No era un secreto, pero faltaba que el objetivo se hiciera explícito. La decisión de Uruguay de patear el tablero del Mercosur, una que dejó al bloque en la peor crisis de sus 30 años, apunta a cerrar unilateralmente un tratado de libre comercio con China, la posibilidad más temida por los sectores industriales de Argentina y Brasil.
Así lo dijo el canciller oriental, Francisco Bustillo, en declaraciones al diario montevideano El Observador. "Si llegamos a un acuerdo (de libre comercio) con China y Argentina dice que no, igual va a entrar en vigencia”, desafió.
Como se sabe, para el gobierno de Luis Lacalle Pou, dicho camino es válido toda vez que la Decisión 32/00, que obliga a los países miembros del Mercosur a encarar en conjunto cualquier negociación de libre comercio, no está en vigor por no haber sido “internalizada” en el sistema jurídico uruguayo vía aprobación legislativa. Sin embargo, ese es apenas un subterfugio: dicha disposición surge con nitidez del artículo 1 del capítulo I del propio Tratado de Asunción, constitutivo del bloque.
Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), le dijo a Letra P que “claramente Uruguay quiere un acuerdo con China”. “Si lo hiciera (unilateralmente), eso sería contrario al Tratado de Asunción. No pueden hacerlo, no está permitido”, añadió el especialista.
El gigante de Oriente proyecta su sombra sobre el Mercosur. No es que el mercado uruguayo, de 3,5 millones de consumidores, desespere a las industrias exportadoras de Argentina y Brasil. El problema sería que otros países siguieran el ejemplo: todas las compañías que encuentran hoy en el bloque una reserva de mercado, que les permite competir en condiciones arancelarias preferenciales con firmas de otros países, perderían esa ventaja. En un Mercosur flex –ya no una unión aduanera sino una simple zona de libre comercio– tal competencia sería especialmente desafiante si involucrara a compañías chinas, muy superiores en escala, acceso al crédito, condiciones tributarias y costos laborales.
Por esa razón, además de la Argentina –acompañada en la cumbre de la semana pasada por Paraguay–, el grueso del sector industrial de Brasil resiste los amagues de flexibilización radical del presidente Jair Bolsonaro y de su ministro de Economía ultraliberal, Paulo Guedes. Asimismo, Itamaraty coincide con la lectura legal de Buenos Aires.
Mientras que Bolsonaro le plantea una tensión permanente, una suerte de trumpismo sin Donald Trump, Argentina es –pese a roces recientes– un país importante para China en Sudamérica. ¿Se animará Pekín a acordar con Uruguay algo que perjudicaría tan flagrantemente a nuestro país y que también sería mal visto por la izquierda brasileña, que, según las últimas encuestas, podría volver al poder con Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre del año próximo?
Por si eso fuera poco, también los Estados Unidos de Joe Biden mirarían con recelo un desembarco semejante en el confín sur de lo que consideran su “patio trasero”.
“China es un país muy particular. Podría hacer un pacto con Uruguay ad referéndum de que el Mercosur después no afecte su vigencia. No sería la primera vez: China vive jugando con el día a día de los demás”, estimó Elizondo.
El canciller Bustillo dijo que Argentina no podría hacer nada para evitar que Uruguay –curiosa meca de algunos republicanos de aquí– haga lo que quiera sin importarle qué compromisos ha firmado en el pasado en su propio beneficio. ¿Eso es así?
“Uruguay apuesta a que Brasil lo apoye. No sería descabellado que eso ocurriera mientras Bolsonaro esté en la presidencia”, señaló Elizondo. Sin embargo, fuentes diplomáticas resaltaron, ante la consulta de este portal, que llama la atención que aquel haya expresado en la última cumbre “un apoyo conceptual” a la pretensión oriental, pero que no se haya expedido sobre el desafío en concreto.
El consultor explicó que “Argentina podría acudir al Grupo Mercado Común (GMC), pero en verdad no hay una instancia en el propio bloque que pueda resolver un problema de este tipo. El Mercosur es muy precario en lo institucional”. El GMC es el organismo ejecutivo del bloque, encargado de administrarlo antes y después de cada cumbre semestral.
¿Qué podría hacer entonces el gobierno de Alberto Fernández? Según el especialista, “primero, acudir a un sistema de consultas y arbitraje entre los miembros. Si no tuviera éxito, podría pedir la formación de un tribunal ad hoc porque no existe uno permanente”. “De cualquier manera, entiendo que esto no termina con una salida judicial sino con una política. Lo que no se sabe es para qué lado sería”, cerró Elizondo.
Hoy, cuando este tema –que debería ser de intereses nacionales y negocios– ingresa también en la grieta argento-argentina, cabe recordar que las aspiraciones uruguayas en torno a una flexibilización de este tipo –siempre con China en la mira– recorrieron, por lo menos, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, sin que ninguno de ellos las haya satisfecho. Así es: también el presidente de Juntos por el Cambio le dio largas al asunto, lo mismo que a la presión brasileña y uruguaya en pos de un recorte drástico del Arancel Externo Común. Parece que los liberales son más numerosos que la gente que come vidrio.
En la Cancillería de Felipe Solá recuerdan que el país ya accedió a una cierta flexibilización, esto es la posibilidad de que los miembros avancen a diferentes velocidades en acuerdos que, con todo, no dejen de contar con el paraguas del Mercosur y autorizaciones caso por caso. Uruguay quiere más: un aval general para beneficiarse con el mercado común, pero a la vez de una apertura multilateral, a la chilena. Algo así como la chancha y los veinte. Eso se dio en el caso de las tratativas en curso con Corea del Sur, que la Argentina mira con recelo debido a la potencia industrial de ese país.
Si la salida al entuerto será política o no será, en el Gobierno argentino recuerdan que la agenda con Montevideo es intensa y que requiere de consensos permanentes en temas van desde lo cotidiano en lo comercial hasta el manejo de los ríos, pasando por cuestiones ambientales y muchas más. Poner trabas “no es una posibilidad que esté hoy sobre la mesa”, dicen allí. No hoy.