el peligro en la producción para el consumo en Argentina, pero no es real. No existe peligro de faltante de yerba en nuestro país y lo dicen los últimos informes del INYM”, apuntó.
No tiene mucho margen de movimiento. En la lista radical lo acompañan Cristian Klingbeil, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, y Úrsula Waidelich, hija de un colono y exintendente de Andresito, el pueblo que desplazó a Apóstoles como capital de la producción yerbatera. En el ala macrista, tampoco hubo reparos. Walter Kunz, otro de los precandidatos a diputado nacional, tiene entre sus padrinos políticos a Lagier, uno de los firmantes de la prohibición de 2017.
Pedro Puerta, el hijo del yerbatero exembajador de Macri en España, se diferenció de sus socios radicales: “Claro que hay que planificar y ordenar la producción. Pero la falta de consenso le puede costar a Misiones la presencia en los mercados internacionales. Si perdemos eso, hay años de esfuerzo y lucha, pero sobre todo dólares y puestos de trabajo en la provincia, que se van para no volver”.